Urge preguntar públicamente a nuestros próceres qué ha pasado y pasa en el Museu de Mallorca, antes de que este Govern cierre la enésima crisis que se cierne sobre la conselleria de Cultura. Un conflicto que, además de revelar daños patrimoniales, ha puesto de manifiesto el distanciamiento entre Fanny Tur, apartada del “incendio” para evitar una eventual caída de la tercera consellera del ramo en la legislatura, y su directora general Joana Català, en el papel de cortafuegos de este desaguisado.

Hay que apresurarse a que el debate público se produzca, porque, si se deja pasar, difícilmente podrán despejarse las sombras de una gestión que ha puesto en peligro los fondos del museo, cuya custodia y conservación es deber de la comunidad autónoma desde el traspaso de competencias por parte del Estado. Dos responsabilidades, estas últimas, que está previsto ceder por 445.000 euros a un Consell que empieza a dudar y temer por el estado de la institución museística al desconocer unos delicados acontecimientos que permanecían ocultos. Si sobre la mesa se pone el tema del museo, habrá que valorar además la situación de los otros equipamientos culturales que gestiona el Govern, como el Arxiu del Regne y las bibliotecas, todos con deficiencias, bajo mínimos.

Vale insistir en la idea: el Museu de Mallorca debe estar en la agenda pública de prioridades y éste es el momento ideal para exigirlo. Hay que aprovechar la alarma que ha saltado a tenor de los gravísimos hechos conocidos en las últimas semanas. E intentar poner orden de una manera seria en el presunto abandono y supuesta mala praxis recientemente conocidos y depurar responsabilidades si es necesario. Porque las cadenas de errores es lo que tienen: acaban mal y con consecuencias. Y deberían servir para aprender y enmendar.

Para empezar, un conjunto de seis piezas medievales se ha visto seriamente dañado por un caso de presunta ¿dejación? por parte del dimitido responsable del centro, Bartomeu Salvà, o a esa dirección apunta Joana Català con su relato. El Museu llevaba desde marzo sin empresa de mantenimiento. Y las técnicas de Ca la Gran Cristiana hicieron llegar un informe con las dolencias de las obras a la conselleria cuando vieron que el exdirector no actuaba con celeridad respecto a los problemas de climatización, motivadores del deterioro. En un alarde de transparencia, Català, y no Fanny Tur, ha paseado con la prensa por el museo para mostrar la afectación, pero no ha pasado fotocopiado o por correo electrónico dicho informe.

No está de más recordarle a la conselleria que personalizar en el director y verter sobre él las responsabilidades sería simplificar el asunto en extremo. Porque, ¿quién o quiénes colocaron al historiador en el museo? No llegó por ciencia infusa: la plaza es de libre designación (a dedo). ¿Quién publicó una convocatoria para proveer de director al centro mediante una sencilla comisión de servicios a la que podría acogerse cualquier licenciado funcionario de la Administración sin recogerse requisito o mérito alguno en museología? Cabe señalar que, hasta hace un tiempo, la plaza estaba reservada al cuerpo facultativo superior de conservadores, con formación específica. Profesionales que han opositado y que prácticamente ocupan todos los puestos de dirección de los museos arqueológicos y de bellas artes del Estado. Sin ir más lejos, el de referencia, el Arqueológico Nacional, que custodia los ‘bous’ de Costitx, lo capitanea el conservador Andrés Carretero Pérez.

La directora general de Cultura, Joana Català, señala una de las obras afectadas por los cambios en el nivel de humedad del Museu. GUILLEM BOSCH

Optar por esta última vía para acceder a la dirección de un museo patrimonial (no un museo de fuegos artificiales o de promoción turística) no es una cuestión baladí: es una manera de blindar lo máximo posible la labor técnica de conservación del patrimonio y mantener alejados los oportunismos y caprichos políticos. ¿Que no es perfecta? Seguramente, pero sí es mejor que el atajo que ha tomado Fanny Tur, en cuyo horizonte de logros estaba la pacificación entre el museo y los arqueólogos por la entrega de material de las excavaciones. Pese a la bondad de sus intenciones políticas, se equivocó. Descuidó la parte más importante, la columna vertebral: la de conservación y gestión de fondos museísticos. Por otra parte, ¿qué garantía tenemos ahora mismo de que el protocolo de entrega de restos que había preparado Salvà junto a los arqueólogos cumple con la legislación vigente y las recomendaciones de instituciones museísticas similares?

La mala noticia es que la maquinaria política ha sido más rápida esta vez, sin dar lugar a debate alguno. El Govern acaba de publicar en el BOIB otra convocatoria de comisión de servicios idéntica a la mencionada para ocupar el puesto de dirección, dejándolo abierto a cualquier licenciado sin profundos conocimientos de museología, conservación o gestión de fondos patrimoniales. Ni rastro de un concurso de méritos o la vía de los facultativos para dar con el mejor especialista. La conselleria tropieza con la misma piedra. Muestra incapacidad para corregir los errores. Y (casi) nadie dice nada.

Podríamos quedarnos aquí, zanjar la cuestión. Pero no. A todo esto, hay que sumar la denuncia que la exdirectora Joana Maria Palou presentó en Fiscalía tras su jubilación con el fin de que se investigara por qué los restos de más de 300 excavaciones arqueológicas no fueron entregados en el Museu de Mallorca en el tiempo y la forma que recoge la legislación vigente. Un material patrimonial que está fuera del control de la Administración y que parte de él está en manos privadas. Un incumplimiento de la normativa, conocido y permitido por las instituciones, que se añade a lo acaecido con las obras dañadas por la climatización.

Ante este estado de cosas, las preguntas que surgen son varias: ¿Cuántos incidentes más de este tipo se han producido? ¿Conocemos toda la verdad? ¿Qué protocolos han fallado? ¿Hay procedimientos de inspección? ¿Qué políticas de conservación aplica la comunidad al Museu de Mallorca? ¿Qué recursos destina y ha estado destinando a lo largo de los años para garantizar el cuidado de los fondos? ¿Son o han sido los suficientes para cumplir con la ley? ¿Qué perfil de director demanda el centro? ¿Cuál es el procedimiento más adecuado para elegirlo? ¿Está todo esto recogido o previsto en el famoso Pla de Cultura, el que iba a sentar las bases de las buenas políticas culturales y guiar las actuaciones de la conselleria? ¿Qué coste tendrá la restauración de las obras afectadas? ¿Se encargará alguna investigación o auditoría?

Para dar pasos hacia adelante, hay que contestar todas estas cuestiones con total transparencia y debatirlas abiertamente en el espacio público, sin dejar nada bajo la alfombra. Si no, la “broma” nos va a salir muy cara. Y el “incendio” no va a dejar más que cenizas.