La anulación ayer de la primera boda gay de Francia es sólo el inicio de una larga batalla judicial que podría llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de impulsar un gran debate social entre partidarios y detractores.
Los abogados de Stéphane Chapin y Bertrand Charpentier, casados el pasado 5 de junio por el alcalde Verde de Begles (suroeste), Noel Mamere, anunciaron que apelarán la sentencia de nulidad dictada ayer por el Tribunal de Gran Instancia de Burdeos.
Según el dictamen, que coincide con la posición del Gobierno conservador sobre la ilegalidad de las uniones gay, aunque el Código Civil no especifica que un matrimonio esté formado entre un hombre y una mujer, "esta diferencia iba implícita para los redactores" del texto.
Para la defensa, esta decisión carece de efectos: "El matrimonio será válido hasta que se pronuncie el Tribunal de Apelación", según uno de los letrados, Emmanuel Pierrat.
En la misma línea se pronunció Mamere, también diputado y ex candidato presidencial de los Verdes en 2002, al asegurar que la unión "sigue válida" y que continúa "el debate jurídico".
La sentencia no establece "ninguna medida para ejecutar" la anulación, por lo que el enlace es "válido", argumentó el controvertido alcalde, suspendido de sus funciones durante un mes por llevar a cabo la unión.
El dictamen representa una victoria ya esperada para el Gobierno, que se había opuesto de plano a la celebración de la unión y advertido de que sancionaría a Mamere, en declaraciones del primer ministro, Jean-Pierre Raffarin. No obstante, el Ejecutivo guardó mutismo ayer ante la decisión judicial y las declaraciones del alcalde.
Mamere y los abogados de los recién casados hicieron frente común a la hora de apostar porque el caso llegue ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de agotar los recursos.
