Algo parecido podría decirse en relación con la actual crisis/no crisis que vivimos en Balears con el agua (y con otros recursos). En el fondo, estamos ante una situación generada fundamentalmente por la mala gestión histórica y no por un supuesto exceso de consumo o falta de recurso, como ciertos colectivos quieren hacer ver con el objetivo último de cambiar el modelo económico actual a lo que yo también me apunto, pero en su caso por otro peor en términos de renta y de bienestar para el conjunto de la población.
El problema de la sequía en las Islas Baleares no debería ser tal porque algo que tiene soluciones plenamente contrastadas no es un problema en sentido estricto. Disponemos de los recursos hídricos necesarios para atender la demanda promedio anual a largo plazo, tenemos agua residual que alegremente lanzamos al mar y podríamos aprovechar, tenemos desalinizadoras con capacidad para atender la demanda sobrevenida y tenemos las herramientas necesarias, el conocimiento y la tecnología disponible para que todo ello funcione razonablemente y permita erradicar la sequía. Lo que no tenemos es la voluntad política y la perseverancia necesaria para revertir esta situación actual. Porque ello pasa por aplicar la racionalidad económica y el sentido común, ya saben, el menos común de los sentidos y, sobre todo, trabajar para materializar los proyectos, cosa que no se ha hecho en los últimos diez años.
No hay normativa ni ley que sea tan efectiva en la distribución eficiente de recursos como la aplicación correcta de los precios a un determinado bien. Obviamente, el agua no es un bien cualquiera que pueda tratarse como un mero bien económico. Es, además y sobre todo, un bien ecológico y social. Por ello, los precios deben permitir que todas las personas tengan acceso al agua en cantidad razonable para satisfacer las necesidades de forma holgada. Ello pasa por una tarifa escalonada, que pueda simultáneamente satisfacer las necesidades sociales y económicas y funcionar como elemento clave en la gestión adecuada de la demanda. Las cantidades razonables están establecidas por múltiples organismos nada sospechosos y no es difícil ponerse de acuerdo en un valor que debe cobrarse a precio muy bajo, al alcance de todos, aportando subvenciones a los más necesitados para que dispongan en todo caso del agua necesaria en cantidad y calidad.
Por encima de dicha cantidad, se debería establecer una tarifa creciente que fuera absorbiendo todos los costes y generando superávit para poder mantener las infraestructuras y el medio correctamente. Y cuando decimos todos los costes queremos decir exactamente eso, todos, incluidos los de extracción, conducción, desalación, saneamiento y depuración hasta el nivel de cumplimiento estricto de las actuales normativas. Para consumos extremos, debería establecerse una tarifa claramente disuasoria que lleve a una autorregulación del consumo por aquellos que más consumen. Lo que es inaceptable e incoherente es que estemos en sequía a la vez que disponiendo de unas infraestructuras que llevan años de retraso en su mantenimiento, explotación y renovación, con las islas llenas de turistas que pagan precios cada vez más elevados por estancia.
Tal vez, en lugar de maquinar abstrusas normativas para limitar el turismo, aplicar más impuestos, demonizar a los visitantes, pronosticar situaciones apocalípticas que luego nunca se verifican, contratar estudios y más estudios, sería mejor empezar simplemente por aplicar la normativa vigente para evitar que todos los residentes en Balears sigamos subvencionando generosamente a nuestros empresarios turísticos, agrícolas y a nuestros visitantes, a pesar de que obviamente no lo necesitan, y de paso racionalizar el consumo del agua.
Porque si alguien puede pagar tres euros por una caña, también debería poderlos pagar por un metro cúbico de agua, con el que tiene de sobras para pasar el día a lo grande en un hotel de cinco estrellas o en una residencia alquilada. Y ello significa aprobar tarifas correctamente calculadas mediante los mecanismos que ya están previstos desde hace tiempo en la normativa vigente y políticas de gestión de la demanda, que también figuran en dicha normativa. Ahora bien, si consideramos más importante que el precio del agua sea bajo porque nos dé pereza explicar correctamente los motivos, asumir nuestras responsabilidades y actuar en consecuencia, sigamos con la sequía y con la generosidad con los visitantes y empresarios. ¿O acaso es que aplicar lo vigente es menos mediático que aprobar cosas nuevas, con sus ruedas de prensa y anuncios aunque no funcionen? ¿Cuántos de los inquilinos de las viviendas vacacionales alquiladas en el litoral balear conocen el precio del agua? Seguramente muy pocos. Y ello es así porque el precio es irrisorio para su economía. También lo debe ser para los propietarios que arrendan sus inmuebles. Si fueran precios escalonados con tendencia a la disuasión, les puedo asegurar que lo conocerían y se preocuparían de que sus inquilinos también lo conocieran, a pesar de su saneada economía. Y probablemente se esforzarían un poco más en limitar sus consumos. Y si no lo hicieran, por lo menos nos dejarían recursos económicos para mejorar las infraestructuras y otras necesidades.
Por principios, no somos partidarios de practicar restricciones o prohibiciones que acaban siendo siempre burladas de una forma u otra, especialmente por los poderosos. Sí que lo somos de cobrar lo más caro posible aquello que aparentemente estamos vendiendo demasiado barato a quién no lo necesita y lo despilfarra.
*Ingeniero Industrial
