La Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace y la Federación Provincial de Drogodependencias de Sevilla Liberación llamaron la atención hoy ante la próxima celebración del Día Mundial de Lucha contra el Sida que un 18,6 por ciento de la población reclusa, unas 300.000 personas, tiene VIH, los cuales reciben una atención sanitaria "deficiente, sin que tampoco se garantice su acceso a una atención especializada en el exterior, además de producirse con demasiada frecuencia la pérdida de citas médicas".

Así, la presidenta de Liberación, Pilar Fuentes, informó en un comunicado de que entre los años 2004 y 2007 se produjeron un total de 772 muertes en las prisiones españolas, de las que más de 15 por ciento fueron por VIH-SIDA (116).

Exclusión social

También quiso sacar a la luz la vulnerabilidad de las mujeres en situación de exclusión social afectadas por el VIH, en especial, las que ejercen la prostitución, que se encuentran "especialmente desprotegidas". Según apuntó, el 61,5 por ciento del total de casos de sida notificados en 2008 en mujeres, se debió a relaciones sexuales no protegidas, seguida de los casos de usuarias de droga por vía parenteral (25,8%).

Por su parte, el presidente de Enlace, Antonio Escobar, advirtió de la "dura realidad" de las personas que sufren esta enfermedad en situación de exclusión social, "agravada en la actualidad por la magnitud de la crisis, y que sufren un abandono social e institucional".

Según Escobar, el uso de jeringuillas compartidas "sigue siendo la principal vía de transmisión en los casos de sida notificados cada año". "Son personas que se encuentran en condiciones muy deterioradas y para las que, después de tantos años, siguen sin existir respuestas adecuadas a sus problemáticas", lamentó, precisando que el 37,1 por ciento de los casos de SIDA notificados en 2008 correspondió a usuarios de drogas por vía parenteral.

Personas inmigrantes en situación ilegal

Por otro lado, afirmó que las personas inmigrantes en situación ilegal con VIH-SIDA también viven una realidad "extrema", pues la situación de ilegalidad "no sólo les impide el acceso con garantías a los servicios sociales o sanitarios, sino que las condena a vivir la enfermedad con el miedo a ser expulsadas del país si dan algún paso". Tal y como apuntó, hasta 1997 la proporción de casos de sida en personas extranjeras estuvo por debajo del 3 por ciento, creciendo desde entonces hasta alcanzar el 27,9 por ciento del total de casos en 2008.