Más allá de personalismos, filias y fobias, errores y aciertos o encuentros y desencuentros en el caso del enfrentamiento bilateral entre el colectivo de arqueólogos de la isla y la exdirectora del Museu de Mallorca, Joana Maria Palou, una hostilidad cuyos rescoldos aún queman, a todos nos ha quedado claro que en todos estos años las instituciones (Consell y Govern) han incurrido en una relajación/dejación de sus obligaciones: la de velar por la custodia, control, protección y conservación de los bienes públicos culturales. Dejar este enorme marrón al siguiente equipo que entraba en las consellerias correspondientes es lo que ha estado sucediendo sin que nadie moviera un dedo: preservar legalmente los bienes culturales es trabajoso, engorroso, requiere inversión, no proporciona fotos o cortes de cinta y no encaja con las agendas políticas o con las agendas particulares de los cargos políticos (a no ser que algún/a pícaro/a tenga intereses privados en el sector que puedan redundar en su bolsillo personal). Recordemos que la política está alcanzando preocupantes grados de privatización y cada vez casa peor con temas de la res pública, como el patrimonio. Lo que digo lo podemos escuchar cada semana en cualquier sesión parlamentaria: los políticos se siguen reclamando del bien común, pero detrás de sus apelaciones se traslucen intereses particulares.
En el caso que nos ocupa, el del patrimonio cultural, el arqueológico está marcando la actualidad de estos últimos días (por la denuncia interpuesta por Palou y por la discusión en torno al nuevo decreto que despliega la Ley de Museos), pero éste no es el único caso como más adelante expondré, con el fin de radiografiar la magnitud del problema y no quedarnos con el morbo de los enfrentamientos.
Al problema de control, entrega y sistematización de los restos arqueológicos se ha llegado tarde, con el paciente en estado grave y preocupa que no haya un plan general que programe, analice y coordine cada uno de los factores técnicos implicados en la cadena: equipamientos, personal, presupuesto, permisos de excavación, subvenciones, programas de investigación, etc.
Se hizo constar en la última reunión mantenida entre arqueólogos, Govern y Consell (acaecida el pasado viernes) el compromiso para desencallar el problema de todo aquel material que no ha sido depositado por diversos motivos. Hay un protocolo -de urgencia diría yo y cortoplacista- sobre la mesa: se van a adecuar las instalaciones para tener más espacio y el Consell aportará de manera temporal dos personas para recepcionar el alud de materiales que se espera. Unas entregas que podrían empezar en septiembre.
Pero la pregunta es, ¿y después qué? ¿Qué mecanismos de control aplicamos para no reproducir el cáncer en el enfermo? ¿Con qué medios se alimentarán los museos y depósitos? ¿Cómo garantizaremos quiénes van a ser los profesionales adecuados para velar por esos bienes que son de todos y no sólo de unos pocos?
Cierto es que la consellera de Cultura Fanny Tur ha luchado con buen resultado para que se cubrieran dos plazas más en Ca la Gran Cristiana, que su equipo trabaja en el protocolo para la entrega urgente del material y que ha tendido puentes con el sector de arqueólogos. Finalmente se va a poder consensuar con éstos el último decreto sobre la Ley de Museos y el articulado sobre registro e inventario de los bienes.
Son pasos y gestos positivos que pueden quedarse en parches si no se hace un plan integral muy meticuloso sobre la cuestión. De hecho, confieso que preferiría que todos los esfuerzos de lo que queda de legislatura se centrasen en esto. Si se consiguiera, sería el mejor de los cimientos de un Pla de Cultura que, si se descuida Tur, va a quedar como un cuerpo diluido en ácido.
Antes he dicho erróneamente que la cuestión de velar por los bienes culturales afectaba exclusivamente al Consell y al Govern. ¿Acaso no recordamos el caso del robo de 92 piezas del fondo del Casal Balaguer, custodiado en un almacén del Ayuntamiento de Palma en Son Reus, donde pudieron romperse con facilidad hierros y cadenas? ¿O el caso de la escultura de Richard Long en el Parc de Ses Estacions? ¿Acaso sabemos cómo están los fondos de arte contemporáneo de los distintos consistorios de la isla? ¿Cumplen la ley? ¿Tienen medios para cumplirla? La cuestión tiene mimbres de docudrama.
