La Guerra de la Independencia española contra el "gran corso", Napoleón Bonaparte, iniciada con el levantamiento en Madrid del dos de mayo de 1808, daba sus postreras bocanadas, allá en los inicios de la segunda década del siglo, cuando un acaudalado armador mallorquín, Jaime Escat, que para sacar adelante sus negocios pasaba muchos meses en Madrid, negoció con el Gobierno del reino de España la concesión a éste de un abultado empréstito, enmarcado en lo que entonces se denominaban "créditos de ultramar", para que las depauperadas arcas públicas pudieran hacer frente al vencimiento de numerosos pagos. La fortuna de Jaime Escat, miembro de la familia Escat Villalonga, era tan considerable que le posibilitó poner a disposición del Gobierno de Su Majestad el rey Fernando VII, que ha pasado a la historia como el rey felón, el peor de los Borbones, una suma astronómica para la época, nada menos que 1.699.330 reales de vellón y 23 maravedíes. Los cálculos que el fallecido abogado del Estado Paco Medina hizo en su día para actualizar el montante de la deuda la sitúan en más de cinco mil millones de euros e incluso, la cantidad podría alcanzar los ocho mil millones. Sin duda una de las más sustanciosas que el Estado ha contraído nunca con un ciudadano español.
Jaime Escat, dicho queda, era un armador que con su flota mercadeaba con las posesiones españolas en Latinoamérica. En el primer tercio del siglo XIX España todavía mantenía el control de buena parte de su imperio colonial, aunque ya se habían iniciado las insurrecciones que en pocas décadas lo liquidarían, hasta desaparecer por completo con la pérdida de los restos del imperio en 1898, a causa de la guerra contra los Estados Unidos en Cuba y Filipinas. El armador Escat no llegó a reclamar la devolución del préstamo por diversas circunstancias que uno de sus descendientes, Ventura Catany, no ha podido aclarar aunque sí obran en su poder los documentos originales que atestiguan tanto la veracidad del empréstito como la notificación del ministerio de Hacienda admitiéndolo y el inicio del pleito que la familia del armador planteó para tratar de recuperar el crédito.
Retrato de Jaime Escat, quien en 1870 inició el pleito para recuperar el préstamo. V:C:
Pero cuál era el lugar de procedencia de la familia Escat. Parece que Tossa de Mar, en Girona, es la cuna de una de las sagas más ricas de la España de los inicios del siglo XIX. La vinculación con Mallorca se debe a que un descendiente del armador, otro Jaime Escat, se casó con una mallorquina, igualmente de familia acomodada, María Cantany Seguí (hermana del padre de Ventura Catany), cuyos padres eran los propietarios de la finca de Son Grau, ubicada en el término municipal de Campanet. Puede que el matrimonio tuviera un punto de conveniencia, ya que se trataba de juntar dos fincas: la citada de Son Grau y la de Gabellí, donde estan las Fonts Ufanes, entonces propiedad de los Escat. La cosa no salió como se esperaba, ya que Son Grau fue vendida poco después.
España vivió a lo largo del siglo XIX uno de los períodos más convulsos de su historia: a las guerras civiles desencadenadas por los carlistas tras la muerte de Fernando VII, que abrogó la Ley Sálica para que su hija Isabel II fuera reina de España, en contra de las pretensiones de su tío, el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, hay que sumar los constantes pronunciamientos militares, la caída de la monarquía borbónica, la entronización de Amadeo I, duque de Aosta, la Primera República y la posterior restauración borbónica. Décadas de constantes convulsiones que sin duda no facilitaron las pretensiones de los herederos de Jaime Escat. Planteado el pleito, los sucesivos gobiernos se escudaban en que el crédito, pese a los documentos acreditativos, no se había otorgado en moneda sino en especias destinadas al Ejército por lo que no cabía reclamar ninguna cantidad.
1870
Situémonos en 1870, año en el que un descendiente directo del armador Jaime Escat Gibert pone en manos de un abogado los documentos que dan fe de la concesión del préstamo, a fin de que presente el correspondiente pleito para reclamar al reino de España la devolución del crédito. En 1870 ya han transcurrido dos años desde que la Revolución, conocida como La Gloriosa, encabezada por el general Serrado, duque de la Torre, tras el simulacro de la batalla de Alcolea, ha enviado al exilio a Isabel II. La efervescencia política es absoluta en esos años, no existe el menor atisbo de estabilidad institucional. El abogado en el que Jaime Escat ha depositado su confianza es un político notable, que está muy cerca de desempeñar un papel preponderante en los acontecimientos que se sucederán en pocos años. Se trata de Francesc Pi Margall, abogado catalán de ideología republicana federal. En 1873 llegará a la jefatura del Estado. Será el segundo presidente, tras Estanislao Figueres, de la Primera República, que en el transcurso de su efímera existencia de apenas once meses verá sucederse cuatro presidentes: Los dos citados más Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, a quien depondrá, plausiblemente con su connivencia, el general Pavía, para poco después ser proclamado rey en Sagunto por otro general, Martínez Campos, el hijo de Isabel II, Alfonso XII.
Fernando VII, pintado por Goya, el monarca al que Jaime Escat concedió el préstamo.
Pi Margall se hace cargo del pleito después del poder que ante el notario del Colegio de Madrid, Zacarías Alonso Caballero, le otorga Jaime Gibert. Pone en marcha el farragoso aparato jurídico para emplazar al ministerio de Hacienda a que reconozca la concesión del crédito y proceda a su devolución más los correspondientes intereses. Transcurren los años sin que haya un acuerdo llegándose a 1873 con la cuestión sin resolver. Entonces, Amadeo I, que es el rey de España patrocinado por el general Prim, asesinado nada más llegar a España el nuevo rey por unos sicarios en la calle del Turco en Madrid, seguramente por encargo del duque de Montpensier, Antonio María de Orleans, padre de la primera mujer de Alfonso XII, su prima hermana María de las Mercedes de Orleans Borbón, decide renunciar al trono y regresar a Italia.
El vacío institucional es de inmediato aprovechado por los republicanos que fuerzan el cambio de régimen: se proclama la Primera República española. Es el momento de Pi Margall, quien tras la renuncia del Figueres es elegido por el Congreso de los Diputados presidente de la República. Su mandato durará apenas dos meses, el tiempo suficiente para que el pleito que le ha encargado Jaime Escat entre en vía muerta. La colusión de intereses es evidente: el jefe del Estado no puede ser el abogado de la parte que pleitea contra el Estado. Parece que Jaime Escat es consciente de que no hay nada que hacer por lo que de hecho renuncia, aunque no hay constancia documental de que optara por esa solución. Una de las causas por las que pudo desistir de seguir pleiteando, además de por la cuestión de Pi Margall, fue la respuesta que se recibió por parte del ministerio de Hacienda que insistió en la vieja tesis de que el préstamo no existió como tal sino que se trató de la entrega de especias destinadas a las tropas españolas de ultramar. Era un argumento falaz porque hay que insistir en que existen los documentos originales que acreditan la entrega del dinero en efectivo, el más de millón y medio de reales de vellón y los 23 maravedíes.
Olvido
¿Que sucede a partir de 1873? Nada. La familia Escat se olvida del asunto, los documentos quedan arrumbados junto a otros muchos de la familia hasta que Ventura Catany los recupera dándose cuenta de que en ellos reside el potencial para plantear nuevamente un pleito en toda regla al reino de España para al menos intentar la devolución del crédito que dos siglos antes uno de sus antepasados había concedido al Estado. Ventura Catany, quien ya ha entrado en la octava década de su existencia, sabe que es una empresa difícil, que es muy posible que no se salde con el éxito, pero no desiste de intentarlo. En su momento puso a disposición del citado Paco Medina los papeles. El abogado del Estado realizó la actualización de la deuda estableciendo aproximadamente, y a falta de otros estudios, que la cantidad a devolver no bajaba de los cinco mil millones de euros. Una fortuna, lo que llevó a quien fue uno de los más altos directivos de Banca March, Alfredo Lafita, a comentarle a Ventura Catany que la cantidad era tan abultada que el Estado nunca se avendría a devolverla.
Así están las cosas. Ventura Catany está a la espera de llevar a cabo otras consultas, ya que algunos abogados le han comentado que es difícil pero que existen posibilidades de montar un pleito con posibilidades de obtener un desenlace favorable, dado que los documentos que acreditan la concesión del préstamo son taxativos.
Encargo del general franco
Ventura Catany tiene muchas otras historias por contar, entre ellas la del encargo que le hizo el general Franco para que le realizara un detallado estudio sobre una finca mallorquina ubicada en las cercanías de Porto Pi. El encargo le fue encomendado por el dictador en 1975. En octubre de este año Ventura Catany concluyó el estudio viajando a Madrid para ser recibido en El Pardo por Franco, quien le había citado para mediados de mes, puesto que mostraba gran interés por la finca. Cuando Ventura Catany llegó a la residencia de Franco se encontró con que éste no podía recibirle. Eran los días en los que el dictador inició la interminable agonía que le llevó a la muerte el 20 de noviembre de aquel año. Ventura Catany fue remitido al palacio de La Zarzuela, donde residía el en aquel momento príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, el futuro rey, que acababa de asumir la jefatura del Estado en funciones. Allí Ventura Cantay hizo entrega del estudio, del que nunca más se supo.
Al preguntarle, volviendo al pleito planterado por su antepasado, si ha decidido ya reactivarlo, insiste en que aguarda a lo que le puedan decir los abogados con los que ha consultado. Dice ser consciente de que lo que le manifestó Alfredo Lafita pesa mucho, que difícilmente el Estado se avendrá a devolver a su familia una cantidad tan desorbitada, pero insiste en que los documentos que obran en su poder, reproducidos aquí, dan fe de que el Estado español en la lejana fecha de 1815contrajo con Jaime Escat una deuda que en derecho tiene que ser satisfecha.
Sabe que el pleito, de reiniciarse, podría eternizarse, pero otra vez insiste en la legitimidad de la posible demanda: existe constancia por parte del ministerio de Hacienda de 1870 de la concesión del préstamo, de que éste se concedió en metálico, no en especias, como corrobora otro de los documentos y de que quien llegaría a ser jefe del Estado, el segundo presidente de la Primera República, fue el abogado que inicio el pleito abandonado unos años después. Con ese arsenal, Ventura Catany considera que puede abrir nuevamente la vía judicial y aguardar un desenlace favorable.
Su lejano antepasado, Jaime Escat, el armador que en los inicios del siglo XIX puso a disposición del reino de España 1.699.330 reales de vellón y 23 maravedíes sería por fin resarcido, dos siglos después, se le podría reconocer el derecho que le asistía a que se le devolviera, con los correspondientes intereses, el dinero que prestó a una esquilmada hacienda pública, en los años en los que la decandencia de España se aproximaba velozmente a su punto más bajo, la que en 1898 le haría perder sus últimas colonias: Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico.
