Las religiosas de Sant Jeroni celebraron ayer la aprobación por parte de la Comissió de Patrimoni Històric de su petición de trasladar los bienes inmuebles del Monasterio de Santa Isabel al convento de Sant Bartomeu, en Inca, donde actualmente conviven las monjas. Plantearon esta petición porque el monasterio de Palma está en obras.

Se trata de un traslado temporal que "responde a una situación de emergencia con el objetivo de preservar la perduración de los bienes inmuebles, teniendo en cuenta que su integridad física se ve comprometida en el monasterio de Palma, que no tiene las condiciones de conservación mínimas ni las de seguridad", explicó Kika Coll, directora insular de Patrimoni.

Una de las condiciones a este depósito provisional en el monasterio de Inca es que deberá ser lo más breve posible. Los bienes inmuebles deberán volver a su ubicación original tan pronto como se restablezcan las condiciones del edificio. En este sentido, Patrimoni estableció un plazo de tres meses para que se aprueben las medidas mínimas necesarias para evitar el deterioro al que se ven sometidos en estos momentos el convento. Para ello, el Ajuntament de Palma aseguró que un grupo de técnicos se encargará de evaluar el estado del edificio, así como las obras que se llevan a cabo en el monasterio.

Tanto las obras de restauración del monasterio de Santa Isabel, como el traslado de los bienes inmuebles del mismo, tienen como plazo máximo seis meses, según ha establecido la Comissió de Patrimoni Històric.

Mientras tanto, las monjas de clausura continúan con su disputa por la propiedad del convento de Palma. Ante la sentencia dictada hace dos semanas en el juzgado de primera instancia número 22 de Palma, en la que confirma que la propiedad pertenece al Obispado de Mallorca, las religiosas declararon su desacuerdo con la decisión del juez y anunciaron que presentarán un recurso ante la Audiencia.

Por tanto, será un tribunal de la Audiencia el que finalmente determine cuál de las dos partes tiene razón en el conflicto. El Obispado de Palma, para reclamar la propiedad de esta instalación religiosa, se basa en un acuerdo firmado en el año 1865, entre el Estado y la Santa Sede y que se refería a la propiedad de los inmuebles.