El 11 de agosto de 1943, como tantas otras veces en las tapias del cementerio de Palma, se fusiló al último acusado de auxilio a la rebelión por haber sido partidario de la Segunda República y sospechoso de oponerse al golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil de 1936-1939. Aquella mañana de agosto, cuando en Europa la Segunda Guerra Mundial había cambiado de signo y se decantaba claramente a favor de los Aliados y en contra de la Alemania nazi, con la que la España franquista colaboraba al enviar la denominada División Azul al frente ruso, se procedió a la ejecución de Andrés Martínez Barceló, condenado en consejo de guerra sumarísimo, parodia procesal sin ninguna garantía. Andrés Martínez fue la postrera víctima de una larga y ominosa lista, que suma cerca de 2.500 muertos, el 2,5% de la población mallorquina de entre 18 y 60 años. Su consejo de guerra sumarísimo cerró la etapa de los aproximadamente dos centenares que hubo en la isla, casi todos saldados con condenadas a muerte, en su mayor parte cumplidas con celeridad, sin atender, salvo algún caso aislado, las reiteradas peticiones de indulto, que el general Franco rechazaba de plano.
Bartomeu Garí (Porreres, 1965), doctor en Historia Contemporánea por la UIB, publicará en unos días su tesis doctoral, que permite contemplar cómo se estructuró la represión franquista en Mallorca desde el triunfo del Golpe de Estado, el 19 de julio de 1936, hasta entrada la década de los años 40, cuando, concluida la también denominada por los historiadores extranjeros Guerra de España, se siguió reprimiendo con gran dureza, para, remarca Garí, cumplir la directriz, "instrucciones reservadas", del general Emilio Mola, conocido como el director, al ser quien planificó el golpe, que establecía la eliminación física de todos los dirigentes y partidarios de la legalidad republicana. Garí enuncia tres fases en la represión: la primera abarca las semanas inmediatamente posteriores al denominado alzamiento, en las que se procedió a la detención de republicanos y su encarcelamiento en lugares como el Ayuntamiento de Palma, Can Mir, Fortín de Illetes, Bellver y la Casa del Pueblo. Las indagaciones hechas por Garí le permiten establecer en aproximadamente 600 las personas detenidas únicamente en Palma ascendiendo a unas 6.000 en toda Mallorca. Garí pone el énfasis en la violencia con la que se condujo la represión, al haberse asesinado, con o sin formación de consejo de guerra, a 2.500 personas, de entre 18 y 60 años. Eso representa el citado 2,5% de una población estimada en 95.000 personas.
Bartomeu Garí explica que la "orquestación" de la represión fue obra de los militares Mateo Torres Bestard y Luis García Ruiz, respaldados por las organizaciones que se sumaron al golpe y las comisiones gestoras instaladas en los ayuntamientos de la isla por orden de García Ruiz. Eran el alcalde, jefe del puesto de la Guardia Civil, juez de paz, jefe del partido fascista, la Falange, y el párroco, quienes elaboraban las listas de quienes debían ser apresados de inmediato. Muchos curas, remarca Garí, elaboraron informes sobre republicanos, que posteriormente eran detenidos y muchas veces asesinados.
La segunda fase da inicio con el desembarco republicano de Bayo en Porto Cristo, es hacia septiembre, cuando se establece la modalidad de la ejecuciones extrajudiciales siendo los detenidos fusilados en menos de 24 horas. Coincidiendo con el desembarco republicano Garí cifra en 1.000 los fusilamientos. En otoño e invierno de 1936 las denominadas sacas son constantes. Los pelotones de fusilamiento estaban formados por grupos de falangistas y simples criminales reclutados y capitaneados por el antiguo diputado de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), el partido de Gil Robles, Luis Zaforteza Villalonga, marqués del Verger; el médico Emilio Manera y el policía falangista Francisco Barrado, quienes contaban con el respaldo del gobernador Torres Bestard, quien siempre reclamaba endurecer la represión. Otra figura destacada de los pelotones de ejecución fue el capitán médico Vicente Sergio Orbaneja, sobrino del general Miguel Primo de Rivera, el dictador entre 1923-1929, y primo del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, fusilado en la cárcel de Alicante. Garí precisa que uno de los falangistas que se empleó con más saña fue el terrateniente afincado en Porreres, Luis Sitjar Castellà, quien después fue presidente del Real Mallorca dando nombre al viejo estadio del club. Bartomeu Garí ha documentado los casos de 140 personas sacadas extrajudicialmente de las cárceles y mayoritariamente fusiladas en Porreres tras la ficticia "orden de puesta en libertad". Los asesinatos en la zona de Porreres se prolongaron hasta la primavera de 1938.
La tercera etapa, que, en ocasiones, se solapa con las otras, es la constituida por la "represión institucional"; es decir, la de las ejecuciones llevadas a cabo tras los consejos de guerra sumarísimos en los que se condenaba por "auxilio a la rebelión", con lo que se daba la situación de que los rebeldes condenaban por rebelión o auxilio a la misma a quienes habían permanecido fieles a la legalidad constitucionalmente vigente. El caso más destacado fue el del procesamiento y fusilamiento en las tapias del cementerio de Palma, el 24 de febrero de 1937, de Emilio Darder, Alejandro Jaume, Antonio Ques y Antoni Mateu.
Los consejos de guerra sumarísimos dictaron unas 200 condenas a muerte de las que se cumplieron su gran mayoría, alrededor de 180. Los fusilamientos tenían por escenario los cementerios de Palma, Inca y Manacor y el fortín de Illetes. Muchos de los fusilados fueron republicanos reconocidos, personas con destacada repercusión social, con las que los rebeldes deseaban hacer un escarmiento ejemplar para atemorizar a la población. Garí establece más de 500 fusilados en Palma; más de 1.000 en Manacor y 140 en Porreres. A los que hay que sumar a los que se eliminó en las cunetas hasta llegar a los 2.500 asesinados, entre ellos, destaca en su tesis doctoral el historiador, 29 mujeres, siendo la más conocida Aurora Picornell, fusilada, después de haber sido violada por los falangistas, en Porreres.
Máxima difusión
La represión llegó a su clímax entre finales de 1936 y la primavera de 1937. A partir de entonces las cifras de fusilados, judicial o extrajudicialmente, bajan considerablemente, aunque los consejos de guerra sumarísimos se mantuvieron hasta agosto de 1943, cuando todavía se sentencia a muerte. Concluida en mayo de 1945 la Segunda Guerra Mundial en Europa, en Mallorca ya no hay constancia de más condenas a muerte, aunque pudo haber consejos de guerra, que concluyeron con penas de prisión.
La última persona fusilada en el transcurso de la Guerra Civil fue Sebastián Juanico Dalmedo. Se trataba de un menorquín que estaba enrolado en el buque Juan Sebastián Elcano. Se le puso ante el pelotón en las tapias del cementerio de Palma el 6 de marzo de 1939. Tres semanas antes de que, desde Burgos, capital de la zona rebelde, el general Franco emitiese el último parte de guerra dando cuenta de la victoria de los sublevados y certificando así el final de la Segunda República. El delito del marinero era el de siempre: auxilio a la rebelión. Hubo más fusilamientos siendo el último en Mallorca el del citado Andrés Martínez Barceló, al que, por la misma causa que a Sebastián Juanico, se le quitó la vida el 11 de agoto de 1943. Se habían cumplido cuatro años desde el final de la Guerra Civil.
Bartomeu Garí mantiene el hilo conductor a lo largo de su tesis de que fueron "los militares africanistas" los que, también en Mallorca, planificaron la intensidad y alcance de la represión que se abatió sobre los republicanos. Antes de que el domingo 19 de julio de 1936 se desencadena en la isla la sublevación militar, los detalles de lo que se tenía que hacer estaban en poder de los sediciosos, quienes los habían recibido de manos del general Godet, comandante militar de Balears, que, asegurado el triunfo de los rebeldes en Mallorca, se trasladó a Barcelona para encabezar la sublevación. En la capital catalana no triunfo y Godet, tras un consejo de guerra, fue fusilado por rebelión militar.
Infundir pavor
Las noticias de lo que estaba acaeciendo en Mallorca tras el inicio de la Guerra Civil, que no fue tal en la isla dado que la sublevación triunfó de inmediato, no fueron ocultadas por los militares, puesto que de lo que se trataba era de infundir pavor entre la población con el propósito de cortar de raíz cualquier conato de resistencia y, además, eliminar las estructuras políticas y sociales que daban sustento a la legalidad republicana. Para ello los militares dispusieron que la represión no fuera gradual, sino intensa desde el primer momento, contando con la actuación de las milicias de Falange, que procedieron a ocupar las sedes de los partidos republicanos convirtiendo la casa del pueblo de Palma, ubicada en lo que hoy es un solar de la calle de la Reina María Cristina, en centro de detención.
Bartomeu Garí afirma que es indudable el papel que en la represión desempeñaron las juntas locales de los municipios, en los que el nuevo alcalde, nombrado por García Ruiz, el jefe de Falange y el juez de paz, a los que se sumaba, de haberlo, el jefe del puesto de la Guardia Civil, procedían con rigor a la identificación y detención de republicanos. En no pocas ocasiones fue el rector de la parroquia quien elaboraba los informes negativos, que en muchos casos decidían la suerte de los detenidos. Las juntas recibían el apoyo de las unidades falangistas de los pueblos vecinos, que eran las encargadas de la logística: traslado de los presos a los lugares de ejecución y asesinarlos.
Garí deja claro que su tesis doctoral ha tratado de plasmar cómo fue y hasta cuándo se prolongó la represión franquista en Mallorca, las fases por las que atravesó y cuáles fueron las estructuras con las que se desarrolló. Asegura que no hubo ninguna improvisación, que no se trató de una violencia sin control, sino que en todo momento fue institucionalizada, acordada y alentada por las autoridades golpistas, en cuyas cúspide se situaron los militares sublevados y sus colaboradores más próximos.
