El alcalde, Jaime Martínez Llabrés, defiende en el Parlament de les Illes Balears una Ley de Capitalidad “actualizada, justa y acorde con la ciudad dinámica, diversa y compleja en la que se ha convertido Palma”

El alcalde, Jaime Martínez Llabrés, defendió este martes en el Parlament de les Illes Balears la toma en consideración de la propuesta de modificación de la Ley de Capitalidad de Palma, que fue aprobada con los votos favorables de los grupos parlamentarios del PP, PSOE y VOX.

Durante su intervención ante la Cámara autonómica, el alcalde destacó que Palma “necesita y merece un régimen de capitalidad actualizado, suficiente y justo, acorde con la ciudad dinámica, diversa y compleja en la que se convirtió”, subrayando que el objetivo de la reforma es “garantizar que Palma pueda asumir con todas las garantías su condición de capital de les Illes Balears”.

Cabe recordar que la propuesta de modificación de la Ley de Capitalidad fue aprobada por el pleno del Ajuntament de Palma el pasado mes de noviembre, haciendo uso de la potestad conferida al Consistorio por el Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Ley Municipal y de Régimen Local de les Illes Balears y la propia Ley de Capitalidad.

Al respecto, Martínez Llabrés defendió ante el Parlament que, veinte años después de la aprobación de la Ley 23/2006, resulta “necesario e inaplazable” actualizar una norma que debe dar respuesta a la realidad actual de Palma y a los retos derivados de su condición de capital.

En este sentido, recordó que Palma concentra la mitad de la población de la isla de Mallorca y más del 40% de la de las Illes Balears, siendo además la séptima ciudad de España, con casi medio millón de habitantes —lo que supone un crecimiento demográfico del 30% en las últimas dos décadas—.

A ello se suma también la responsabilidad que la condición de capital comporta, que exige “liderazgo, planificación, estabilidad institucional y una visión estratégica orientada al bienestar presente y futuro”, teniendo también en cuenta que la ciudad es el gran centro generador de la actividad económica, tecnológica, científica y cultural de Mallorca y de la comunidad, además de un destino turístico nacional e internacional de referencia y que concentra las sedes de las principales instituciones, infraestructuras como el aeropuerto y puerto, por las que cada año entran y salen millones de pasajeros y que resultan esenciales para la conectividad y la actividad económica de la comunidad, además de distintas universidades, hospitales de referencia, empresas, un amplio y variado tejido comercial, e importantes equipamientos culturales.

Toda esta realidad, insistió el alcalde, ejerce una notable presión sobre las infraestructuras y los servicios públicos del municipio y aunque la norma fue sometida a algunas modificaciones durante su vigencia, “la condición de capital de Palma experimentó transformaciones muy profundas y de gran calado que requieren nuevas herramientas, medios y recursos adicionales”.

“Por todo ello, a 20 años de la aprobación de la Ley, resulta del todo necesario actualizar esta norma, para que la condición de capitalidad de Palma continúe desplegando todos sus efectos beneficiosos no solo en el término municipal de Palma, sino en la isla de Mallorca y en el conjunto de las Illes Balears”, incidió el alcalde.

En su intervención agradeció “la implicación y compromisos absolutos” del Govern de les Illes Balears y del Consell de Mallorca, que en los últimos dos ejercicios atendieron íntegramente las aportaciones contempladas en la Ley de Capitalidad, “mientras que entre 2016 y 2023 se dejaron de destinar a Palma más de 150 millones de euros”, lo que obligó a la ciudad a realizar un esfuerzo presupuestario de más del 122% para seguir haciendo frente a los costes de dicha capitalidad.

La modificación propuesta contempla, por una parte, que la aportación mínima anual que Palma recibiría a través de la ley se eleve a 60 millones de euros, el doble de la actual.

Para ello, se plantea que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma y del Consell de Mallorca incluyan cada año un mínimo de 50 y 10 millones de euros, respectivamente, a favor de la corporación municipal.

Asimismo, la propuesta establece que esta aportación deberá actualizarse anualmente conforme al índice oficial de variación de precios y a la evolución de la población del municipio.

“Además de una cuestión de financiación justa para Palma, la capitalidad también implica organización y funcionamiento”, expresó el alcalde, solicitando en este sentido la incorporación de una serie de modificaciones en el cuerpo normativo de la ley, “al tratarse de un instrumento imprescindible para garantizar el bienestar presente y futuro de los palmesanos y, por extensión, del conjunto de la sociedad balear”.

En esta línea, enfatizó que la norma requiere de una serie de competencias “para ser más eficaces y eficientes ante los nuevos problemas y desafíos que enfrenta la ciudad en materia de civismo, innovación, organización administrativa, delegación de competencias o, sobre todo, acceso a la vivienda”.

En este sentido, Martínez Llabrés señaló que “tal como sucedió en 2012, cuando la Ley de Capitalidad fue modificada para que el Ajuntament de Palma recuperara sus competencias de aprobación de su planeamiento y ordenación urbanística, ahora, ante la actual crisis habitacional que sufre Palma, la Ley de Capitalidad es el instrumento idóneo para que, desde el municipio, también se impulse un régimen jurídico que, de manera complementaria al autonómico, permita generar con celeridad, y a la vez con certeza y seguridad jurídica, vivienda asequible para las personas que viven y trabajan en nuestra ciudad, garantizando las reservas de vivienda protegida que marca la ley”.

Para finalizar, hizo hincapié en que “la modificación de la Ley de Capitalidad resulta necesaria e inaplazable. No podremos hablar de unas Illes Balears fuertes, sin una Palma fuerte, dinámica, que lidera, moderna, inclusiva, sostenible y preparada para asumir los retos de futuro con solvencia”.