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Medio ambiente

Vidas segadas, naturaleza esquilmada (y III)

La lucha en contra de la explotación ilegal de la madera, minerales, metales o especies tiene, en ocasiones, un coste demasiado elevado

Máxima Chaupe, premio Goldman 2015, lidera las movilizaciones contra la construccio?n de una mina en el norte de Perú Global Witness

En terreno peligroso es un informe anual que publica la organización Global Witness de Reino Unido y que este año ha reflejado un dato preocupante: durante 2015 se registraron 185 muertes relacionadas con el expolio de materias primas en el mundo. Una situación que viene agravándose desde el año 2002. De los defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 2015, 67 eran indígenas, lo que supone casi un 40 % del total, con un aumento de 20 víctimas desde 2014. Sin lugar a dudas, el porcentaje real es superior, ya que generalmente la identidad indígena de la víctima no se comunica. Una víctima que se enfrenta a una escalada de violencia y que no recibe protección.

Filipinas: el pueblo lumad

"Los asesinos llegaron alrededor de las tres de la madrugada del 1 de septiembre. Despertaron a la gente y les obligaron a congregarse en la pista de baloncesto. Impidieron que Tatay Emok se marchara [...]. Lo ataron de pies y manos, lo degollaron, lo dispararon en el pecho y lo dejaron muerto. Nos dijeron que abandonáramos nuestra comunidad en dos días o acabarían con todos nosotros". Michelle Campos, defensora de la tierra, sabe que arriesga su vida cuando habla sobre los delitos cometidos contra los indígenas del pueblo lumad de Mindanao, Filipinas. En una carta abierta publicada en un periódico de Manila narra la brutal ejecución de su padre y su abuelo a manos de un grupo armado, a vista de sus familiares y su comunidad. Un tercer hombre, el director de la escuela local, fue detenido por el conocido grupo paramilitar Magahat-Bagani y posteriormente lo encontraron muerto, con indicios de tortura. La violencia desencadenó un éxodo masivo de unos 3.000 miembros del pueblo indígena lumad, que huyeron a pie al pueblo más cercano, a 16 kilómetros. "El abuelo de Michelle, Dionel Campos, había sido el líder de una organización comunitaria que luchaba contra la explotación de las considerables reservas de carbón, níquel y oro de la zona por parte de empresas mineras internacionales y locales", explica el informe de Global Witness. Los intereses agroindustriales y mineros de las tierras de los pueblos indígenas sin el consentimiento de éstos es una de las causas fundamentales de los conflictos de la región de Mindanao, que está fuertemente militarizada. Las misiones de derechos humanos han documentado graves abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, concentradas en aquellas zonas donde las empresas pretenden obtener el control de la tierra y los recursos. "En total, documentamos 22 asesinatos de activistas del pueblo lumad en 2015, lo que convierte Mindanao en una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente", añade el documento. Todo ello a pesar de que la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997 obliga al Estado a proteger al pueblo lumad, pero que hasta la fecha ha tenido poco peso y los sucesivos Gobiernos han apoyado la agresiva campaña de explotación de los ricos recursos de la región. Según las organizaciones locales, las solicitudes de permisos de minería ya abarcan más de 500.00 hectáreas de tierra de Mindanao y más de 700.000 hectáreas se van a convertir en plantaciones agroindustriales.

Las atrocidades cometidas en la comunidad de Michelle suscitaron una amplia condena por parte de organizaciones de la sociedad civil y expertos de las Naciones Unidas que exigieron al Gobierno de Filipinas que emprendiera un estudio independiente y completo. Sin embargo, "hasta la fecha no se ha llevado a nadie ante la justicia. Habitantes locales informan de que los asesinos son conocidos y siguen actuando con impunidad", apostilla

Mientras, en Mindanao la violencia continúa incontrolada y se dice que a principios de 2016 ha habido varios asesinatos más. A pesar de la amenaza constante, Michelle no abandona su lucha por la justicia. "Hablamos, pero se nos silencia constantemente [...]. Escúchennos ahora, ofrézcannos su espacio y déjennos hablar", sentencia

Colombia: pueblos indígenas

Fabio Moreno lleva escondido desde el 7 de abril de 2015, el día en que mataron a tiros a su amigo y defensor del medio ambiente, Fernando Salazar Calvo, a las puertas de su casa. Durante las semanas previas al ataque, ambos recibieron amenazas de muerte para advertirlos de que abandonaran su labor de protección de su tierra ancestral, el Resguardo Indígena Canamomo Lomaprieta del centro de Colombia, que es rico en recursos. Su grupo indígena, el Embera Chami, lleva cientos de años practicando aquí una extracción de oro a pequeña escala respetuosa con el medio ambiente. Pero, a pesar de que las autoridades tradicionales declararan la tierra como prohibida para la explotación, el Gobierno ha aprobado concesiones mineras en la zona. "Esto ha allanado el camino para la prospección llevada a cabo por multinacionales mineras como AngloGold Ashanti y para la minería ilegal realizada por grupos armados", explica el documento. En total, en 2015 se registraron nueve asesinatos de defensores de la tierra indígena en Colombia, aunque es probable que el número de victimas real sea mayor. Los pueblos indígenas sufren actos de violencia relacionados con el conflicto armado que se está desarrollando en el país y han sido testigos de acaparamientos de tierras a gran escala y desplazamientos en sus territorios. Las grandes actividades agroindustriales, mineras y extractivas están agravando los enormes niveles de desigualdad en la distribución de la tierra, la pobreza y la degradación ambiental que ya existen. Según los grupos de derechos humanos, los principales sospechosos de una gran parte de la violencia son grupos paramilitares que trabajan en connivencia con elites políticas y empresariales locales.

Hasta la fecha no se ha detenido a nadie por el asesinato de Fernando Salazar Calvo. Moreno sigue escondido, alejado de su familia y su comunidad pero, a pesar de los graves riesgos a los que se enfrenta, continua su labor de protección de la tierra y los recursos del pueblo Embera Chami. "Lo que esta gente quiere es que la organización [Embera Chami] no intervenga en absoluto en las cuestiones de minería [...] para que puedan entrar las empresas", añade.

La industria extractiva y minera

La industria extractiva y minera fue el sector que más relacionado está con los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en 2015, con 42 casos en 10 países. Resulta alarmante que esta cifra represente un aumento de casi un 70 % respecto a 2014. Los países más afectados en cuanto a los activistas contra la minería se refiere fueron Colombia, Perú y Filipinas. Las empresas mineras están aumentando su producción para compensar por la pérdida de beneficios ocasionada por la caída de los precios de las materias primas y, en el proceso, están causando daños ambientales y conflictos con las comunidades. Esta intensificación de la extracción de recursos ha provocado desastres ambientales como el de Minas Gerais, en Brasil, donde el barro tóxico vertido por la rotura de una presa propiedad de una empresa minera acabó con la vida de 10 habitantes en 2015. El aumento de la actividad minera ha ido de la mano de un debilitamiento de la normativa por parte de gobiernos con el objetivo de estimular nuevas inversiones mineras, lo que ha supuesto la aprobación de proyectos más peligrosos, que repercuten en las comunidades.

Los defensores de la tierra y el medio ambiente de estas comunidades están siendo asesinados en cantidades nunca vistas por enfrentarse a las empresas mineras que contaminan sus fuentes de agua, acaparan sus tierras y ponen en peligro su sustento. Con demasiada frecuencia no se consulta a las comunidades afectadas sobre las decisiones que afectan a su entorno y su forma de vida. Los gobiernos deben garantizar la transparencia de los procesos para otorgar concesiones mineras y asegurarse de que las comunidades den su consentimiento a los proyectos que van a ejecutarse en su tierra. Además, deben atender las exigencias más generales en favor de los derechos de los indígenas a proseguir su propio desarrollo. Muchos gobiernos de países en desarrollo fomentan activamente la minería como parte de sus programas de desarrollo, a pesar de que haya pocas pruebas que demuestren que este sector beneficie a las comunidades locales. A lo largo de 2015, la caída constante de los precios de las materias primas provoca que las empresas y los Estados relajaran su normativa ambiental. En Perú, por ejemplo, la Ley 30230 redujo el tiempo asignado para las evaluaciones del impacto ambiental en un intento por fomentar más inversiones mineras.

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