Poco después de las 6 de la tarde del lunes 23 de febrero de 1981 guardias civiles al mando del teniente coronel del Cuerpo Antonio Tejero Molina irrumpieron en el Congreso de los Diputados abortando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno en sustitución de Adolfo Suárez, que había dimitido presionado desde diversos sectores, incluida la Zarzuela, según algunos historiadores, dando inicio al golpe deEstado denominado desde entonces del 23-F. En Palma, las alarmantes noticias se propagaron rápidamente creando una situación que recordaba la que caracterizó la acaecida 45 años antes, cuando, el 19 de julio de 1936, los militares acantonados en Mallorca secundaron la sublevación de parte del Ejército que desembocó en la Guerra Civil de 1936-1939 y la posterior y sangrienta dictadura del general Franco, que detentó el poder hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975. Las informaciones que llegaban aquel lunes del que ahora se cumplen cuatro décadas, además de generar alarma inusitada, metieron el miedo en el cuerpo a muchos: el recuerdo de 1936 seguía muy presente; no todo fue desasosiego, temor e indignación, puesto que en determinados sectores se esperó con ansia el triunfo del golpe urdido por militares y una trama civil de la que nunca se ha conocido con certeza hasta dónde abarcó y cuáles fueron sus verdaderas terminales. Fuera como fuese los que se identificaban con la nueva asonada, la última de la trágica historia de España, repleta de pronunciamientos militares en los dos últimos siglos de su atormentada historia, empezaron a celebrar lo que daban por hecho iba a modificar drásticamente el rumbo de las Españas, el que empezaba a establecer el actual Estado de las autonomías previsto por la Constitución aprobada apenas 3 años antes.
En la sede del PSOE, cerrada a cal y canto, se puso a buen recaudo la documentación
TENSIÓN EN CAPITANÍA GENERAL
Al tiempo que en Capitanía General, en el palacio de la Almudaina, altos mandos militares se reunían con el capitan general de Baleares teniente general Manuel de la Torre Pascual, militar de línea dura, tenido por proclive a los sediciosos, en la Cámara de Comercio, cuya sede, en la calle Estudio General, dista pocos metros de la Almudaina, algunos civiles se lanzaban a celebrar por todo lo alto el triunfo del golpe, que ya daban por descontado. Entre ellos se contaban algunos militantes de Alianza Popular (actual PP) destacando Antonio Cirerol, que había sido teniente de alcalde de Hacienda y frustrado candidato a alcalde en el postrer ayuntamiento franquista de Palma. Cirerol brindó con cava, según han relatado varias personas presentes, acompañado de un concejal de la desaparecida UCD, el partido fundado por Suárez, cuyo nombre, aunque conocido, no ha podido ser corroborado. Cirerol fue después el primer presidente del Parlament y, tras su toma de posesión, en la Lonja, declaró ser franquista. Así estaban las cosas: temor en muchos y euforia en otros pocos. En el Consulado del Mar, donde funcionaba el Consell General Interinsular (CGI), el organismo previo a la constitución del Gobierno de la Comunidad Autónoma, lo que ocurriría después de las elecciones de abril de 1983, Jerónimo Albertí (UCD), presidente del CGI, se había quedado solo: los integrantes de su Ejecutivo preautonómico habían puesto pies en polvorosa; únicamente su secretaria, el jefe de Protocolo y un funcionario lo acompañaban. Albertí llamó al general de la Torre para saber cómo estaba la situación recibiendo por parte de éste una respuesta poco tranquilizadora; le dijo: «estamos tranquilos, pero tensos». Albertí le informó que los sindicatos no habían organizado ninguna manifestación. La respuesta del general fue todavía más preocupante: «más les vale», sentenció. Estaba claro que en Capitanía General se estaba a la espera de acontecimientos, que no se dudaría en sacar las tropas a la calle a poco que la situación se decantara a favor del golpe.
Otro tanto sucedía en el Ayuntamiento de Palma. El alcalde socialista Ramón Aguiló permaneció en su despacho tan aislado como Albertí. En 2014 manifestó que se habían dicho muchas falsedades sobre lo sucedido aquella tarde y noche, pero el entonces alcalde de Ciutat afirmó que no compareció nadie del PSOE a acompañarle, únicamente cuatro concejales de su máxima confianza acudieron a Cort: José Alfonso, ya fallecido; Juan Nadal, Miguel Pascual, Andrés Moreno, que permaneció poco rato, y el senador Antonio Ramis, muerto en un accidente de automóvil. También se quedaron el jefe de Protocolo, Pau Mateu, y el jefe de la Policía Municipal Juan Feliu. Aguiló infructuosamente trató de hablar con el general Manuel de la Torre, que no quiso responder a la llamada del alcalde. Nada tenía que decirle a un dirigente de las izquierdas institucionales la máxima autoridad militar de las Islas. Más datos a favor de su presunta implicación en la trama golpista.
La preocupación de Jerónimo Albertí y Ramón Aguiló era evidente. Al alcalde se le pasó por la cabeza que podía estar en riesgo su vida: el fantasma de 1936 se volvía a hacer presente. Albertí manifestó que no se preocupaba por lo que podía sucederle, que su mente estaba en otra cosa, en que tenía que viajar a Madrid para incorporarse a su escaño en el Senado, aunque sabía que su lugar estaba en Palma, en su despacho oficial pasara lo que pasara. Al alcalde la preocupación le indujo a pedirle a su mujer que se ocultara en lugar seguro acompañada de su hijo.
DESBANDADA
Las sedes de los partidos políticos eran un desierto yermo. La estampida fue general. En la del PSOE, cerrada a cal y canto, incluso se puso a buen recaudo la documentación. Se temía que de triunfar el golpe cayera en poder de los militares facilitando represalias contras los militantes. Otra vez 1936 se hacía presente. No sucedió otro tanto en la del PSM. Los nacionalistas, hoy soberanistas, socialistas y ecologistas, desaparecieron dejando abiertas las puertas de la sede. En la calle del Temple, a las primeras noticias del golpe, no quedó nadie. De haberlo querido, los sediciosos se habrían llevado sin dificultad toda la documentación existente. El alcalde Aguiló sí pudo hablar con su colega de Valencia, Ricardo Pérez Casado, quien le informó que los cañones de los carros de combate del capitán general de la región, teniente general Milans del Bosch, condenado a 30 años por rebelión militar, apuntaban directamente a su despacho. Ramón Aguiló no pudo evitar un estremecimiento al escuchar lo que su compañero de partido y colega le decía, porque en Valencia las tropas en la calle era un hecho consumado.
Pasada la medianoche la aparición del rey Juan Carlos en TVE dejando nítido su respaldo al orden constitucional empezó a disipar la zozobra. La tranquilidad progresivamente se adueñó de la ciudad, desierta desde media tarde. El gobernador Civil Jacinto Ballesté, que no se había movido de su despacho, respiró tranquilo. Los entusiastas del golpe acuartelados en la Cámara de Comercio iniciaron un discreto y triste mutis por el foro.
