La pandemia de covid-19 tiene una faz rigurosamente igualitaria: el coronavirus amenaza por igual a cualquier perfil de ser humano. Es más, sin que se conozcan las causas, puede acabar con la vida de un individuo joven y sin factores de riesgo, y pasar casi sin síntomas por una persona mayor con patologías crónicas. La cara de la desigualdad ha llegado con las vacunas. Y el dato es inequívoco: los países ricos inmunizan a una persona cada segundo, mientras la mayoría de los países pobres no ha administrado ni una sola dosis

Un año después de la declaración de la pandemia, la alianza People’s Vaccine advierte de que los países en desarrollo se están enfrentando a una escasez crítica de oxígeno y suministros médicos y la mayoría no ha podido administrar ni una sola dosis de la vacuna para el covid-19. Mientras tanto, los países ricos han vacunado a sus ciudadanos a una media de una persona por segundo durante el último mes.

Te puede interesar: Análisis: La nueva cepa brasileña desata las alarmas sobre la estrategia mundial de vacunación

Muchas de estas naciones ricas —incluidas EE. UU., Reino Unido y la UE— están bloqueando una propuesta de más de 100 países en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La propuesta anularía temporalmente los monopolios de las empresas farmacéuticas y permitiría responder a la necesidad urgente de aumentar la producción de vacunas anticovid seguras y eficaces para garantizar que los países más pobres tengan acceso a las dosis que necesitan.

Más de 100 países, encabezados por Sudáfrica e India, han presentado ante la OMC una exención de los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que, en un caso similar al del VIH/sida, permitiría suspender las patentes del covid-19 de forma temporal y eliminaría las barreras legales para que más países y fabricantes puedan producir las vacunas, proteger a su gente y avanzar unidos hacia la recuperación económica.

El debate tiene muchas aristas. ¿Qué alega la industria farmacéutica? Thomas Cueni, de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, ha defendido que suspender las patentes pondrá “en peligro la futura innovación médica, haciéndonos más vulnerables a otras enfermedades». «Las empresas y los inversores que financian la investigación asumen tanto riesgo porque tienen la posibilidad de obtener una recompensa”, afirma el director de la patronal de fabricantes, que opina que la situación no es equiparable a la de la pandemia del VIH, cuando surgió la declaración de Doha. Para ello, Cueni recuerda que varias grandes empresas farmacéuticas están ofreciendo sus productos sin ánimo de lucro, han destinado millones de dosis a países con ingresos bajos y están desarrollando modos de colaboración para transferir tecnología, lo que permitirá ampliar la producción.

Federico Montalvo, presidente Comité Bioético de España, argumenta que liberalizar la patente puede dar lugar a «mercados alternativos» que permitieran a las personas con más recursos acceder a las vacunas sin Gobiernos por el medio. Para evitarlo, proponen una vía intermedia y negociada entre países y farmacéuticas, con exenciones en determinados casos y mejoras en los precios.

Aunque algunos países pobres recibirán dosis de las vacunas a través de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cantidades disponibles solo cubren al tres por ciento de las personas de estos países hasta mediados de año, y hasta una quinta parte a finales de 2021, en el mejor de los casos.

Casi un millón de personas ha firmado en todo el mundo un llamamiento de la alianza People’s Vaccine —grupo de organizaciones que incluye a Oxfam, Frontline AIDS, ONUSIDA, Global Justice Now, Yunus Center y Salud por Derecho— para que las naciones ricas dejen de proteger a los grandes monopolios farmacéuticos y a sus beneficios por encima de la vida de las personas.