El Gobierno se ha tomado el asalto a los pensionistas más en serio de lo que creíamos. El desmantelamiento policial de los bingos en clubes mallorquines de la tercera edad demuestra que los ancianos van a pagar cara su supervivencia. Ya era hora. El impagable Govern colabora con Zapatero en la demostración de que es inmoral abonar una pensión a los jubilados, para que la dilapiden de inmediato a diez céntimos el cartón. Tras años de complacencia, Antich trata por fin a nuestros mayores como una banda de viciosos, entre los que el crimen organizado ocupa una porción sustancial de su exceso de tiempo libre.
Ya está bien de islamismo y de gerontocracia. Provocar un infarto a los ancianos bingueros mediante una carga policial enjugará el déficit de las arcas públicas de un modo tal vez radical, pero efectivo. Es indecente que nuestros mayores recreen el ambiente sórdido de los bingos, en lugar de deleitarse con Belén Esteban como todo buen español. Madoff o Millet son la prueba de que la edad no disminuye el catálogo de crímenes al alcance de los ciudadanos, por lo que la heroica intervención del Govern en los clubes de tercera edad puede considerarse además una actuación preventiva.
La corrupción se ha instalado en los sectores más insospechados. Quién nos garantiza que un anciano formado en el bingo ilegal no se dedique en décadas futuras al narcotráfico. El mismo día en que la policía actuaba valientemente –y con notable riesgo físico– contra los bingueros de la tercera edad, en Mallorca se despachaba tranquilamente un millón de euros en droga. Los ganadores más depravados de líneas y bingos podrían orientarse incluso profesionalmente hacia el urbanismo, solo superado por el asesinato en serie entre las actividades delictivas locales. En fin, la actividad defraudada cada día a Hacienda en Mallorca se mide en millones de euros, cifra inferior en cualquier caso a la fortuna que los ancianos delincuentes se gastan en bingos parroquiales. Mano dura, pues, contra la auténtica mafia del juego.
