En octubre de 1967 el franquismo se hallaba enfrascado en sus etapas finales, las del "desarrollismo", en las que el Opus Dei copaba los resortes económicos de la dictadura. Mallorca hacía tiempo que pugnaba por contar con estudios universitarios. Una primera intentona, acaecida en el inicio de la década de los 50, había fracasado por la pugna mantenida entre la Iglesia católica, deseosa de controlar la iniciativa, y determinados sectores falangistas, que, a su vez, querían marcar su impronta fascista. Pero en 1967 las cosas estaban maduras para proceder a una nueva intentona, entre otras razones porque al ministerio de Educación y Ciencia (había dejado de denominarse de Educación Nacional) llegó Manuel Lora Tamayo, un químico, padre del actual presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), interesado en descongestionar las universidades españolas poniendo un poco de orden en los estudios de ciencias. El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UIB Miguel Deyá explica la génesis de lo que desembocó en la creación, en el Estudio General Luliano, del departamento de Filosofía y Letras, con dependencia orgánica de la Universidad de Barcelona, puesto que se configuró como lo que se denominó "extensión universitaria".
Al iniciarse la década de los 50 del pasado siglo, apenas 11 años después de concluida la Guerra Civil, se empezó tímidamente a intentar que Palma dispusiera de una actividad cultural que la guerra y la represión que llegó con la dictadura casi había extinguido por completo. Un militar y maestro, Gabriel Rabassa, secretario general del Estudio General Luliano, fue quien inició los trámites para que en él pudieran desarrollarse actividades culturales y, a poder, ser universitarias. Aquí los recuerdos que legó a su nieto, Pedro Rabassa, profesor de Filosofía, enlazan con las informaciones suministradas por Miguel Deyá. Dice Rabassa que su abuelo supo utilizar la plataforma que brindaba el Instituto de Estudios Balearicos para conseguir que despegaran sus iniciativas, al no encontrar tantas resistencias, por parte de las autoridades franquistas, como con las que se topaba Cataluña, donde la represión se ejercía con mucha mayor intensidad que en Mallorca, donde, no en balde, la rebelión contra la República triunfó de inmediato en julio de 1936. En la isla se llegó a la conclusión, según Rabassa, de que las actividades culturales eran "regionalizables y folclorizables", por lo que empezó a abrirse un poco la mano.
Iniciativa frustrada
Ello permitió a Gabriel Rabassa involucrarse en la idea de que en el Estudio General Luliano se pudieran cursar estudios universitarios, concretamente los de Filosofía y Letras, además de los primeros cursos de Derecho. La iniciativa acabó mal, destaca el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, siendo clausurada en 1957, coincidiendo con las huelgas que por aquel entonces se vivieron en las principales universidades españolas, lo que llevó al general Franco a cesar al ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Jiménez, quien posteriormente pasó a alinearse con la oposición democrática a la dictadura. Lo que condujo al colapso de esa primera iniciativa fue el enfrentamiento abierto entre la jerarquía de la Iglesia Católica, el Obispado, que de ninguna manera estaba dispuesto a permitir que quedasen fuera de su control el embrión universitario mallorquín, y el gobernador civil, Pardo Suárez de Santayana, que también, como todos los gobernadores franquistas, era el jefe provincial del partido único, el denominado Movimiento. Pardo contaba con el decidido apoyo de uno de los falangistas con más influencia de la época, José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo. El enfrentamiento entre ambas instituciones no estaba decantado cuando, en el citado 1957, la Universidad de Barcelona, alegando razones presupuestarias, se desentendió de la iniciativa, con lo que lo que había empezando seis años antes desapareció a lo largo de una década.
Nos situamos en 1967: la Universidad de Barcelona, con problemas de espacio dado el exceso de alumnado, informa que no se negará a que se reinstauren los estudios de Filosofía y Letras en Palma, en el Estudio General Luliano, que, de hecho, pasará a ser un colegio universitario. En aquel año es gobernador civil Víctor Hellín Sol (murió con más de 100 años en Lérida, en fechas relativamente recientes) y alcalde de Palma el general Máximo Alomar Josa. Entre ambos ponen en marcha el primer plan de educación, tanto local como provincial. Alomar acababa de ganar un virulento enfrentamiento con Capitanía General. Había vencido la resistencia del todopoderoso capitán general de Baleares, que trató de impedir la cesión a la ciudad de lo que hoy son los jardines de S´Hort del Rei. Alomar ganó apelando directamente a la autoridad suprema e indiscutida del jefe del Estado. El alcalde era amigo del general Franco. Una orden del dictador no se cuestionaba, se acataba sin reservas ni objeciones.
Aquel año, se procedió a habilitar adecuadamente el edificio del Estudio General para que nuevamente albergase los estudios de los primeros cursos de Filosofía y Letras. El apoyo de gobernador civil, alcalde y del secretario general del Estudio General hizo que se pudiera disponer de un escuálido presupuesto con el que dar inicio a los estudios universitarios. Era el definitivo embrión de lo que ha terminado por ser la UIB. Una parte de aquella primera plantilla de profesores llegó a Mallorca por concurso de traslado, lo que posibilitó contar, entre otros, con Bartolomé Barceló, que impartía Geografía; Santiago Sebastián, Arte; Ángel Raimundo Fernández, Lengua y Literatura; Díaz de Castro, Francés; y Alvaro Santamaría, Historia. El resto del profesorado se completó con profesores de instituto.
Plan Maluquer
En 1968, Lora Tamayo fue sustituido en el ministerio de Educación por Villar Palasí, quien puso en marcha el llamado "Plan Maluquer", dado que su autor era el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. El plan estableció que se pudieran hacer dos cursos comunes y tres de especialización. En el Luliano se impartieron desde entonces los cursos comunes, situación que se prolongó hasta la muerte del general Franco en 1975. De la comisión que se creó para traer a Palma los estudios universitarios formaron parte, entre otros, el que fue teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Palma en los años finales del franquismo y después diputado en las Cortes Constituyentes por UCD, Miguel Durán; Antonio Roig, primer rector de la UIB; Carlos Blanes, de Sa Nostra, y el entonces funcionario del departamento de Cultura de Cort, Román Piña Homs, quien con posterioridad sería catedrático de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad balear.
En aquellos años el secretario general del Estudio General Luliano no cesó de propiciar todas las iniciativas que se le plantearon para afianzar los estudios universitarios. Gabriel Rabassa fue, además, uno de los principales impulsores de los cursos para extranjeros que se impartían en el Luliano. Su nieto recuerda que el abuelo le contó que el presupuesto del que disponían era tan exiguo que se veían en la tesitura de estirarlo más allá de lo razonable, pero que así y todo consiguieron que a la segunda intentona, en 1967, los estudios universitarios llegaran para quedarse definitivamente.
Poco más de dos años después de que el embrión de la Universidad adquiriera consistencia, en el Estudio General Luliano se vivió la primera huelga antifranquista de la que se tiene recuerdo en Mallorca. Los acontecimientos ocurrieron en los primeros meses de la recien iniciada década de los 70, cuando en España estaba vigente el Estado de Excepción, lo que posibilitaba a la policía del Régimen actuar todavía con mayor impunidad que la habitual, que de por sí conculcaba cualquier legalidad mínimamente parecida a la democrática. La excusa de la que echaron mano los estudiantes de Filosofía y Letras para declararse en huelga fue la animadversión que les causaba la actuación de un profesor de Historia, apellidado Font, al que se tildaba de mantener posiciones sumamente reaccionarias.
Huelga política
La huelga se inició en febrero siendo de inmediato reprimida con dureza por la policía de la dictadura, la llamada brigada político-social, encargada de abortar cualquier atisbo de oposición que pudiera ser detectado. Varios estudiantes, entre ellos algunos de los principales instigadores de la huelga, fueron detenidos en sus domicilios por inspectores de la brigada político-social y conducidos a los sótanos de Gobierno Civil (la actual Delegación del Gobierno), donde estaban instaladas las dependencias policiales y los calabozos. Dada la vigencia del Estado de Excepción estaba suspendida la norma jurídica de poner a disposición del juez, transcurridas 72 horas, a los detenidos. Los estudiantes podían permanecer por tiempo indefinido en los calabozos, a disposición de la policía y sin que las familias tuvieran noticia alguna de ellos.
Uno de los instigadores de la huelga, apresado de inmediato, fue Pepín Vives, cuya familia guarda el legado del archiduque Luis Salvador. Vives cuenta que junto a él fueron llevados a comisaría Pere Ríos y Climent Picornell, hoy catedrático de Geografía de la UIB, y un días más tarde Emilio Gené. La Policía se abstuvo de ir a por otros de los estudiantes promotores de la huelga. Se trataba de Pedro Mulet, hijo del general Mulet, e Hilario de Cara, hijo del coronel jefe del Sector Aéreo. Los hijos de los militares quedaron fuera del alcance de la policía política del Régimen.
Pepín Vives, Pere Ríos, Climent Picornell y Emilio Gené fueron interrogados por el comisario jefe de la brigada político-social, un tal Lladó, y por el comisario Meseguer, que fue quien llevó el peso del asunto. Meseguer era un policía violentamente represor, que había sido destinado a Palma después de haber trabajado a las órdenes, en el País Vasco, del comisario Manzanas, uno de los torturadores acreditados de la década de los 60, asesinado por ETA. Los universitarios pasaron varios días en Gobierno Civil hasta ser liberados, aunque algunos de ellos acabaron una temporada en la cárcel.
En el Estudio General, poco antes de que se produjeran las detenciones de los estudiantes, se desarrolló un acto político que tuvo una cierta repercusión en Palma, a pesar de las dificultades que existían para dar a conocer actividades contrarias a la dictadura. El protagonista fue Pepín Vives, y de ahí que con posterioridad se convirtiera en uno de los primeros en ser visitado por la policía, a quien en una asamblea de estudiantes celebrada en el Estudio General se eligió para que en público, ante el claustro y los universitarios, leyera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el salón de actos del Estudio General, lleno de estudiantes y al que asistían algunos profesores, no todos, se notó de inmediato la presencia de media docena de inspectores de la brigada político social. Una de sus características era la de que no eran capaces de camuflar su presencia.
Esos fueron, en esencia, los primeros años de la Universidad balear, los del Estudio General Luliano. Ha transcurrido medio siglo desde entonces.
