Vivimos en una sociedad donde las cuestiones técnicas están por encima de las humanas, humanitarias, sociales, éticas y culturales. Los patrones que la Administración aplica a los ciudadanos de a pie, a los más indefensos ante las instituciones, a quienes no cuentan con logística y medios, son, en multitud de ocasiones, los mismos que demandan a empresas, asociaciones, organizaciones, firmas o negocios. Se olvidan de que el principio de igualdad es tal sólo si se aplica entre iguales. ¿Qué trabajador por cuenta ajena casi-mileurista cuenta en su día a día con administrador y/o gestor propio para sus asuntos y trámites?
La situación descrita es de tal guisa que las exigencias o requisitos administrativos son, no en pocas ocasiones, la manera legal de impedir, prohibir, frenar, dificultar y entorpecer iniciativas que provienen al cien por cien de la ciudadanía. Sin mediadores, sin intermediarios, sin negociadores. La Administración margina con sus procesos a la comunidad que encima sufraga con sus impuestos todos estos obstáculos técnicos que acaban favoreciendo a un grupo social determinado. Es una manera legal de aplicar el principio de desigualdad. De normalizarlo.
Esta reflexión viene a tenor de lo acaecido esta semana con el concierto de La abeja Maya, su hijo bastardo y la denostada imagen de su amigo Willi, evento denegado por el Ayuntamiento de Llucmajor al propio grupo, una actuación enraizada en el pueblo que llevaba haciéndose durante 25 años por las fiestas de Santa Cándida. Las razones esgrimidas por el consistorio: informes técnicos en contra e incumplimiento de plazos. Normativa y más normativa.
A los ciudadanos que desconocen la Administración, sus tiempos, sus exigencias, su burocracia (son tomos que se estudian para las oposiciones), se les está robando la calle. Conscientemente o no. Y preocupa que este hecho pueda convertirse en un mecanismo de control sobre los contenidos o las expresiones culturales o artísticas más libres que están fuera de los mercados y circuitos comerciales o establecidos. Aquellas que son espontáneas y más cercanas (aquí está el punto) a la comunidad. Es indecente exigirle lo mismo (o casi lo mismo) a un promotor que se dedica a montar espectáculos que a un músico o a un vecino que desea montar una pequeña actuación para su comunidad.
A estos mismos ciudadanos, también se les está privando de recursos públicos con los que podrían contar. Esto sucede bastante en el área de Cultura, donde las políticas están siendo exclusivamente sectoriales y en ocasiones sectarias. Por desconocimiento, falta de tiempo, de puntos o imposibilidad material de cumplir con los requisitos se renuncia a subvenciones o incluso a concursos o a convocatorias que están pensadas, como un traje a medida, para empresas, asociaciones, organizaciones, firmas o negocios. ¿Para cuándo una Administración a medida de los ciudadanos?
