El plan parecía perfecto a comienzos de los años 70: los terrenos de Sa Canova de Artà se convertirían en el complejo Isla Ravenna, el mayor proyecto turístico que se impulsaba en España. Una ciudad portuaria para 30.000 habitantes que generaría 5.000 puestos de trabajo, con chalés y apartamentos, dos poblados, hoteles de cuatro y cinco estrellas, dos puertos deportivos con 500 amarres, un campo de golf de 18 hoyos, su centro comercial y una clínica. Todas las piezas encajaban y la ejecución del proyecto parecía cuestión de poco tiempo, ya que se contaba con el beneplácito de la autoridades del gobierno franquista de Madrid, con accionistas influyentes en las altas esferas, con inversión multimillonaria extranjera comprometida y con la propiedad de las tierras idóneas para iniciar un camino que se presagiaba exitoso.
“Danke schön Spanien (Gracias España)”. Este agradecimiento en grandes caracteres tipográficos llenó páginas enteras de publicidad en diarios y revistas de tirada nacional como La Vanguardia o Cambio 16 en noviembre de 1973. Era un anuncio del grupo Ravenna para promocionar su llegada a Mallorca: “Sí, gracias, porque un grupo de empresas como Friedrich Brante-Ravenna, que cuenta con unos 4.000 millones de pesetas de capital social, con un grupo de 36 industrias textiles, navieras, cosméticas y químicas (…) está agradecida a España y lo quiere decir”. De esta forma, el consorcio hispano-alemán se presentó en sociedad ensalzando su solidez financiera y sus perspectivas de negocio en la isla: “Porque toda nuestra experiencia e importancia no nos servía de nada en Alemania para cierto proyecto que Ravenna llevaba madurando. Faltaba la materia principal: la tierra. Queríamos una tierra llena de sol, con agua transparente, naturaleza salvaje y sobre todo, tranquilidad, paz y sosiego. Exactamente lo que Mallorca nos ofreció”.
Se cumplen ahora 50 años del desembarco del grupo Ravenna en Mallorca, una promotora creada aprovechando la ola de desarrollismo turístico impulsada por el Ministerio de Información y Turismo de Manuel Fraga Iribarne. En 1963 el Gobierno aprobó la ley sobre centros y zonas de interés turístico, una norma que subordinó la planificación urbanística anterior a los intereses del pujante sector turístico. A comienzos de los 70 Ravenna ya se benefició de la primera zona mallorquina de expansión aprobada desde Madrid, construyendo dos hoteles en Calas de Mallorca (Manacor), el Ravenna I y II, que posteriormente pasarían a manos de la Rumasa de Ruiz Mateos, rebautizados como Los Mastines, Los Chihuahuas y Los Canarios.
Mientras la hotelera daba sus primeros pasos, comenzó a gestarse el proyecto de la ciudad balneario Isla Ravenna en la bahía de Alcúdia, en la finca de Sa Canova. Antes del visto bueno ministerial -que se concedió el 27 de septiembre de 1974-, los gerentes de la empresa ya estaban desfilando por despachos de alcaldes y otros altos cargos insulares para vender las bonanzas de su tierra prometida. Así, en la prensa de la época encontramos cuando entregaron un cheque de 250.000 pesetas al alcalde de Manacor, Pedro Galmés, para arreglar la carretera de Son Forteza en enero de 1972, o cuando, junto a la Caja de Ahorros de las Baleares, compraron una ambulancia Simca 1200 y la donaron al ayuntamiento de Artà. El presidente del grupo Ravenna, Friedrich Brante, fue nombrado hijo adoptivo de Artà el 20 de diciembre de 1972, y meses después se hizo el acto oficial de entrega de la distinción en el ayuntamiento, una cita a la que asistieron el presidente de la Diputación, José Alcover, el procurador en Cortes Gabriel Tous y alcaldes de la zona.
Una de las empresas filiales del grupo Ravenna, Bahía Nova, dio nombre al proyecto que en 1974 fue aprobado como centro de interés turístico nacional por el Consejo de Ministros. Esta catalogación suponía gozar de beneficios fiscales: reducción de un 50% del impuesto de transmisiones, libertad de amortización del impuesto de sociedades durante cinco años y reducción de un 90 por ciento de los derechos arancelarios por la importación de maquinaria de construcción.
La ficha descriptiva del complejo da buena cuenta de las previsiones iniciales de la promotora, autorizada a ocupar una superficie de más de 360 hectáreas en la que se levantarían construcciones para 27.243 habitantes. Se alardeaba de una inversión con cifras astronómicas que rondaban los 15.000 millones de pesetas (90 millones de euros) y, ciertamente, tras obtener la adaptación del plan urbanístico municipal, comenzaron rápidamente las primeras labores de construcción, delimitando las calles, preparando la dotación de servicios de agua y electricidad, excavando un gigantesco depósito de agua y poniendo los primeros ladrillos de algunas casas piloto.
Los impulsores del proyecto
La revista Perlas y Cuevas de Manacor publicó en diciembre de 1972 una extensa entrevista-reportaje con Friedrich Brante que constituye un documento fundamental para entender la composición del grupo Ravenna y cómo se tejieron las alianzas del poder político y económico en esos últimos años del franquismo. El consejo de administración de Ravenna-Mallorca -promotora de los hoteles de Manacor, de Isla Ravenna y de otra urbanización llamada Artà-Nova, que se proyectaba en la zona de Es Caló- estaba presidido por Brante, y tras él aparecen nombres nada secundarios: Gregorio Marañón Moya, Jesús García Orcoyen y Juan del Rosal, además de Fernando Truyols Morell -marqués de Bellpuig y miembro de la familia propietaria de los terrenos-. El director general era José María Quiroga de Abarca y después aparecen dos hombres de confianza de la presidencia: el secretario Jurgen Koch y el consejero delegado Willfried Kieneert.
De Incosol a Isla Ravenna: El secreto para vivir 125 años de Perón, Pinochet y Franco
Gregorio Marañón (1914-2002), hijo del médico y humanista de mismo nombre, era doctor en Derecho, y tras la Guerra Civil encadenó cargos culturales y diplomáticos dada su cercanía con el dictador Francisco Franco. Presidió Coca-Cola España y otras multinacionales desde 1953, y a partir de 1962 dirigió el Instituto de Cultura Hispánica que estaba presidido por Alfonso de Borbón -casado desde 1972 con la nieta de Franco-. Curiosamente, en la misma época en que se diseñaba Isla Ravenna, se gestionaba paralelamente la construcción de la clínica Incosol de Marbella, cuyo consejo de Administración estaba presidido por Cristobal Martínez Bordiu, yerno del ‘Caudillo’. Este centro se inauguró en 1973 como clínica de medicina preventiva y, en su discurso de presentación, el ‘yernísimo’ lanzó el reto de lograr “vencer al envejecimiento y la muerte”.
El Incosol del marqués de Villaverde tenía otros lazos que lo emparentaban con Isla Ravenna, y es que uno de los atractivos del balneario mallorquín era el Centro de Revitalización Marañón, un hotel de cinco estrellas con piscinas, saunas y zona deportiva que incluía un hospital médico con servicios de cardiología y cirugía plástica. Entre la oferta de tratamientos antienvejecimiento, ambos centros se promocionaban en esas mismas fechas con el reclamo del fichaje mediático de la geriatra rumana Ana Aslan, que era internacionalmente famosa por desarrollar su tratamiento centrado en el producto Gerovital, y por presumir de “tener el secreto para vivir 125 años”. Entre sus pacientes se hablaba de mandatarios como De Gaulle, Perón, Pinochet, Brezhnev, Mao Zedong y, como no, otra vez aparece el nombre de Franco entre esos buscadores de la inmortalidad.
Jesús García Orcoyen (1903-1988) fue otro de los dirigentes de Ravenna-Mallorca. Catedrático ginecólogo, fue presidente de la Sociedad Española de Ginecología entre 1948 y 1952, y en 1957 fue nombrado Director General de Sanidad de España, cargo que ostentaría hasta 1973, por lo que compatibilizó el diseño del mapa hospitalario nacional con la planificación del balneario. Era el ginecólogo de Carmen Franco Polo, hija del jefe del Estado, y asistió los partos de sus siete hijos en el palacio de El Pardo.
Otro impulsor del proyecto fue Juan del Rosal Fernández, catedrático de Derecho penal y abogado que falleció en 1973, por lo tanto, en plena fase de tramitación de la urbanización. Completó su formación en universidades alemanas, donde profundizó en las categorías penales del nazismo, hecho que le sirvió para ser considerado uno de los arquitectos del nuevo derecho penal franquista. Su sobrino y discípulo fue el controvertido abogado Manuel Cobo del Rosal.
El director general de la sociedad, José María Quiroga de Abarca, fue quien firmó en 1973 en nombre de Bahía Nova S.A. la petición al Gobierno para que declarara el proyecto centro de interés turístico nacional. Quiroga (1920-1999), doctor en Derecho y Ciencias Políticas, había sido asesor de la Delegación Nacional de Provincias de Falange y gobernador civil de Orense en 1958, y de Tenerife en 1963.
Crisis económica, huida de inversores y declaración de quiebra de la sociedad
Pero el gigante Ravenna comenzó a doblar sus pies de barro en la segunda mitad de los 70. Fueran los vaivenes de poder, la crisis económica o los nubarrones que comenzaron a aparecer sobre la solidez financiera del grupo empresarial, lo cierto es que los inversionistas desaparecieron del mapa y la ciudad prometida comenzó a tambalearse hasta caer con la declaración de quiebra de la sociedad promotora en un juzgado de Palma en 1978.
El “Mr Marshall” de esta historia, el empresario Friedrich Brante, se fugó de Alemania en 1976 cuando un tribunal berlinés ordenó su arresto bajo sospecha de fraude por uso fraudulendo de subsidios estatales. El semanario Der Spiegel le dedicó un amplio reportaje tras su huida en el que lo definió como “el acróbata de la depreciación”, explicando que unos 7.000 socios accionistas perdieron la inversión cuando el dinero viajó en busca de ventajas fiscales en hoteles de España, en la construcción naval o en la industria del cine -su productora lanzó filmes con estrellas veteranas, como David Niven o Telly Savalas-. La versión de la fuga que se escuchó por Artà tras el crack empresarial fue que Brante voló con sus sueños de grandeza a descansar a tierras brasileñas.
Los restos del naufragio
Al amainar la tormenta del grupo Ravenna, a comienzos de los años 80, empiezan los movimientos societarios para hacerse con los nada despreciables restos del naufragio: las tierras y los derechos de urbanización. Tras la fuga de Friedrich Brante aparecen nuevos personajes a los mandos del proyecto al haber adquirido las acciones de la empresa quebrada: Marcel Jean de Coster y el industrial polaco Jean Zarzecki, unos socios cuyas desavenencias en la gestión fueron notorias hasta el punto de protagonizar un amplio reportaje de investigación publicado en marzo de 1989 en el Diario 16 de Pedro J. Ramírez (en Mallorca, El Dia 16).
La investigación periodística desveló que la disputa empresarial desembocó en episodios de amenazas y violencia, hasta el punto que Zarzecki llegó a denunciar haber sufrido agresiones físicas y responsabilizó de las lesiones a su socio. La reacción de De Coster fue, según el informe, pedir ayuda a la mafia marsellesa y a la de Niza, que a cambio solicitaron entrar a formar parte del negocio.
Zarzecki habría entrado en España 300 millones de pesetas evadidos de un negocio de exportación ilegal en Polonia con el concepto de “turismo”, aunque en realidad su fin era pagar las deudas de Ravenna. Esa cantidad quedó bloqueda y el empresario intentó la legalización de esta suma sirviéndose del gabinete del expresidente español, Adolfo Suárez, y del abogado mallorquín Josep Melià. Otro de los implicados en el consorcio, el constructor catalán Diego Casanova, manifestó a la prensa que temía por su integridad física y que “Sa Canova acabará quemada porque los dos teóricos socios no se entienden”.
El historiador Gabriel Mayol Arbona, en su tesis doctoral de la UIB ‘Las movilizaciones ciudadanas en Mallorca durante la etapa autonómica’ (2017) aborda ese momento cuando, en 1985, resurgen los rumores de reactivación del proyecto original y, un año después, PSOE y PSM presentan en el parlamento una proposición de ley para declarar Sa Canova zona ANEI. “En 1987 una empresa suiza (o de Liechenstein, según la fuente) compró Bahía Nova S.A. con la intención de retomar la urbanización. El Ayuntamiento de Artà, gobernado por la Unió d’Independents (junto con el PSOE) quería impedir la urbanización, pero temía tener que pagar indemnizaciones altísimas”, explica Mayol en su trabajo.
Iniciada una nueva legislatura en el Parlament balear, PSOE y PSM reiteraron su propuesta para proteger Sa Canova el 7 de octubre de 1987, pero finalmente AP, UM y CDS optaron por aprobar una proposición alternativa para intentar salvar el proyecto permitiendo reducir la urbanización a un complejo de 3.000 plazas turísticas que estaría ubicado en la zona central de la finca. Pero Mayol recoge en su tesis que el golpe final contra este nuevo intento de convertir Sa Canova en una villa residencial lo tuvo que dar el ayuntamiento de Artà, que, primero denegó el proyecto de Bahía Nova S.A., y después aprobó una nueva normativa urbanística que dejaba sin efecto los planes parciales de los años 70. La promotora debía volver a solicitar todos los permisos en una finca que había pasado a tener un alto grado de protección, por lo que inició la via judicial para reclamar grandes indemnizaciones en concepto de los derechos perdidos.
Miquel Pastor vivió en primera fila, como alcalde de Artà entre 1987 y 1999, esta etapa de reactivación de la urbanización de Sa Canova y todo el proceso hasta que finalmente se logró proteger esta zona natural. Actualmente es el director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, y recuerda que “al llegar a la alcaldía sabíamos que sería un tema potente, pero seguimos el camino que había iniciado el anterior equipo, con el alcalde Jaume Morey -también de los Independents-, de oponernos a la urbanización y revisar las normas subsidiarias, porque Sa Canova estaba considerada zona urbana y si desclasificábamos sin más, nos arriesgábamos a tener que pagar mucho dinero”.
Fue ese equipo de gobierno Independents-PSOE que retiró la distinción de hijo ilustre a Brante: “Ravenna había deslumbrado al pueblo la década anterior -explica Pastor-, algunos empresarios locales habían invertido comprando solares y Ferrovial había empezado a construir con un descontrol absoluto, parecía que todo sobraba y, al final, todo quedó en nada, con muchos vecinos que habían perdido su dinero y con la constructora a punto de quebrar también”.
En ese escenario “aparece un tal Rogers que se presenta como gerente de la nueva empresa propietaria -Las Vegas City Española S.A-. y nos presenta un proyecto que él consideraba mucho más adaptado al entorno, aunque para nosotros seguía siendo desproporcionado, con hoteles de diez o doce pisos, dos puertos… Teníamos claro que no queríamos esa urbanización, pero jurídicamente no teníamos ninguna posibilidad, solo podíamos ganar tiempo. Ahora puedo reconocer que siempre jugamos al póquer de farol, no teníamos nada. El tiempo iba a nuestro favor, pero hasta el último día tuvimos el temor a que cualquier día entraran las máquinas y continuaran las obras, cosa que podrían haber hecho perfectamente”.
Pastor tuvo lidiar en los años que el pueblo se dividía entre los proteccionistas y los desarrollistas de Sa Canova. Entre estos últimos destaca el papel del abogado y político artanenc Josep Melià: “Era un personaje ambivalente, intelectualmente muy potente y políticamente muy honrado, pero en este tema miraba por su negocio y fue un enemigo nuestro”. Apareció incluso una publicación, la revista Artà, como altavoz de la promotora, con el expolítico local de UCD y CDS Serafí Guiscafré al frente, “pensaban que arrasarían en las elecciones de 1979 y no fue así, y él fue el ideólogo y alma intelectual de la nueva revista”.
El movimiento proteccionista y el GOB
El movimiento proteccionista contó con la mano amiga del GOB de Miquel Àngel March, y a partir de 1987 se formó un grupo de activistas en el pueblo, entre los que estaban Jaume Guiscafré, Toni Muñoz, Salvador Medina, Joan Lliteres, Joan Vicenç Lillo, Elvira Piris, Aina Massanet y Monserrat Santandreu, tal y como recuerda el historiador Mayol en su tesis. Se realizó un programa de conciencia medioambiental, artículos divulgativos en la revista Bellpuig, conferencias y algún concierto reivindicativo, como el que se celebró el 30 de abril de 1988 en la plaça Nova con Joan Bibiloni y Nando González.
La primera luz que vio aquel consistorio fue una sentencia sobre Cala en Turqueta, en Menorca, que reconocía la potestad municipal para regular urbanísticamente. “Al fin teníamos algo a lo que agarrarnos -añade Pastor-, y puesto que los promotores eran extranjeros, decidimos lo que llamábamos internacionalizar el tema, y aquí entra en juego Miquel Barceló, que era amigo mio y que nos ayudó impulsando la campaña “Sa Canova contra Ravenna” en la que colaboraron Antoni Tàpies, José Manuel Broto, Javier Mariscal, Miguel Angel Campano, José María Sicilia y el propio Barceló”. Las obras originales se vendieron finalmente a la UIB y los fondos sirvieron para contratar un abogado experto en derecho internacional: “La implicación del rector Nadal Batle fue fundamental, y todos salimos ganando, nosotros recaudamos fondos y la universidad tiene ahora unas piezas de enorme valor”.
Cuando en 1991 el Govern Cañellas aprobó la LEN (Llei d’Espais Naturals) que seguía permitiendo la construcción en la parte central de la finca, el ayuntamiento siguió batallando hasta lograr la protección total. Pastor no olvida como le sorprendió que desde el Govern también recibieran alguna colaboración inesperada: “En el equipo de Cañellas no era lo mismo el sector de Jerónimo Saiz que el de Jaume Cladera. Saiz quería un macropuerto en la Colonia como acceso principal a Menorca, en cambio Cladera se decía que tenía negocios en Can Picafort y por eso no le interesaba que progresara lo de Sa Canova, y la verdad es que su director general de Ordenación del Turismo, Antonio Tarragó, nos asesoró y ayudó mucho”.
Llegado este momento, Pastor reconoce que llegaron a un punto en el que “cualquier proyecto urbanizador anterior perdía su efecto y si querían arriesgarse a seguir tenían que volver a presentarlo pagando unas plusvalías muy altas, de unos 120 millones de pesetas, creo que eran”. Pero el alcalde quería tener todos los cabos atados y se fueron a asesorarse a un ayuntamiento acostumbrado a batallar con grandes proyectos urbanísticos, el de Calvià del socialista Francesc Obrador: “Él nos presentó un abogado que nos dio una solución: solo hay una forma, nos dijo, el día que vengan a registrar el nuevo proyecto tenéis que tener un notario escondido en el ayuntamiento para dar fe de esa presentación, a partir de ahí, si no paga la plusvalía pierde el derecho y si paga lo arriesga todo”, rememora ahora Pastor sonriendo por aquella escena. Y así se hizo, se convocó al señor Rogers, gerente de la promotora, y también al notario de Artà, que estaba escondido. “La verdad es que cuando apareció el notario al señor Rogers le cambió la cara, y recuerdo que solo tuvo fuerzas para decir que quería llamar a su abogado, Josep Melià, que simplemente le dijo: te han pillado”.
"Ahora te agradezco que esto se conservara"
Otro momento crucial fue cuando llegó la votación definitiva en el pleno municipal de Artà, “un concejal de nuestro partido pasaba por una situación económica delicada -relata Pastor- porque tenía que abrir un negocio pero todo se retrasaba, y le visitaron con una maletín y le dijeron que no tenía que votar en contra, bastaba con no acudir al pleno. Pero la jugada les salió mal porque el concejal respondió amenazándoles con el puño”.
Ahora, treinta años después, el exalcalde artanenc confiesa que la figura del gerente Rogers le inspiró cierta compasión después de haber pasado todo aquello, porque al hombre que ejercía de intermediario con la propiedad le habían arruinado el negocio de su vida. Rogers siguió viviendo en la Colonia y Pastor se queda con el recuerdo de un día que se lo topó paseando por la playa de Sa Canova y éste le dijo: “Ahora te agradezco que esto se conservara”.
Aunque la Isla Ravenna de los años 70 no llegara a ver nunca la luz, el proyecto y sus reclamaciones han tenido una larga vida en los tribunales. De hecho, no fue hasta comienzos de este siglo cuando el Tribunal Supremo zanjó la cuestión de la indemnización a pagar por el Govern en la cifra de 1,2 millones, muy lejos de los 75 millones de euros que comenzó pretendiendo la promotora 25 años atrás.
Finalmente, la entidad que cobró por el gasto de urbanización realizado en Sa Canova fue el banco polaco Bank Polska Kasa Opieki, que fue la entidad que se había quedado con las acciones de Bahía Nova S.A. En 2005, el Supremo dejó claro, con la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, como ponente de la sentencia, que la empresa recurrente -en aquel momento Aurasol S.A., heredera de Las Vegas City- no tenía derecho “al valor de futuro desde el punto de vista de su explotación turística o urbanística del terreno”, y tan solo se le reconocía el cobro “por los gastos de urbanización reclamados”, que según la prueba pericial se valoraron en 1.219.151,77 euros, más los intereses por el tiempo transcurrido.
Tampoco han faltado en estas décadas los intentos por reflotar las maltrechas empresas herederas, filiales o subsidiarias de la vieja Ravenna-Mallorca con solicitudes de licencias para pequeñas construcciones en la finca. De esta forma, han llegado peticiones para construir alguna casa o incluso para instalar un chiringuito en la playa, pero todas ellas han sido tumbadas por el ayuntamiento. El actual alcalde de Artà, Manolo Galán, asegura que no ha recibido ningún nuevo proyecto para Sa Canova y tan solo recuerda hace años una licencia solicitada para alzar un chalé en la parcela central, y que tampoco se llegó a construir. La vida real de Sa Canova en 2021 son varios edificios que se construyeron como casa piloto para vender parcelas y que ahora están abandonados o sirven de almacén agrícola, una casa para el vigilante de la finca y mucho terreno abierto como espacio de caza.
