Esta semana la Fundación Contemporánea ha publicado su Observatorio de la Cultura 2018, que analiza la calidad e innovación de la programación cultural de las ciudades españolas y comunidades autónomas, y elabora un ranking de las 86 instituciones y acontecimientos culturales mejor valorados del país. Ignoro qué preguntas se formulan a los encuestados -expertos y creadores del sector, todos ellos anónimos, según el informe-, pero los resultados arrojan más sombras que luces para Balears y Palma. En resumen: estamos a la cola en actividad cultural, que es lo que analiza este estudio.
Dicho esto, señalar que este tipo de datos, basados en encuestas acerca de qué tipo de evento o institución te gustó/impresionó más o menos, son insuficientes porque no explican con datos reales los motivos del fracaso cultural. Y porque pueden llegar a ser muy parciales: no se publican los nombres de los especialistas encuestados, ¿son cada año los mismos?, ¿hay más nombres de una comunidad que de otra?, ¿pesa más algún sector que otro?, ¿son empresarios?, ¿son trabajadores independientes?, ¿hay representantes de asociaciones sindicales?, ¿qué porcentaje hay de hombres y mujeres?, etc.
En cualquier caso, los datos son negativos. Y son un indicador más de que las políticas culturales implantadas no están funcionando pese a que los presupuestos de cultura hayan aumentado en esta legislatura y que el montante invertido en promoción exterior (IEB) sea importante.
Volviendo a la encuesta, preocupa que sigamos midiendo la cultura con herramientas antiguas provenientes del discurso hegemónico del sector. Agradecería otro tipo de trabajos más exhaustivos sobre el estado de la cultura, con preguntas que fueran a la raíz más profunda de los problemas: el grado de precariedad de los trabajadores de la cultura en España y las comunidades, la evolución de los sueldos y las plantillas de museos y otras instituciones, la independencia de dichos equipamientos a través de la tipología de patronato, la valoración de las buenas prácticas (¿se aplican?), el nivel real de participación ciudadana y democracia en estos espacios, su transparencia (¿publican los movimientos económicos y presupuestarios -los contratos- en la web?), los criterios para conceder subvenciones y si hay mecanismos de control, qué comunidades tienen más programas culturales relacionados con la educación, en qué plazos abona la Administración los pagos a artistas y agentes, etc.
Comprendo que la Fundación Contemporánea no haga este tipo de análisis, pero no que el Ministerio de Cultura o los famosos Consells de les Arts o la Cultura no los hagan. En la mayoría de casos, estos entes no salen de la dinámica de estudios impuesta por las industrias culturales (empleo, empresas, exportaciones y consumo). La cultura es mucho más que todo eso. Los expertos lo saben. Pero hay mucho en juego. El relato hegemónico de la situación cultural en España y las herramientas utilizadas para perpetuar el discurso deberían revisarse con urgencia si alguien desea cambiar algo. ¿Hay alguien en la sala?
