El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo ayer, sobre las palabras del arzobispo de Santiago de Compostela, quien criticó en la Ofrenda al Apóstol, ante los Reyes y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la legalización de los matrimonios homosexuales, que la Iglesia puede expresar sus opiniones, pero es "evidente" que es el Estado "quien reclamará para sí el poder regular una institución civil". López Aguilar, quien recordó que los acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno permanecerán, disculpó además la presencia del líder del Ejecutivo en la misa del domingo en Santiago por ser un acto "tradicional".

López Aguilar, en declaraciones a Onda Cero y a la Cadena Ser, se refirió a la polémica suscitada por la homilía del arzobispo de Santiago, Julián Barrio, quien dijo que el matrimonio "esencialmente heterosexual es la base ineludible de la familia" y que su quiebra supone la de la sociedad, haciéndola vulnerable a intereses que nada tienen que ver con el bien común. Tras destacar la independencia de la comunidad política y de la Iglesia, reclamó su derecho a "predicar la fe con verdadera libertad y emitir un juicio moral también sobre las cosas que afectan al orden político, cuando lo exigen los derechos de las personas o la salvación de las almas".

"El Gobierno ha manifestado una y otra vez nuestro respeto por la Iglesia en el ejercicio de sus funciones, pero recordamos que la sociedad española está preparada para distinguir la esfera de la Iglesia y la que corresponde al Parlamento", dijo el ministro, recordando a la Iglesia que es el Estado quien regula las instituciones civiles.

López Aguilar subrayó que la sociedad española está convencida de que "Iglesia y Parlamento tiene esferas de autoridad separadas". "Hay que recordar a la Conferencia Episcopal que la Iglesia tiene autoridad para regular el matrimonio canónico y que el Parlamento tiene toda la legitimidad para regular las instituciones de derecho civil", prosiguió, tras destacar que el matrimonio entre gays es "una opción en términos de derecho civil que amplía el horizonte de igualdad de un segmento social tradicionalmente marginado".