Ll egar o salir de Sóller en dirección a cualquier otro lugar de Mallorca siempre ha sido una pequeña odisea de la movilidad insular. La Serra de Tramuntana impone y condiciona a la hora de desplazarse. Primero el coll y ahora el túnel, pero siempre se topa con algo que conduce a la excepción, preferentemente dificultosa. El túnel debía ser la gran solución, podemos considerarlo como tal, aunque haya tenido la etiqueta de ser el más caro de España y peligroso de Europa para vehículos y conductores, pero no tanto si trasladamos el balance a la repercusión para el ciudadano en general porque el paso subterráneo, desde su misma concepción administrativa, ha acabado siendo un estacionamiento oscuro de conflictos, corruptelas, pleitos y condenas, algo así como un capricho caro del gobernante de turno en el que ha enterrado sus propios intereses políticos a costa del sufrido contribuyente. El túnel de Sóller ha acabado consolidándose la roca dura de las irregularidades permanentes.
No tenía por qué ser así. De hecho, el Consell de Mallorca, en su sesión plenaria del 2 de agosto de 2017, pretendió darle fluidez de normalidad, acordando el rescate de una concesión que durante dos décadas ha supuesto un agravio comparativo entre quienes viven en la Vall y quienes residen en el resto de Mallorca, para cruzar el túnel. Casi cuatro años después, se demuestra que ha ocurrido todo lo contrario. El Consell ha pagado 17,4 millones de euros por una concesión que estaba a punto de vencer y los tribunales han tumbado por dos veces un acuerdo que, según los fundamentos jurídicos reiterados por el Tribunal Superior de Justicia en febrero pasado, adolece de falta de justificación del interés general necesario para dar solidez al rescate. Pese a ello, la institución insular presidida por Catalina Cladera sigue defendiendo la gratuidad adelantada del túnel y quienes la llevaron a término, el hoy diputado, Miquel Ensenyat y la actual consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, echan balones fuera y ahora se esfuerzan en desentenderse del asunto. Desde otra posición política, el alcalde de Sóller, Carlos Simarro, dice que el rescate fue «una maniobra caprichosa de propaganda que tarde o temprano acabaremos pagando todos».
La interpretación del primer edil solleric del PP se aproxima a la de quienes mantienen que el rescate precipitado no fue más que una maniobra de contrapeso del Consell progresista de la anterior legislatura para acallar las críticas que parte de su militancia y sectores ecologistas le propinaban por la construcción de la autovía Llucmajor-Campos.
Con dos sentencias en contra, el Consell se plantea ahora presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y reafirma su voluntad de seguir trabajando para mantener la gratuidad. En cualquier caso, como tantas otras en este asunto, será una postura testimonial porque una posible resolución correctora llegará siempre con la concesión vencida. La disputa sigue siendo económica. Es decir, si el rescate se ajusta a los 17,3 millones fijados por la Administración o si es aplicable otra cantidad. La concesionaria perjudicada reclamó en su día 30 millones de euros.
Los tribunales han hecho al Consell uno de los peores reproches que se pueden realizar a una institución pública, el de no atender al interés general. La resolución deja claro que una decisión de este orden, el rescate de una concesión pública, siempre debe ser excepcional y atenerse a criterios de proporcionalidad. Sin embargo, según lo dicho por las sentencias, primero del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma y después de la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, el expediente de recuperación de la explotación del túnel no se plasmó en un interés público real, tampoco se contrastó la decisión de modo suficiente y, por si esto fuera poco, se dejaron al margen las bases legales y la eficacia de la medida adoptada quedó huérfana de las explicaciones elementales que eran aconsejables para el caso. Se viene a dar soporte a la posición de la concesionaria, Globalvia, cuando ésta indica que «el acuerdo del rescate fue desproporcionado» y que «no estuvo motivado».
Pero estos últimos episodios del rescate, precipitado y basto, no son más que un capítulo más de una sucesión de altercados estrenados con la concesión temeraria otorgada por Gabriel Cañellas a Antonio Cuart en 1987. Aunque con los hechos prescritos, el presidente Cañellas fue declarado culpable por cohecho en 1997 y obligado a dimitir, tras su reelección, para que sus maniobras no fueran un obstáculo en el camino hacia la Moncloa para José Maria Aznar. El «caso túnel» fue el primer gran escándalo de corrupción política en Balears. Como es sabido, le han sucedido muchos más.
El túnel fue inaugurado con cinco años de retraso sobre los plazos previstos en principio. Era el 19 de febrero de 1997. Cortar la cinta de entrada en servicio correspondió al presidente Jaume Matas y al entonces alcalde socialista de Sóller, Ramon Socias. Era el primer tramo de vía de peaje en Mallorca, una comodidad para el conductor que tenía el coste de 535 pesetas de la época para los no residentes en la Vall y 135 para sus habitantes. Las tarifas siempre han estado en el ojo del huracán y ahora, cuando el Consell las ha quitado definitivamente y no tiene la menor intención de recuperarlas, lo siguen estando por incompatibilidad legal de los vagos términos aplicados al rescate de la concesión.
Las obras para la perforación empezaron en la primavera de 1990. En el verano, un desprendimiento de rocas, a 500 metros de la boca norte, supuso el primer gran inconveniente de la gran infraestructura, lo cual también era expresión del derrumbe económico y administrativo que se iba acumulando en el entorno de todo el proyecto.
Se confirmó la concesión temeraria a la empresa de Antonio Quart. Su mala situación financiera acabó en quiebra y se plasmó directamente en la paralización de los tres kilómetros de perforación. Fomento de Construcciones y Contratas (FFC), de las hermanas Koplowitz, acabó haciéndose con la obra, que pudo reanudarse en 1994
No había que perforar solo roca, había que oxigenar, sacar al descubierto sin colaboración de los afectados, una trama por la cual el Govern había tenido tanto interés en otorgar la concesión a Antonio Cuart, a pesar de no representar la mejor oferta. Es el llamado caso Brokerval. La Audiencia Provincial sentenció en 1997 que Gabriel Cañellas era culpable de un delito de cohecho, aunque prescrito, por haber recibido un soborno de 50 millones por parte de Cuart. En la operación condenada y prescrita también aparece quien en su día fue la diputada más joven del Parlament, Maria Salom. Era la administradora de la sociedad que se benefició del soborno.
