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Diario de Mallorca

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La difícil reforma de la Constitución del 78

Desde Mallorca se contempla un horizonte muy complicado para adentrarse con garantías de éxito en la modificación de la Carta Magna, 40 años después de su promulgación

La difícil reforma de la Constitución del 78

Un exministro del que fue partido de Adolfo Suárez en los inicios de la Transición, Unión de Centro Democrático (UCD), Santiago Rodríguez Miranda, diputado en las Cortes Constituyentes, que tuvo una participación activa en los trabajos de la ponencia constitucional del Congreso de los Diputados; el catedrático de Derecho Constitucional de la UIB, Joan Oliver Araujo; la doctora en Derecho Constitucional, María Ballester, con una tesis doctoral relacionada con el poder judicial, y el sociólogo Antonio Tarabini, se adentran en el análisis de si es necesario proceder a la reforma de la Constitución de 1978 y las posibilidades de que con la actual convulsión política que vive España sea factible hacerlo. Los cuatro coinciden, con matices, en las enormes dificultades que se plantean si se acomete, dado que es casi una quimera obtener un consenso semejante al logrado después de la muerte del general Franco, cuando de lo que se trataba era de salir de la dictadura.

El único catedrático de Derecho Constitucional de la UIB afirma, al responder a la pregunta de si es conveniente iniciar una reforma de la Constitución, que "es preciso repensar y posiblemente reformar, aun siendo altamente restrictivos con las posiciones maximalistas, algunas cuestiones relativas a las funciones del jefe del Estado (el Rey), a la sucesión en la Corona (la prevalencia del varón), composición y funciones del Senado, investidura del presidente del Gobierno, sistema electoral y composición y competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como el modelo territorial y los límites de la partitocracia entre otras cuestiones relevantes".

Conflictividad

Parecida tesis sostiene la doctora María Ballester, al decir que "se requiere una reforma", porque, aduce, "no es normal que en sus cuatro décadas de vigencia únicamente haya sido retocada en dos ocasiones, afectando solo a cuestiones puntuales". La doctora explica que el título VIII, el que se refiere a la estructura territorial, hace necesario clarificar la distribución de competencias, dado que el actual resulta "muy complejo", además de una fuente inagotable de "conflictividad". "Introducir la racionalización constituye un tema capital", afirma tajante. Ballester, no obstante, aclara que la Constitución española de 1978 "es muy buena"; se hizo correctamente; añade, entrando en su especialidad, que la actual elección de los vocales del CGPJ también constituye "una buena idea", pero, acto seguido, matiza que "se ha utilizado muy mal"; para cerciorarse, "basta ver el lamentable último episodio", en referencia a la frustrada elección de los vocales del Consejo y la renuncia del magistrado Marchena a presidirlo. "La Constitución -sintetiza- estableció las garantías suficientes, pero los partidos han hecho muy mal uso de la misma".

Para Santiago Rodríguez Miranda no es "obligado" proceder a la reforma constitucional, aunque reconoce que puede ser "conveniente"abrirse a la adaptación de la misma, sobre todo "aclarando" lo relativo al título VIII, hacer una reinterpretación, de acuerdo con la experiencia acumulada en las cuatro décadas transcurridas, dado que "muchas cosas no quedaron adecuadamente definidas, fueron dejadas a una posterior interpretación".

¿Federalizar o recentralizar"A la pregunta responde quien fuera ministro de Trabajo en el Gobierno del presidente Leopoldo Calvo Sotelo, formado tras el fracasado golpe de Estado del 23-F de 1981, que duró hasta la victoria electoral del PSOE en octubre de 1982, resaltando que "el nuestro ya es de hecho un Estado federal". Comenta que Cataluña y País Vasco han asumido más competencias que los estados, los landers, que forman la República Federal alemana, porque, asegura, "menos la emisión de moneda y los tanques (carros de combate) las tienen todas". Rodríguez Miranda estima que el Senado debería reconvertirse en una "verdadera cámara territorial" y que se hará imprescindible adaptar el texto constitucional al desarrollo legislativo de la Unión Europea.

El sociólogo Antonio Tarabini, que acaba de ser galardonado por el Ayuntamiento de Palma con la medalla de oro de la ciudad, se adentra en una digresión histórica en torno a las circunstancias en las que se pergeñó y aprobó la Constitución. Niega con vehemencia que pueda defenderse que marca la continuidad con la dictadura franquista; al contrario, deja claro que la Constitución supone una nítida ruptura con esa etapa, precisando que se llegó todo lo lejos que se podía llegar. "Los que hablan despectivamente del régimen del 78 no tienen en cuenta las circunstancias en los que se desarrollo la Transición", añadiendo que la Carta Magna constituye una ruptura con la dictadura.

¿Debería reformarse? Tarabini es cauto, muy cauto, seguramente, concede, pero es evidente que las circunstancias no son las adecuadas para poner en marcha la reforma. La situación política hace inviable pretenderlo, aduce. Además, y en ello coincide con Oliver Araujo y Rodríguez Miranda, no considera urgente acometerla. El catedrático de Derecho Constitucional recuerda que Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, dejó dicho que "en tiempo de tribulación, no hacer mudanza", y es evidente, para Oliver Araujo, que así estamos hoy en España, añadiendo que "sería totalmente imposible obtener los consensos logrados en 1978, con un apoyo ciudadano a la Constitución de más del 88 por ciento. Concluye que no es posible proceder a su reforma, entre otras razones, porque en el actual Congreso de los Diputados ni siquiera se dan mayorías simples para aprobar leyes necesarias.

María Ballester, sin embargo, considera que podría abrirse "el melón de la reforma", aunque no sabe "si es el momento oportuno para ello", añadiendo que la Constitución "está en crisis como lo está el mismo régimen constitucional, ya que no hay ninguna institución fundamental que no se vea en tal tesitura".

Rodríguez Miranda se declara contrario a lo que denomina "refundación del Estado" y sentencia que "40 años después nuestra Constitución goza de buena salud, tenemos una buena Constitución, porque es la Constitución de la concordia, de quienes nos dimos la mano para superar los enfrentamientos del pasado".

Empieza a cobrar una cierta fuerza la tesis de quienes defienden la necesidad de someter a examen, incluso a un referéndum, la cuestión de la forma de Estado; en definitiva, si se ha de mantener la monarquía o establecer la república. Oliver Araujo dice que "nuestra "dramática" historia constitucional aconseja no romper el consenso que se consiguió en 1978, "si no tenemos garantizado otro parecido", por ello no considera urgente proceder a la reforma, lo que incluye lo relativo a la monarquía, aunque sí reconoce que deberían delimitarse más adecuadamente las funciones del jefe del Estado. Con lo que sí se muestra crítico es con el discurso que el rey Felipe VI pronunció tras los sucesos de Cataluña de octubre del pasado año, afirmando que el monarca "se extralimitó" en sus funciones. "No fue una intervención conveniente", asegura.

Concluye afirmando que "cuando dispongamos de una situación menos crispada, más normalizada, podrá acometerse la reforma", y tranquiliza sentenciando que "la Constitución no va a caer".

Destartalando tajantemente la cuestión de poner en discusión la fórmula monárquica, Rodríguez Miranda, defiende tal cual está el texto constitucional, mientras Antonio Tarabini opina que plantear hoy el dilema monarquía o república constituye una "insensatez". El sociólogo vuelve a referirse al inmediato pasado histórico, a los años de la Transición, para apuntalar su visión de que no puede iniciarse una reforma constitucional por falta de consenso y, mucho menos, poner sobre la mesa la disyuntiva entre monarquía o república, porque los "riesgos" de desestabilización que entrañaría tal operación serían "enormes", de "gran envergadura".

María Ballester también exhibe mucha prudencia sobre la cuestión. Concede que "alguna cosa se está moviendo", resaltando que "hasta el momento la cuestión de la monarquía, de la forma de Estado, no ha supuesto ningún problema, porque ha cumplido su papel correctamente". Dicho lo que antecede, opina que "es evidente que se ha creado una corriente de opinión favorable a plantear la alternativa de monarquía o república", aunque precisa que no tiene claro si se trata del momento oportuno para hacerlo; sí afirma: "la sociedad está madura para plantear la disyuntiva", añadiendo que "evidentemente constituiría un problema que en un hipotético referéndum ganase la opción republicana". La doctora en Derecho Constitucional sentencia: "los ciudadanos están preparados para que se plantee ese referéndum, los partidos político, no"; también argumenta que el PSOE "no está por la labor" y que si los socialistas apoyan a la Corona no hay forma de que se llegue a un referéndum.

Cataluña

La doctora Ballester introduce la cuestión de Cataluña argumentando que la crisis en el Principado, que sigue abierta en canal, es un elemento que hace que la de España, la institucional, no se pueda superar, enlazándola con lo anteriormente expuesto de la "crisis de régimen", en la que están involucradas todas las instituciones fundamentales del Estado.

El exministro de Trabajo, volviendo a la cuestión monárquica, ve innecesario sacar a colación el referéndum, dado "el pequeño papel representativo del que dispone la Corona" y porque "el rey Felipe VI cumple en todo momento con notable acierto el papel constitucional que tiene asignado".

Una postrera afirmación de Joan Oliver Araujo relativa a los textos que junto a otros constitucionalistas ha ido elaborando para abordar la reforma de la Constitución, "se dispone de un material que ahora quedará arrinconado en las carpetas físicas o informáticas, pero que podrá ser de gran utilidad cuando existan mayorías parlamentarias más claras y cuando el odio partidario, en ocasiones, intelectualmente homicida, que hoy impregna la política española deje paso a la búsqueda del consenso político, rasgo que definió el último proceso constituyente español".

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