Hace pocos meses, el Govern anunció un cierre parcial de la central de Es Murterar para el año 2020 mediante la clausura de dos de los cuatro grupos generadores. Desde esta tribuna manifestamos nuestra alegría condicionada al buen fin de la decisión. Ha tardado poco en responder la autoridad energética, el Gobierno de España, negando la autorización del cierre, siquiera parcial, de una planta digna de figurar ya en un museo histórico de la energía. No reiteraremos nuestros argumentos sobre el cierre que ya expusimos recientemente en esta tribuna.
Las razones de la negativa son: 1) el coste económico por incremento del coste de producción, cifrado en 200 millones de euros, aunque no se ha especificado si se refiere a un total o a una cantidad temporal, en cuyo caso faltaría establecer dicho horizonte, 2) la pérdida de garantía de suministro y 3) la pérdida de puestos de trabajo en la central. Ninguna de las tres razones esgrimidas tiene lo que se llama en términos castizos "dos pases".
La primera razón; el sobrecoste económico no se sustenta. Si nos mantuviéramos en una situación estática, es decir, que todo se mantuviera igual indefinidamente, cosa totalmente irreal, pasaríamos de un 34% de la producción anual mediante carbón a un 17%, lo que significa que deberíamos producir ese 17 % restante, aproximadamente un millón de MW-h, con otras tecnologías. El sobrecoste derivado de los mayores costes directos de producción por las otras centrales, que consumen combustibles supuestamente más caros, como fuel o gas, a día de hoy no llega a dos céntimos de euro por KW-h. Por tanto, para producir ese millón de MW-h, gastaríamos 20 millones de euros adicionales. Es decir, que tardaríamos 10 años en incurrir en ese sobrecoste anunciado por el Gobierno.
Pero el mundo no es una foto estática. Porque ya este mismo año se han aprobado varias instalaciones solares fotovoltaicas con más de 100 MW instalados en un proceso que es imparable, tratando de alcanzar el objetivo del 10 % de producción en renovables para el 2020. Y el coste de producción de energía fotovoltaica es menor que el de carbón.
Por otra parte, los precios de los combustibles evolucionan y no sabemos en qué dirección a tan largo plazo. Y ya puestos, por qué no contar el coste derivado de la mayor contaminación por la producción de energía mediante combustibles contaminantes. Por ejemplo, el coste de la pérdida de salud de las personas. No disponemos de datos al respecto pero la conversión desde las energías sucias a las limpias y renovables podría costearse con el ahorro en gastos para tratamientos médicos a pacientes con enfermedades propiciadas por la contaminación atmosférica. Así se ha determinado en muchos estudios serios, como el llevado a cabo por expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Cambridge (Estados Unidos) y que ha contado con financiación de la Agencia estadounidense de Protección Ambiental (EPA).
A ello cabe añadir el ahorro de costes de gestión de la mitad de los residuos generados por Es Murterar, contados por cientos de miles de toneladas anuales. A un coste de 35 €/tn, estamos hablando de varios millones de euros al año. En resumen, que los 200 M€ del Gobierno no aparecen por ninguna parte.
La segunda razón, la garantía de suministro, tampoco se sustenta, a poco que analicemos la situación. El pasado 2016, el día punta de demanda, supuso un consumo de 1.150,8 MW-h. Sin embargo, la potencia disponible, si sumamos todas las plantas de producción disponibles, además de la potencia procedente de la península a través del cable, supera los 2.400 MW. En 2008, año punta de demanda histórica, no superada a día de hoy, la disponibilidad de potencia instalada era de menos de 1.600 MW. No disponíamos del cable (280 MW efectivos, 400 MW nominales), ni de la central de ciclo combinado de Cas Tresorer (480 MW nominales). Cierto es que estuvimos en grave riesgo de desabastecimiento, pero la diferencia es sustancial. Si cerramos dos de las cuatro turbinas de Es Murterar, seguiremos disponiendo de más de 2.100 MW, a los que añadir toda la potencia fotovoltaica que vaya incorporándose al sistema. En poco tiempo recuperamos el nivel actual de cobertura y con mayor diversificación de fuentes. Una garantía igual o mejor que la actual. Para más inri, la propia REE, empresa semi pública de distribución eléctrica, ha confirmado la garantía.
Finalmente, respecto de la tercera razón, la pérdida de puestos de trabajo, con todos los respetos a las personas que actualmente trabajan en Es Murterar, no la podemos dar por válida. En primer lugar, estamos convencidos de que, si otra compañía eléctrica puede ofrecer el cierre de varias centrales de carbón garantizando el mantenimiento de los puestos de trabajo, también puede hacerlo la propietaria de Es Murterar.
Pero independientemente de lo anterior, el progreso y la evolución de la sociedad no puede vincularse a la supuesta pérdida de puestos de trabajo. Por este mismo argumento, todavía debería mantenerse la plantilla de las fábricas que funcionaban a plena capacidad a principios de siglo XX en Palma, de las que no queda ninguna, o las obsoletas cadenas de montaje de Detroit. Además, el futuro de la electricidad es brillante. En pocos años, solamente la movilidad eléctrica de buena parte de los vehículos supondrá una ingente demanda de nuevos servicios relacionados con el sector eléctrico, que a su vez permitirán la creación de muchos nuevos puestos de trabajo.
A modo de conclusión, el Gobierno tiene las competencias en materia de instalaciones de más de 50 MW, y por tanto es la administración competente para la autorización y cierre de las mismas. Si quiere impedirlo, puede hacerlo. Pero, por favor, que no nos tome por tontos. Que explique sus decisiones con argumentos racionales o que se quede callado.
