El Parlamento balear considerará el próximo martes el uso de BIC´s para la construcción de hoteles en suelo rústico

EUROPA PRESS. PALMA. El Parlamento balear aprobará el próximo martes, gracias a los votos del PP, la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por UM (Grupo Mixto) para modificar la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de Balears, con el fin de que la superficie construida de los Bienes de Interés Cultural (BIC), pueda acoger un establecimiento hotelero sin límite de plazas o habitaciones, con independencia de la clasificación o categoría del suelo en el que se ubiquen, incluido, por tanto, el rústico o las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI).

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, Fiol señaló que su grupo también tiene intención de apoyar esta iniciativa, una vez se debata en otro Pleno de la Cámara balear, si bien precisó que su grupo presentará "alguna enmienda", con el objetivo de que sea incluida a esta Proposición, que se convertiría en Ley, en caso de ser aprobada, para lo cual sólo necesitaría los votos del PP y UM.

El portavoz socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, ya ha expresado su rechazo a esta Proposición de Ley, que, a su juicio, tiene como finalidad "urbanizar la Fortaleza de Pollença", para construir un hotel "sin límite de plazas en este paraje natural y singular".

Así, criticó que lo que pretenden los uemitas modificando la actual Ley de Patrimonio Histórico es permitir que "se puedan hacer establecimientos hoteleros sin limitación de plazas en lugares protegidos patrimonialmente".

Durante la Junta de Portavoces, celebrada esta mañana, el Gobierno balear trató de aplazar el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley de UM para sustituirlo por el debate de la enmienda a la totalidad con petición de devolución presentada por los 'populares' a la Ley de Publicidad Institucional.

Sin embargo, finalmente, no hubo un acuerdo al respecto, por lo que la Junta acordó un nuevo orden del día para el próximo Pleno del Parlamento balear, en el que se debatirán ambas iniciativas. "El Ejecutivo balear no puede deshacer el orden del día previamente hecho", criticó Fiol, quien recriminó al Gobierno de Francesc Antich por gobernar con "unos tics de mayoría, cuando la realidad es que se encuentra en minoría".

De este modo, la Cámara podría solicitar el próximo martes al Gobierno autonómico la devolución del Proyecto de Ley de Publicidad Institucional, aprobado el pasado 22 de enero, en caso de que salga adelante la enmienda a la totalidad del PP, con el respaldo de los diputados uemitas, adscritos al Grupo Mixto, Josep Melià, Isabel Alemany y Maria Antònia Sureda.

Ley de Publicidad Institucional

Concretamente, la citada Ley pretende regular la difusión realizada en materia de publicidad institucional por las administraciones del archipiélago, para que haya un mayor grado de "transparencia" a la hora de que las instituciones públicas realicen una comunicación directa a los ciudadanos sobre las cuestiones que sean de interés público.

Esta normativa, que prohibirá la difusión de los logros en la gestión o de los objetivos conseguidos por las instituciones de Balears, forma parte del paquete de Leyes en materia audiovisual previsto en el Estatuto de Autonomía de Balears, junto a la Ley del Consejo Audiovisual y la del Ente Público de Radiotelevisión de Balears.

Esta Ley también eleva el grado de obligación en cuanto a las instituciones que estarán sometidas a la misma, ya que no afectará únicamente el Gobierno balear, sino también a los Consejos Insulares, Ayuntamientos, Parlamento balear, la UIB y todos los entes u organismos que dependan de estos.

Por otro lado, también aumenta el grado de transparencia, ya que prevé la creación de la comisión de publicidad Institucional de Balears, un órgano colegiado que asesorará y supervisará la actividad de las instituciones en materia de publicidad institucional.

Además, emitirá informes no vinculantes y estudios, uno de ellos será el informe anual que se enviará al Parlamento balear y será debatirá. "La comisión vigilará que los gastos de publicidad sean de interés para la ciudadanía", añadió.

Se considera publicidad institucional toda actividad de comunicación emitida, promovida, patrocinada o contratada, individualmente o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas, por los sujetos sometidos a la Ley, que tenga como objetivo difundir un mensaje común a una pluralidad de destinatarios a través de cualquier formato, soporte o medio.