Antich paga sobresueldos

MATÍAS VALLÉS Antich pagará sobresueldos a los funcionarios, como ocurre a diario en la empresa privada. La estupefacción ante este enunciado no procede de los beneficiarios, pues los empleados públicos ya han recibido su castigo salarial. El problema radica en el pagador porque, a la vista de la productividad del president, nadie le fiaría un poder arbitral para la adjudicación de incentivos. Es más fácil premiarlo por su rendición que por su rendimiento. Si hay que recompensar a quienes trabajan con la misma intensidad que Antich, la bufanda se extenderá incluso a los contratados basura de UM. Bastaría con preguntarle al líder socialista si piensa que él merece los 500 euros prometidos a los empleados públicos afanosos. En caso de respuesta afirmativa, mal vamos.
El Govern sustituye el sueldo por la limosna. Aunque no tiene otra cosa que hacer, Antich no se va a dedicar a evaluar individualmente a sus miles de funcionarios. Sin embargo, la delegación de esa función en comités tampoco restaura nuestra confianza. Aunque todos estamos predispuestos a aplaudir la excelente capacitación de quien nos premia, cómo sabemos que entre los otorgadores de los quinientos euros de dádiva no se cuela algún afectado de desidia burocrática, que viciaría el sistema. ¿Recibirán sobresueldos los centenares de funcionarios que los conceden?
La solución es evidente para cualquiera que no pertenezca al Govern, y consiste en encomendar la evaluación de los funcionarios a los ciudadanos que pagan los incentivos. El control a cargo de los usuarios ya existe en el campo de la educación, y tiende a una neutralidad más acentuada que el veredicto de los compañeros. El premio debería centrarse en la promoción antes que en el dinero, porque los sobresueldos contenidos en la Ley de la Buena Administración y el Buen Gobierno –no cabe mayor apelación al buenismo– son una medida preventiva. Cualquier día nos despertaremos para aprender que los controladores aéreos vuelven a ganar una media de 300 mil euros anuales.