Los incendios ya no son patrimonio del verano. Así se ha puesto de manifiesto recientemente con los que han asolado el noroeste de la península. El balance, aterrador, arroja más de 35.000 hectáreas quemadas solo en Galicia.
A la hora de analizar las causas, se observa que las condiciones que se dieron fueron excepcionales. Y es que durante el pasado año se produjo una sequía extrema en el noroeste de la Península que originó un alto nivel de estrés hídrico en la vegetación haciéndola muy vulnerable frente a los incendios. Junto con esta circunstancia, los días de los incendios se produjeron vientos secos y recalentados de componente sur movidos por un fenómeno totalmente excepcional en nuestras latitudes, como la llegada de un huracán tropical, que les confirió una velocidad e intensidad absolutamente inusuales. Así, las dificultades extraordinarias de hacer frente a semejante reto, el de incendios en condiciones adversas de máximo nivel, coincidieron en el norte de Portugal, sur de Galicia y oeste de Asturias y Castilla y León.
Estas causas objetivas, sin embargo, no han sido suficientes como para evitar que salgan a la palestra los tópicos que rodean siempre a los incendios y que son sistemáticamente rebatidos desde instancias científicas, técnicas e, incluso, por el mundo ecologista.
Flexibilización de la recalificación
Es el primer mito. La reforma del artículo 50 de la Ley Básica de Montes no es una carta blanca para la recalificación. Únicamente permite recalificar un terreno que haya sido afectado por un incendio en caso de imperiosa necesidad de interés público y mediante una ley autonómica y nunca en montes de utilidad pública. Ese artículo pretende impedir, en casos realmente excepcionales, la paralización de la dotación de infraestructuras públicas que de otra manera sería imposibles de llevar a cabo si se produjese un incendio, por pequeño que este fuese, en el área prevista para ello. Este cambio también evita abusos e incendios provocados precisamente al frenar durante 30 años el desarrollo de obras por intereses particulares o partidistas.
Existencia de mafias que queman el monte
Segundo mito. Después de décadas de investigación de causas de incendios, miles de detenidos y cientos de sentenciados, no se ha encontrado mafia organizada alguna detrás de los incendios forestales, ni se encuentra causa ni evidencia alguna de beneficio económico para el sector forestal.
Se debe diferenciar, en todo caso, el noroeste de España, donde se producen el 75 % de los incendios del total nacional. Existe en toda esta zona un arraigado uso del fuego para la eliminación de matorral y vegetación indeseada en el marco de ciertas prácticas agrícolas y ganaderas (eliminación de rastrojos, generación de pastos, etc.). En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para fomentar buenas prácticas en este ámbito y, aunque queda mucho camino por delante, Galicia ha conseguido reducir su uso a un tercio en 20 años.
Papel de las distintas especies en los incendios forestales
Tercer mito. Todas las especies vegetales arden, y cuando están sometidas a un alto nivel de estrés hídrico puede no existir diferencias significativas entre ellas. Es la estructura de la vegetación la que condiciona la evolución del incendio. Y la gestión, a su vez, condiciona la estructura de las masas vegetales.
Obviamente, aquellas especies que habitan en las zonas más húmedas y frescas (como árboles de ribera robles, hayas o fresnos) tienen menos probabilidad de llegar a esos umbrales de estrés hídrico y por ello estadísticamente arden menos
"Echar la culpa del incendio a la vegetación está fuera de lugar, dado que no arde por sí misma, y es la acción antrópica la principal causa de los incendios forestales en España", explican desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. La vegetación es una víctima en este caso de la acción humana y nunca se debe tratar como culpables a unas especies frente a otras. Por ejemplo, hablar de los pinos como especies no autóctonas es un error de enormes dimensiones, cuando la mayor parte de ellos, incluido el pino pinaster, es autóctono en toda la Península, incluida Galicia.
En todo caso, el abandono de la gestión forestal supone multiplicar el riesgo de incendio de forma considerable aumentando la combustibilidad del monte y generando modelos de combustible, como el matorral de tojo o aliaga de mayor dificultad para la extinción y mayor riesgo para la seguridad de las personas.
Por el contrario, las zonas mejor gestionadas, es decir aquellas que cuentan con una gestión activa y adaptada a las especies que la pueblan, arden muy poco. Un claro ejemplo es el de los eucaliptares del norte de Lugo.
Interfaz urbano-forestal
La interfaz urbano-forestal, que en el noroeste es mucho más frecuente por la alta dispersión de la población en el territorio, es un problema creciente que requiere de una actuación concertada entre las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas, que deben abordar tanto la protección pasiva (como franjas de protección libres de vegetación), como la activa de la población en caso de siniestro. En este contexto se debe reivindicar la importancia de contar con un Plan de Autoprotección contra incendios forestales profesionalizado y de calidad que sea un instrumento eficaz para la protección de los bienes y las personas en la intefaz urbano-forestal.
Igual que los países con alto riesgos sísmicos saben cómo reaccionar en caso de emergencia, la población debe estar preparada y saber qué hacer en caso de incendio forestal. Si la falta de ordenación y prevención en los terrenos forestales es un riesgo que se debe acometer, la falta de ordenación urbanizadora y la prevención en lo urbanizado es aún de mayor relevancia.
Tres de cuatro toneladas de escombros no reciben el tratamiento correcto
Más del 75 % de los residuos de construcción y demolición (RCDs) que se producen en España se gestionan de forma irregular, tal y como alerta la Federación Española de Empresas Recicladoras de Residuos de Construcción y Demolición durante la celebración de su asamblea anual en Madrid. La producción de RCDs, según los datos aceptados y manejados por la Unión Europea, asciende a algo más de una tonelada por habitante y año, lo que sitúa la producción anual estatal en torno a los 45 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición.
A día de hoy, unos seis millones de toneladas son gestionadas en plantas asociadas a la Federación RCDs - que representan el 60 % de los operadores legales del sector- y que cumplen con los estándares y las garantías que certifican la valorización que conlleva que una elevada tasa de estos residuos se convierta en recursos útiles de nuevo. A esta tasa se suman cinco millones de toneladas que son gestionadas por otras empresas, que garantizan la valorización de los residuos.
"El dato más preocupante es que el resto de los residuos de construcción y demolición producidos, en torno al 75 %, son gestionados de forma incorrecta, ilegal y en muchos casos delictiva, generando graves impactos ambientales y paisajísticos, despilfarrando una materia prima necesaria y comprometiendo la existencia misma del sector del reciclado y valorización", apuntan desde la federación. Prácticas irregulares de las que se nutren desde vertederos hasta antiguos huecos mineros que son rellenados con estos residuos, obviando que pueden convertirse de nuevo en recursos de gran utilidad.
Los datos manejados por la Federación RCDs con respecto a la tasa de valorización de residuos de construcción y demolición se aleja, en gran medida, del ambicioso objetivo marcado por la Unión Europea de cara a 2020 que aspira a que el 70 % de los residuos de construcción y demolición sean valorizados, en una clara apuesta por la economía circular, que va más allá del reciclaje con una apuesta por un cambio de modelo en la gestión. Un objetivo con el que los RCDs están abocados a cumplir, puesto que son, precisamente, el mejor ejemplo de Economía Circular, como abogan desde Federación RCDs, puesto que los residuos de construcción y demolición son valorizables en porcentajes cercanos al 100 %.
