El derecho a un medio ambiente sano y saludable, el derecho a la propiedad o al de manifestación no lo son, en realidad, en otros países a pesar a estar recogidos en su legislación. Por ello, denunciar la tala indiscriminada, la extracción de oro o reivindicar la propiedad de tierras ancestrales puede salir muy caro si va en contra de los intereses gubernamentales y empresariales.
Como consecuencia de todo ello, el pasado 2015 se registraron 185 muertes relacionadas con el expolio de materias primas. Así se ha puesto de manifiesto en el informe En terreno peligroso publicado por la organización Global Witness de Reino Unido. Lejos de ser una situación coyuntural, desde el año 2002 se han contabilizado un total de 1.776 casos. Durante el pasado 2015, Brasil fue el país con más asesinatos (50), seguido de Filipinas (33), Colombia (26), Perú y Nicaragua con 12 cada uno y la República Democrática del Congo con 11. Así hasta un total de 185 durante 2015. "Es probable que nuestros datos sobre estos asesinatos subestimen el problema ya que muchas muertes no se denuncian, especialmente las de zonas remotas y aisladas", explican desde Global Witness. Un seguimiento que se ve dificultado por la represión en medios de comunicación y de la sociedad civil en algunos países, especialmente los ubicados en Asia y África. "Los gobiernos y las empresas están usando medidas legales para atacar a los activistas y obstaculizar su defensa legitima de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente", añaden.
Presuntos autores
Rara vez hay autores de asesinatos de los defensores del medio ambiente que comparecen ante la justicia debido a que los gobiernos no investigan ni procesan adecuadamente a nadie. Así de rotundo se muestra el Informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos editado por Naciones Unidas. Y es que según se asegura, muchas autoridades o bien cierran los ojos o bien impiden activamente la investigación de estos asesinatos por la connivencia que existe entre intereses corporativos y estatales, los principales sospechosos de los asesinatos. Una situación de impunidad que parece no tener fin. La falta de responsabilidad penal dificulta que se denuncie a los autores ya que a menudo no se dispone de información detallada sobre los responsables de los asesinatos ni de informes públicos sobre las investigaciones policiales. Incluso en los casos poco frecuentes en los que se arrestó a los presuntos asesinos, había pocos indicios de que se hubiera investigado a quienes encargaron los asesinatos.
Sin embargo, en 2015 Global Witness encontró información parcial sobre los supuestos autores de 97 casos. "La información indica claramente la implicación del Estado y las empresas en los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente. Se sospecha que grupos paramilitares llevaron a cabo 16 ejecuciones extrajudiciales en Colombia y Filipinas, donde supuestamente operan con el respaldo del ejército e intereses empresariales. El propio ejército estuvo implicado en 13 asesinatos, la mayoría también en Colombia y Filipinas", detalla el informe. En Birmania e Indonesia también se denunciaron supuestos asesinatos cometidos por el ejército.
Unos derechos, como el de manifestación, que también se vulneran y ponen en peligros a los que lo ejercen. Así, nueve personas murieron en manifestaciones contra minas de Perú, país que hace poco modificó la legislación nacional en materia de medio ambiente para fomentar una mayor inversión en minería. Hombres armados contratados como seguridad privada por empresas y grandes terratenientes también fueron sospechosos de 11 asesinatos, principalmente por haciendas y plantaciones de Brasil y Filipinas. En otros 13 casos encontramos información de que se sospechaba que acaparadores de tierras de Brasil habían acabado con activistas comunitarios.
Brasil, en cabeza
El 25 de agosto de 2015, cuando volvían a casa, dos hombres desconocidos tendieron una emboscada y atacaron a Raimundo dos Santos Rodrigues y su esposa, Maria, informaron desde la Federación Internacional para los Derechos Humanos. Maria sobrevivió pero su esposo falleció. Raimundo, cuyo nombre se dice que estaba en una lista negra de activistas ambientales según las mismas fuentes, se convirtió así en la última víctima de la lucha para proteger los derechos de las comunidades en la Amazonia brasileña. Raimundo trabajó para defender la Reserva Gurupi, un lugar de gran biodiversidad en la provincia de Maranhao de la selva tropical amazónica de Brasil. Era un destacado defensor ambiental, que defendía los derechos de los agricultores a pequeña escala, asesoraba sobre iniciativas de conservación, según la organización Front Line Defenders, radicada en Dublín. Además, defendía la tierra indígena frente a los terratenientes poderosos y denunciaba la tala ilegal.
Y es que la tala ilegal prolifera en Maranhao, donde una gran parte de la selva amazónica ya se ha talado, según publicó a principios de año la revista National Geographic. Actualmente, en las fronteras entre los terrenos agrícolas y los bosques tropicales, la violencia está a la orden del día. Tras varias campanas que exigían justicia, en marzo de 2016 la policía detuvo a dos hombres por el asesinato de Raimundo, una buena noticia en un país en el que la gran mayoría de los autores de actos violentos contra personas que defienden el medio ambiente no comparecen ante la justicia y quedan impunes.
En 2015, en Brasil se registraron más asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente que en cualquier otro año y país del mundo. "Los 50 que nosotros pudimos verificar, con información facilitada por la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil, casi doblan la cantidad de asesinatos acaecidos en 2014", asegura el informe de Global Witness. La mayor parte de los asesinatos se produjeron en los estados amazónicos de Maranhao, Para y Rondonia, que han sido testigos de una oleada de violencia relacionada con las haciendas y plantaciones que están invadiendo la tierra en la cual las comunidades rurales carecen de derechos.
"Las empresas agroindustriales, los madereros y los terratenientes contratan a sicarios para silenciar la oposición local a sus proyectos. Se persigue a los líderes locales y sus comunidades se ven desplazadas a la fuerza por estos poderosos intereses económicos. El nivel actual de violencia ha provocado una alarma creciente", concluyen. La experta de las Naciones Unidas Victoria Tauli-Corpuz habla abiertamente de una "guerra abierta" para referirse a cómo la frontera agrícola está expandiéndose y adentrándose en la Amazonia. En marzo de 2016, destacados grupos ambientales y de derechos humanos de Brasil exigieron al Gobierno una respuesta urgente a esta crisis.
