A día de hoy, en Mallorca todos los residuos urbanos generados en hogares, comercios o administraciones públicas como papel, cartón, vidrio, materia orgánica, envases ligeros y fracción resto o bien se reciclan o bien se incineran. Su tratamiento y transporte se financia por el pago anual a los ayuntamientos, mediante el que es conocido popularmente como el recibo de la incineradora o de basuras, pese a que realmente se trata del recibo de gestión de residuos que incluye tanto la recogida como el tratamiento. Pagado cada año, su objetivo no es otro que el de repercutir a ciudadanos, empresas y otros organismos productores el coste de los residuos que generan e incluye tanto la gestión del residuo (incineración o reciclaje) como su transporte a cada una de las plantas, según corresponda. A día de hoy, la tasa de residuos es aprobada anualmente por el pleno del Consell de Mallorca y es homogénea para todos los municipios de Mallorca y asciende a 131,34 euros por tonelada más IVA del 10 %. En cambio, el coste del transporte varía según el municipio.
Sin embargo, detrás del sencillo concepto de recibo de la basura se esconde un mundo de tortuoso conocimiento, totalmente heterogéneo y de difícil análisis. Así lo puso de manifiesto el informe Análisis para el establecimiento de una tasa insular de tratamiento de los residuos sólidos urbanos en Mallorca, elaborado por la Universitat de les Illes Balears para el Consell de Mallorca y la empresa concesionaria Tirme, el pasado mes de mayo de 2013. Un documento que más se aproxima a la diversidad tarifaria publicado hasta la fecha en la isla. "El primer síntoma de la heterogeneidad municipal se encuentra, precisamente, en el reconocimiento explícito de los servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos dado que en ocasiones dichos servicios son contemplados con los de recogida [de residuos] conjuntamente y en un mismo texto", detalla el informe. Como consecuencia, hay una tasa única que incluye el coste de la recogida del residuo desde su punto de generación a la planta de tratamiento sumado a la tarifa para su gestión, ya sea incineración o reciclado. "En estos casos no es posible dirimir la fracción que corresponde a la cobertura de los costes de tratamiento de los residuos recogidos", apostilla el documento. Y es que de los 53 ordenanzas analizadas, 29 segregan la tasa por tratamiento y otros tantos, 24, no la segregan. De los 29 que separan la tarifa, el 69 % de los casos analizados la tasa de tratamiento supera en importe a la tasa de recogida.
Unidades generadoras
Otra de las variables que determinan el montante del recibo de tratamiento de residuos es la clasificación que hacen 24 de 29 ayuntamientos según la ubicación del punto de generación (núcleo urbano, urbanizaciones y zonas diseminadas); superficie; grado de ocupación (número de personas que residen en vivienda); la edad de los ocupantes y actividad económica (local comercial, negocio familiar, etc.). "La heterogeneidad que se desprende de las estructuras tarifarias es mayor, si cabe, en la determinación de los grupos a los que se adscriben las unidades generadoras de residuos comerciales", detalla el informe. Es decir, algunos municipios reconocen actividades muy específicas como pastelerías, gasolineras, mercadillos, ferias, souvenirs para establecer una tarifa. En otros municipios distinguen locales desocupados o sin actividad, como sucede en Inca, Llucmajor, Santa Margalida y Son Servera. Por tanto, responder a la pregunta "¿en qué municipio se paga el recibo de tratamiento de residuos más elevado?" no es tarea sencilla y debe atenerse a todos estos factores.
Pongamos por ejemplo y según se desprende del informe, los valores mínimos de la cuota fija de un taller. Unos valores que varían enormemente entre un municipio y otro de la isla. En el caso de Sant Llorenç des Cardassar es de 79,83 euros; 90 en Sineu; 95 en Costitx; 100 en Ariany; 145 en Sencelles; 152 en Petra y 300 € en Montüiri. Las ordenanzas también fijan valores máximos de la cuota fija que van, por ejemplo, de los 35.694 € del subgrupo parque acuático en Llucmajor, 30.592 euros de grandes establecimientos de restauración que incluyen espectáculo en Bunyola o los 23.439,52 euros del subgrupo puerto deportivo en Andratx.
Pago por generación
La frase de ´Quien contamina paga´ tiene más enjundia de lo que parece a simple vista, aunque pase casi desapercibida en la normativa municipal actual. Porque echando un vistazo a las ordenanzas de residuos de Mallorca y salvo honrosas excepciones, no hay bonificaciones ni reducciones en el recibo de tratamiento de residuos para aquellos ciudadanos comprometidos con el reciclaje. "¿Cómo se va a incentivar al ciudadano que recicle si no se le premia reduciéndole el recibo que paga anualmente?", apuntan fuentes del sector.
Y Europa empuja. La Directiva Marco de Residuos establece que en 2020 se debe reciclar el 50 % de los residuos que se generan en nuestro país. Un hito que queda años luz de Mallorca donde, el pasado mes de mayo, solamente se reciclaron el 14 % de los generados. Hay que incrementar 36 puntos porcentuales en cuatro años, un aumento tan importante que se antoja imposible.
Y la Directiva de Vertido establece que en 2016 los Estados miembros tienen que reducir el depósito en vertedero de residuos biodegradables a un 35 % del total de residuos vertidos en 1995. Y eso que España en 2012 envió 5,6 toneladas de residuos municipales biodegradables a estas instalaciones. En eso Mallorca sí que ha hecho los deberes. Del 86 % restante de residuos que generó el pasado mes de mayo y que no se reciclaron, fueron a parar a la planta de valorización energética de Son Reus. Por tanto, es un objetivo cumplido en la isla pero no así en Eivissa, Menorca y Formentera donde los residuos que no se reciclan siguen terminando en vertedero.
Por tanto, parece claro que para llegar a las elevadas cuotas de reciclaje hay que incluir en las ordenanzas municipales el pago por generación: menos residuos generados, menos se paga; a más reciclaje, más premio. Una tarea que tiene que combinarse con campañas de sensibilización sobre el reciclaje además de infraestructuras para su reciclado con tal de conseguir la anhelada economía circular que tanto busca Europa. "Existen herramientas económicas y fiscales que pueden corregir posibles externalidades y crear incentivos y señales a los agentes económicos para que adopten buenas prácticas de gestión", explican Ignasi Puig Ventosa y Sergio Sastre, de la Fundación ENT, en su artículo Las tasas de residuos en España, publicado en el número 159 de la resista Crónica Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales. Entre otros instrumentos fiscales se encuentran el impuesto del vertido o de incineración de residuos, sistemas de permisos de vertidos negociables, sistemas de bonificación-penalización, impuestos sobre productos especialmente perjudiciales ambientalmente, entre otros. El artículo se centra en el análisis de las tasas de recogida y tratamiento de residuos de 125 municipios de España, divididos en cinco grupos según sus habitantes.
A pesar de que todo parece apuntar a la misma dirección, las bonificaciones ambientales son muy poco frecuentes en las actuales ordenanzas y están relacionadas, según indica el artículo, con el fomento de la recogida separada y el compostaje. "Por ejemplo, Donostia-San Sebastián prevé bonificaciones para aquellas comunidades que participen en programas de prevención de biorresiduos ya sea de forma comunitaria solicitando un contenedor para la recogida separada de la fracción orgánica o mediante la instalación de compostadoras domésticas", explica el artículo. En el caso de Barcelona y Girona, se fomenta el uso del punto limpio o deixalleria mediante bonificaciones.
El estudio también analiza la recaudación media por habitante tanto de recogida como tratamiento de gestión de residuos por comunidad autónoma. En cuanto a recogida, y según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cada balear paga una media de 74,9 euros al año, la segunda cantidad más elevada de toda España, por detrás de Canarias (79,3 €). Una cantidad que se aleja de los 24 de Aragón, los 32,6 de Castilla-La Mancha o los 2,2 € de Madrid. En cuanto al capítulo de tratamiento o gestión de residuos, Balears está en la cabeza absoluta del ranking español con 70,5 euros al año, seguida muy de lejos por la Comunidad de Madrid con 44,3 euros. Y a años luz quedan otras Comunidades Autónomas que pagan una miseria, en términos comparativos, como es el caso de Canarias (2,8 euros), Extremadura (9,1), Región de Murcia (1,5) o Principado de Asturias con 0,5 euros. Sin embargo, en todas ellas está puesto el ojo de Europa por contribuir a que España esté en el pódium europeo en el uso del vertedero. Hecho que no sucede en Mallorca. Y es que los procesos que intervienen en la gestión de la tonelada de residuos depositada en vertedero a aquellos relacionados con el tratamiento de otra tratada en planta de valorización energética, como es el caso de Mallorca, son difícilmente comparables.
