La sentencia del caso Infanta desembocará en el Supremo. Urdangarin acaba de salir a hombros del egregio tribunal, protector de la intimidad que el cuñado de Felipe VI desnudó a su amigo Diego Torres. La satisfacción íntegra de su indemnización de un euro obedece al pleno de la sala de lo Civil, y el saqueo de Nóos llegará por vía penal. Sin embargo, llámenlo premonición.
Se juzgaba la difusión mediática de correos que ni siquiera han sido examinados. En su afán exculpatorio, los numerosos magistrados tildan a Urdangarin de miembro "secundario de la Casa Real". No se llama Casa Real, sino Casa del Rey. Y sobre todo, no hay que confundir la citada institución, de la que no forma parte Don Iñaki, de la más abstracta Familia Real en la que sí se vio inmerso. Esta confusión parece impropia de los más excelsos intérpretes del Derecho Civil, que dictan sentencia "en nombre del Rey". Por mucho menos, se condena a los difusores de los correos.
Los textos remitidos por Urdangarin sobre su vida sentimental se incorporan al caso Nóos. Con la interpretación restrictiva de la libertad de expresión a cargo del Supremo, la prensa española no podría hablar de Monica Lewinsky, un escandalo que pertenece al ámbito inviolable de Bill Clinton. De hecho, tampoco podría informarse del escándalo judicial suscitado por la becaria, y que llevó al presidente al borde de la destitución.
Por fortuna, el freno a la libertad de expresión llega cuando la sociedad ya ha podido disfrutar de ella. Hoy tampoco podría informarse sobre las desavenencias maritales de los Albertos con las Koplowitz, que afectaban sin duda a su intimidad familiar y que desencadenaron un terremoto bancario. ¿Quién podría narrarlo, sin mencionar a Marta Chávarri y el "tengo la sartén por el mango" de Alicia Koplowitz?
Por fortuna, la sentencia del Supremo en protección de los poderosos cuenta con un excepcional voto particular en contra. El magistrado Francisco Javier Arroyo devuelve la libertad de expresión a su pedestal. Se opone a la sentencia mayoritaria, desde la convicción de que "los medios tienen el deber y el derecho de informar sobre personajes que influyen en la vida de los ciudadanos". A diferencia de la sala, no omite que "consta que el Sr. Urdangarin tenía una alta capacidad de gestión de eventos públicos". Concluye que los comentarios en prensa son "absolutamente anodinos o insustanciales". Pese al disidente, las libertades pagan un elevado precio por el desdichado empeño de acomodar el Estado a los Borbón Urdangarin.
