La conselleria de Asuntos Sociales ha aclarado las cuentas de la financiación de los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia. Desde este área se ha especificado cuál es el aporte autonómico al desarrollo de la normativa, a raíz de los datos contenidos en el informe Financiación y costes de la Ley de dependencia realizado por la Asociación Estatal de Direcores y Gerentes en Servicios Sociales. Según este estudio, Balears vulnera el sistema de financiación de la Ley al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios.

Según los datos manejados en este estudio, Balears recibe del Estado el 93% del coste y los usuarios aportan 14,5%. Por tanto, según el informe de la Asociación Estatal de Direcores y Gerentes en Servicios Sociales, a esta comunidad le sobra un 8%. "Perplejidad" es lo que ha causado en la Conselleria lo publicado en este informe pues los datos que se incluyen en el mismo "se basan en estimaciones y no en cifras reales".

Desde Asuntos Sociales se destaca que el Estado aporta un 36,9% al financiamiento de los servicios y prestaciones de la Dependencia, los usuarios el 13,8% y la conselleria de Asuntos Sociales el 49,23%. Es decir, de los 65 millones de euros que se destinan este año al desarrollo de la Ley, 24 millones son a cargo de la administración central, 9 los aportan los usuarios; y 32 millones de euros el Govern.

Aclarados los números, desde la Conselleria se insiste en que seguirá reclamando al Ministerio más recursos económicos para poder desplegar la Ley en condiciones.

Prioridad en 2010

Para el próximo año, la conselleria de Asuntos Sociales destinará 6,5 de cada 10 euros de su presupuesto (un 64,7%) a la atención de personas en situación de dependencia. Así, de los 120,7 millones de euros con que cuenta la Conselleria para 2010, van a destinarse a 78,2 a la atención a la dependencia. Esto supone un incremento de 12,6 millones de euros con respecto a la partida destinada en 2009 a este concepto. Para el mantenimiento de diferentes programas y servicios sociales se destinarán 8 millones de euros.

En época de crisis económica, el Ejecutivo balear ha dado prioridad a las políticas sociales a pesar de contar con unos presupuestos un 4,9% más bajos que en 2009. Asuntos Sociales contará para 2010 con una partida un 2,54% menor que el pasado ejercicio y con ella deberá hacer frente a unas obligaciones que se han visto aumentadas por las demandas sociales derivadas, precisamente, de la recesión. Sin embargo, es el departamento del Govern que se ha visto menos afectado por la reducción de ingresos de la Comunidad Autónoma.