MIGUEL MANSO. PALMA.
La Asociación de Navegantes del Mediterráneo, con 1.800 socios en las islas, ha puesto el grito en el cielo ante la actitud de la Autoridad Portuaria de Balears (APB). El presidente de esta agrupación, Miguel Ángel Santander, ha cargado contra el "oscurantismo" en los contratos de concesión de uso de amarre y la "falta de transparencia" en las listas de espera.
Sobre este último asunto, Santander reclama a la APB que actúe como la empresa pública Ports de les Illes Balears, encargada de gestionar las dársenas dependientes de la Comunidad Autónoma. "Ports publica en internet la lista de los que aguardan un amarre y se ve cómo avanza y el tiempo que llevan. La APB no lo hace y eso da que pensar", recalca.
El otro elemento que desata la ira de los navegantes es el reglamento que regula el de uso de los amarres de las embarcaciones emplazadas en los puertos dependientes del Estado –Palma, Alcúdia, Eivissa, Maó y La Savina–, todos ellos bajo control de la APB.
La asociación ha tenido que solicitar formalmente al presidente de la APB, Francesc Triay, una copia del citado reglamento después de que las peticiones para que se hiciera público "no fructificaran". Aunque pueda parecer una cuestión banal, los usuarios de los puertos del Estado "no saben a qué se avienen cuando firman un contrato", explica Santander. Por ejemplo, "cuando vas a vender el barco y lo anuncias, te arriesgas a ser sancionado o trasladado de puesto. Por eso, la gente esconde las transacciones. Los usuarios tienen miedo", sostiene. "Ahora no te permiten cambiar de embarcación en cinco años. Preguntas el porqué y te dicen que ´porque no´. ¿Dónde está el papel que lo especifica? No lo sabemos", se queja. Otro tanto ocurre con las trabas para cambiar el barco por otro de superior tamaño. "Quizá lo hacen porque suena a que es de ricos, pero hay veleros más baratos que las motoras de siete metros", incide.
"La APB actúa como una Administración que parece salida del túnel del tiempo. Mandos, funcionarios y técnicos se comportan con clichés y formas que no se ajustan a los actuales moldes de cooperación y colaboración democrática entre Administración y administrados", alerta Santander.
Centrados en cruceros
"Los usuarios de los amarres de la Autoridad Portuaria –denuncia el presidente de la asociación– parecen no tener ninguna clase de derechos, a pesar de que pagan religiosamente las tasas y cuotas establecidas. La gente, en general, siente una gran indefensión, está muy enfadada y nos reclama que organicemos acciones públicas de presión y fuerza".
Miguel Ángel Santander concluye que los navegantes "quieren dejar de ser ciudadanos de tercera ante una Administración que parece estar tan volcada en las concesiones mega millonarias, en los yates de lujo, en los cruceros de turistas y en los buques de mercancías que no tiene tiempo para preocuparse de las embarcaciones del pueblo llano".