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Medio Ambiente

La necesaria regulación de las emisiones

En los próximos meses España y Balears tendrá sendas leyes para regular los gases de efecto invernadero

Plenario del Acuerdo de París en diciembre de 2015. MAPAMA

Esta misma semana se ha abierto el proceso de consulta pública para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en los que han participado los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad). Una ley pionera en nuestro país por lo que todo el que lo desee, y hasta el próximo 10 de octubre, puede aportar sus contribuciones al futuro anteproyecto de ley en el portal web. El objetivo del Gobierno es que la elaboración de esta Ley cuente con la máxima participación de todos los agentes y sectores de la sociedad, debido a su trascendencia para nuestro actual modelo de producción y de consumo.

La futura Ley servirá para cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, así como los recogidos en el Acuerdo de París. Responde a la necesidad de definir un marco a medio y largo plazo para garantizar una transición ordenada de nuestra economía hacia un modelo bajo en carbono y que se adapte a los retos del clima. "Se trata de elaborar un instrumento que marque el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio climático y energía y aprovechar además las posibilidades de desarrollo que puedan surgir del nuevo modelo económico, con el menor coste posible y generando crecimiento económico, empleo y bienestar a los ciudadanos", explica Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Para la elaboración de este anteproyecto de Ley, y dada la transversalidad de las políticas en materia de cambio climático, en abril de puso en marcha un grupo de trabajo interministerial con representantes de los ministerios involucrados. Posteriormente, los dos ministerios organizaron unas jornadas de debate que reunieron a más de 400 expertos para abordar propuestas de los diferentes sectores. La iniciativa permitió recabar aportaciones y constituyó una ambiciosa fase previa al lanzamiento formal de la tramitación de la Ley. Además, el pasado 14 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Comisión de Expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética para analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible.

Los motivos

La razón de ser de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética viene a raíz del Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, sobre el compromiso de los países firmantes en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Un acuerdo tildado de histórico porque por primera vez se adoptó por el conjunto de la comunidad internacional y es jurídicamente vinculante para todos los países. El texto es ambicioso y equilibrado para todos y es un logro de la comunidad internacional.

En este sentido, el Acuerdo de París se basa en seis principios: diferenciado, justo, ambicioso, duradero, equilibrado y jurídicamente vinculante. El principal objetivo de este Acuerdo el limitar el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 ºC, y trabajar hacia escenarios compatibles con los 1,5 ºC. Se consagra la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en todo el mundo. La coalición de la ambición entre la UE, los Estados del grupo África, Caribe, Pacífico y Estados Unidos (pendiente de la decisión final de la Administración Trump) consiguió que se introdujera este objetivo que cuando se iniciaron las negociaciones de Paris no estaba encima de la mesa.

Revisión quinquenal

En este sentido, cabe resaltar que esto no es un objetivo aspiracional, sino que su alcance se va a ir revisando cada cinco años cuando se haga balance de dónde estamos y se consideren la siguiente ronda de compromisos que siempre tendrán que ser más ambiciosos de los actuales.

En el Acuerdo se puso en valor la importancia de la adaptación a los impactos del cambio climático en un contexto en el que todos los países tenemos que adaptarnos a los efectos del incremento de la temperatura global. Además, se creó un marco de cooperación global para que los países en desarrollo más vulnerables puedan afrontar las pérdidas y daños asociados a estos impactos. Esto supuso un reconocimiento, en un tratado internacional, de las necesidades específicas que tienen los países más vulnerables y que vienen demandando desde hace años.

Para conseguir un desarrollo sostenible duradero a nivel global, el Acuerdo de París puso las bases para una transformación de los modelos de desarrollo hacia patrones bajos en emisiones. Para ello, se cuenta con un importante paquete financiero que ayudará a la implementación del Acuerdo y que deberá construirse sobre la base del objetivo de movilización de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, a través de distintas fuentes, y que se revisará más adelante. Si bien la financiación climática vendrá fundamentalmente de los países desarrollados, se reconoce por primera vez los esfuerzos voluntarios de los países en desarrollo.

Este Acuerdo es, como se tildó en su momento, "un punto de no retorno histórico de movilización gubernamental sin precedentes", como ya se ha visto con los 189 planes de lucha contra el cambio climático presentados hasta ahora. Pero además, se pusieron las bases para promover acciones no gubernamentales, de empresas, sociedad civil, así como de acciones adicionales de actores regionales y locales, a gran escala con las que hacer frente al cambio climático.

Asimismo, los Estados insulares consiguieron el mecanismo de cooperación de pérdidas y daños, Latinoamérica, los bosques, los países productores de combustibles fósiles un mecanismo para su diversificación económica y un paquete financiero para los países en desarrollo que contemplara la lucha contra la pobreza y la protección de la producción alimentaria.

Balears también tendrá su ley autonómica

El Govern de les Illes Balears está preparando una ley autonómica sobre el cambio climático. Una herramienta que se une al Plan de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero y el Plan de Adaptación de Cambio Climático. Así, es la dirección general de Energía y Cambio Climático que lidera el nuevo ordenamiento jurídico que tiene como trasfondo el mismo que el de la ley estatal: el Acuerdo de París. A principios de agosto se prevé dar a conocer las principales conclusiones del proceso participativo de cambio climático y, por tanto, "las líneas generales de la ley", explica Joan Groizard, director general de Energía y Cambio Climático del Govern. Una información que servirá de base para redactar el borrador de la ley que se prevé que salga a exposición pública después del verano.

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