El pasado año se aprobó el Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE en expresión abreviada. Más de cien páginas, muchas de ellas de denso contenido técnico. Todo un tratado sobre el tema.
Es, por tanto, de elogio la dedicación que ha supuesto para los expertos del ministerio, si bien en parte es el resultado de transponer la directiva aprobada hace un par de años, Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Estos residuos representan un volumen importante en términos cuantitativos (aproximadamente el 4 % del total) y en términos cualitativos, ya que parte de ellos tienen la consideración de peligroso para la salud de las personas y para el medio ambiente, dados los diferentes materiales que los integran. No obstante, y una vez reconocido el esfuerzo, se abren interrogantes sobre la aplicación práctica del RD.
Establecer normativa es un trabajo que requiere de un gran esfuerzo técnico para convertir las líneas políticas marcadas en un texto que a la vez cumpla con las normas superiores, técnicamente sea razonable, ajustado a derecho y viable. Podemos y debemos ser ambiciosos en los objetivos, pero con realismo. A nadie, ni siquiera a Usain Bolt, se le ocurre ponerse como objetivo correr los 100 metros libres en dos segundos, porque por mucho que se empeñe y lo ponga por escrito, sabe que no es humanamente posible. Algo parecido creo que ocurre con determinados apartados del RD.
La jerarquía de residuos que establece la Unión Europea no es una verdad absoluta e inamovible. Las propias directivas establecen la necesidad de analizar caso a caso su aplicación mediante el análisis del ciclo de vida. El RD, en un loable esfuerzo para mejorar los resultados del apartado preparación para la reutilización, superior jerárquicamente al reciclaje, introduce una batería de medidas que, sencillamente, son impensables en muchos de nuestros municipios, limitados en sus recursos, en los que apenas alcanza para tener una zona destinada a punto verde, deixalleria o similares. Pretender que en plazos breves de tiempo se consiga modificar sustancialmente el modelo de recogida de los RAEEs en la mayoría de municipios es utópico, fuera de la realidad.
En estos casos, ocurre frecuentemente que el resultado real obtenido es peor que la situación de partida, que en nuestro caso ya es mala. Nos parece, con todo el respeto, que aplicar los esfuerzos de gestión de estos residuos mayoritariamente hacia el reciclaje frente a la obsesión por la preparación para la reutilización sería una opción mucho más viable en la práctica, eficaz, eficiente, sencilla de ejecutar y, a la postre, mejor para el medio ambiente y la salud de las personas.
Un somero análisis del mercado actual de aparatos eléctricos y electrónicos nos permite encontrar electrodomésticos, ordenadores y otros equipos a precios tan bajos que se hace difícil pensar que alguien pueda optar por adquirir equipos procedentes del proceso de preparación para la reutilización.
Por otra parte, también cuesta visualizar que sea posible establecer instalaciones para la recogida y la posterior preparación para la reutilización cumpliendo los requisitos establecidos en el RD y que tengan unos costes competitivos en el mercado en comparación con la oferta de productos nuevos.
En el lado positivo, aplaudimos el esfuerzo puesto en diferenciar, fomentar y destacar lo que es un aparato eléctrico o electrónico usado, frente a un residuo de aparato eléctrico o electrónico. Este concepto, que como tal y que yo sepa, aparece por primera vez en la normativa, podría extenderse a otros flujos de residuos, como puede ser la ropa usada o algunos materiales de construcción o subproductos y simplificar la gestión evitando que determinados flujos de materiales pasen a depender de la normativa de residuos, mucho más restrictiva y compleja que la normativa de productos.
Asimismo nos parece elogiable el interés demostrado en involucrar las llamadas entidades de economía social, que llevan a cabo una labor encomiable, en el ciclo de vida de los AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y sus residuos. Todo ello, sin olvidar las reglas básicas de la economía de mercado, y asignando la responsabilidad de forma extensa a los fabricantes de los productos que luego acaban siendo residuos. Se mantiene la figura de los sistemas integrados de gestión, que funcionan razonablemente bien en materia de residuos domésticos, pero que en el caso de RAEE han presentado dificultades derivadas de su elevado número y especialización, que esperamos se resuelvan con el nuevo RD.
Finalmente, una reflexión. Este afán político por legislar, muy superior en todos los casos al afán por hacer cumplir lo ya legislado, como ocurre en este caso, en el que no se cumple ni por asomo la normativa a la que sustituye el nuevo Real Decreto. Las normas, a medida que se hacen más complejas, son más difíciles de cumplir y de hacer cumplir. En este caso, hacerla cumplir mínimamente supone de entrada la necesidad de incrementar de forma notable los medios en inspección y sanción, así como los medios técnicos para autorización y seguimiento de las instalaciones, además y sobre todo, de la firme voluntad de los responsables políticos que hasta ahora ha brillado por su ausencia.
Todo ello en un entorno de restricción de lo público, y en especial de la contratación de personal funcionario en las administraciones locales. Lo dicho, una utopía.
(*) Ingeniero industrial
