El 12 de octubre de 1936, apenas designado el general Franco jefe de los golpistas en Burgos, en Mallorca, donde había triunfado la sublevación, el día ameneció lluvioso. Antes de que despuntara el alba el chubasco se hizo intenso incrementando, debido a la humedad que se colaba por todas partes, las penalidades de los centenares de republicanos que se hacinaban en el castillo de Bellver reconvertido en prisión por los militares facciosos. En la torre del homenaje ondeaba la bandera rojigualda, adoptada por los rebeldes en sustitución de la tricolor (roja, amarilla y morada) republicana. La sustitución de la bandera creó algunos problemas de intendencia: no existían las suficientes por lo que la que ondeaba en Bellver era la republicana, a la que se había teñido de rojo la franja morada. Hasta el 12 de octubre no hubo ninguna incidencia, pero la intensa lluvia de ese día provocó el desastre: el rojo se fue diluyendo, hasta desteñirse por completo convirtiendo nuevamente la bandera en la oficial de la República. Cuando los presos accedieron al patio y la vieron quedaron estupefactos: algunos empezaron a hacer burla, otros creyeron que la situación se había revertido, que el golpe fracasaba, que se restablecía el orden constitucional. Los militares encargados de la custodia de los presos reaccionaron de inmediato procediendo con enorme dureza: se eligió, al azar, a tres detenidos, que, sometidos a un consejo de guerra sumarísimo, fueron fusilados en el foso del castillo 48 horas después. Eran tres jóvenes, de poco más de 20 años, los que como escarmiento fueron pasados por las armas. Uno de ellos, Juan Vidal Sureda, estaba encarcelado junto a su padre, quien durante un tiempo creyó que su hijo había sido liberado, a pesar de haber oído las detonaciones de los fusiles.
El suceso lo cuentan dos historiadores, Tomeu Canyelles, doctor en Historia Contemporánea por la UIB, y Aina Ferrero, licenciada en Historia del Arte, que han realizado una concienzuda investigación sobre el asunto plasmada en un libro, Bellver, presó franquista, en el que se relata lo que acaeció en el castillo desde el momento en que triunfó la sublevación. Bellver, junto a Can Mir (el actual cine Augusta), devino en el principal centro de confinamiento de los republicanos, que los militares y las organizaciones que respaldaron el golpe de Estado detenían por considerarlos desafectos al nuevo orden o ser reos de auxilio a la rebelión, la fórmula utilizada en los consejos de guerra para condenar a muerte. Tomeu Canyelles y Aina Ferrero han estudiado la documentacón existente en diversos archivos, entre otros los de Salamanca, donde se guarda casi todo lo concerniente a la Guerra Civil, Alcalá de Henares y otros madrileños. Los datos que han conseguido reunir superaron ampliamente el primer objetivo, que era el de realizar una exposición, que se ha llevado a cabo, y de ahí la edición del libro.
Sin registros oficiales
A falta de registros oficiales, que en su mayor parte han desaparecido, los historiadores precisan que para saber con una cierta exactitud el número de detenidos que pasaron por Bellver durante los años que fue prisión franquista, esencialmente los tres de la Guerra Civil, hay que guiarse por los testimonios suministrados por los republicanos que consiguieron sobrevivir, lo que no era fácil dadas las durísimas condiciones en las que se encontraban. Los cálculos más fiables apuntan a que ascendieron a 750 los presos estando documentados fehacientemente 34 fusilados o desaparecidos. Sobre el asunto, los historiadores señalan que en Bellver las sacas de presos (asesinados sin consejo de guerra previo) no fueron tan sistemáticas como las habidas en Can Mir. Aproximadamente se llevaron a cabo 13 sacas, que invariablemente acababan con la desaparición de todos los que tenían la desgracia de integrarlas, arrojados, después de ser fusilados, en fosas comunes.
Oficialmente, Bellver dejó de ser prisión en octubre de 1937, 15 meses después de la sublevación, pero hay constancia de que hubo presos hasta el año 39, cuando finalizó la Guerra Civil. Se sabe, explican Canyelles y Ferrero, por los grafitis existentes en las paredes de las celdas, en los que aparecen las fechas en los que fueron hechos. También se pueden ver los nombres de sus autores y el lugar de procedencia. En otros se destacaba su condición de preso político. Un grafiti realizado por un mismo preso se ve en muchas de las columnas del castillo. Su autor desapareció, posiblemente fusilado, como tantos otros, sin haberle incoado un consejo de guerra sumarísimo.
En Bellver estuvieron detenidos destacados republicanos, entre ellos el alcalde de Palma, Emilio Darder, al que se le agravó notablemente su delicado estado de salud, y el diputado socialista en las Cortes Constituyentes de la República, Alejandro Jaume, que durante su estancia en Bellver pudo escribir subrepticiamente Mi calvario, en el que dio cuenta de las condiciones de vida de los presos. Tano Jaume había obtenido del Gobierno de la República que el castillo de Bellver y el bosque circundante fueran cedidos por el Estado a la ciudad de Palma. Otro de los republicanos preso en Bellver fue Andrés Crespí, que logró sobrevivir.
Los dos historiadores autores de la investigación señalan que la incertidumbre sobre el futuro de los prisioneros, la carencia de noticias y los rumores sobre el transcurso de la guerra incrementaban la ansiedad de los presos y sus familiares. La detención de una persona y su traslado a Bellver era vivida por las familias como una enorme tragedia. La dureza de la reclusión queda reflejada en la orden de las autoridades respecto a cómo se debía tratar a los presos: "los detenidos o presos gubernativos dependientes de mi autoridad -precisa la circular del Gobierno Civil- solo podrán permanecer en el patio de ese castillo una hora por la mañana y otra por la tarde, debiendo en las restantes estar recluidos en sus celdas o alojamientos. No se permitirá la entrada en el castillo de ninguna clase de viandas, alimentos o bebidas con destino a los detenidos o presos". La comida que se les suministraba provocó que muchos de ellos enfermaran.
La orden gubernativa (en Gobierno Civil marcaban la pauta Antonio García Ruiz y Torres Bestard, dos de los militares sublevados que reclamaban la aplicación de la máxima dureza, especialmente el segundo, amigo del general Franco) también establecía taxativamente que "no se permitirá a los detenidos o presos ninguna comunicación con el exterior a tal extremo se extremará la vigilancia para evitar y en su caso reprimir el que los detenidos o presos se pongan en contacto con cualquier persona, incluso con aquellas que por tener cargos subalternos tienen libre acceso al castillo". Finalmente, en lo concerniente a la correspondencia y visitas quedó taxativamente establecido que "se atenderá a las instrucciones que sobre dichos extremos tienen recibida, dándose exacto cumplimiento, reiterándose que únicamente podrán recibir visitas quienes lleven autorización escrita de mi autoridad". La orden la firmaba el entonces gobernador civil, Antonio García Ruiz, con fecha de 5 de agosto de 1936.
Es a partir de esa orden cuando se impone una estricta vigilancia a los prisioneros, una restricción absoluta de contactos con el exterior y control exahustivo de los productos introducidos en el recinto. La carta que Mateo Torres Bestard, el militar y falangista que dirigió la represión en Mallorca, remitió al general Franco el 10 de septiembre de 1936 es ilustrativa de lo que aconteció después. Se queja del trato "benévolo y cobarde" que se dispensaba a los republicanos por parte de los comandantes militares que habían tomado el control una vez que el general Godet se trasladó a Barcelona para dirigir la sublevación en Cataluña. Torres Bestard explicaba a Franco en la misiva: "disponemos de dos fuertes, el castillo de Bellver y un barco, y la cárcel completamente atiborrados de detenidos. Ni un juicio sumarísimo..." Añadía el golpista: "exceso de prudencia y benevolencia. Paqueos. Entre la enormidad de detenidos figura gente significadísima que hasta después de detenidos han hecho manifestaciones contrarias al Movimiento, y nada, aquí costando un dineral su manutención". También aseguraba a Franco que "menos mal que Falange hace alguna limpia (asesinatos) que no pueden aplicar a los figurones por estar estos detenidos".
A partir de ese momento las condiciones de vida de los presos en Bellver se endurecieron lo indecible. Al clímax se llegó el 12 de octubre con el episodio de la bandera y la respuesta de las autoridades militares.
La alimentación
La correspondencia remitida por Andrés Crespí, posibilita saber que en Bellver existía una cantina en la que trabajaban algunos cocineros. La mayoría de las fuentes consultadas coinciden en destacar la mala calidad, escasez y poca variedad de la comida que se suministraba a los presos. En general, el menú consistía en judías "muy mal hechas, prácticamente sin cocinar", y, según contó Alejandro Jaume, sopas con tierra, caldo grasiento de la caldera del rancho y patatas hervidas que fueron sustituidas por boniatos. Era una dieta que acabó por originar serios problemas de salud a no pocos detenidos, entre ellos al propio Tano Juame, que desarrolló una úlcera de estómago grave, que, antes de que se celebrase el consejo de guerra sumarísimo que le condenó a muerte, obligó a hospitalizarlo.
El médico, que periódicamente acudía a Bellver, era la única persona que podía hacer que un prisionero tuviera acceso a otros alimentos: fruta, leche o el Nescao, mediante la imprescindible prescripción médica. "Lo de la leche que dices no puede ser así como entrar nada de comer salvo prescripción facultativa. Hasta ahora aguanto bastante bien y no quiero pedir nada", escribe Andrés Crespí en una de sus cartas, mientras Tano Jaume manifiesta que "para atenuar los dolores de mi hiperclorhidia solicité autorización para un pote de leche. No me la han concedido".
Todas las visicitudes padecidas por los presos de Bellver quedan reflejadas en el libro de Tomeu Canyelles y Aina Ferrero.
