La Guardia Civil y la Policía Nacional, con ocasión de la lucha contra las mafias que surten de material a los vendedores ambulantes, se ha incautado en dos años de 43.680 artículos destinados a la posterior venta callejera en Baleares.
Por estos hechos delictivos han resultado imputadas 48 personas por delitos contra la propiedad industrial.
En 2017, las actuaciones más destacadas fueron las operaciones "Sargantana" y "Marmadis", en colaboración con la Policía Local de Palma, que dieron lugar a la imputación de 29 personas por delitos contra la propiedad industrial tras la inspección de 41 establecimientos comerciales y 8 almacenes, donde fueron intervenidos 41.515 artículos.
Son datos del trabajo policial contra la venta ambulante realizado durante estos dos últimos años de legislatura del Estado y que ha difundido hoy la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares.
Desde su nombramiento en noviembre de 2016, la delegada del Gobierno, María Salom, se ha reunido en diversas ocasiones con los sectores más afectados por la venta ambulante, principalmente las patronales del comercio, además de vecinos, el Ayuntamiento de Palma y el Govern balear con el propósito de dar respuesta a este problema.
La delegación recuerda que en junio del año pasado ofreció su "total colaboración dentro de las competencias estatales" para hacer frente a este problema, y recordó que "los municipios que tienen aprobadas ordenanzas municipales funcionan mejor contra la venta ambulante".
Desde el pasado verano, la Delegación del Gobierno está asesorando e insistiendo en cada junta de seguridad municipal sobre la necesidad de aprobar ordenanzas municipales sobre la venta ambulantes, que se están "demostrando efectivas" para controlar este comercio ilegal.
Salom ha asegurado hoy que la Delegación del Gobierno "cumple con sus competencias" y ha considerado que el resto de administraciones, autonómicas y municipales, "deberían hacer lo mismo en lugar de desviar la atención".
La delegada del Gobierno ha respondido de este modo a las críticas que sobre este asunto ha realizado esta semana la presidenta del Govern balear, Francina Armengol.
En el comunicado se recuerda que la ley balear de Comercio de 2014 "establece que la inspección y sanción de las infracciones en materia de venta ambulante son competencia de cada ayuntamiento".
Además, "la ley fija los puntos mínimos que tienen que especificar las ordenanzas municipales y, finalmente, también marca el plazo para que los ayuntamientos regulen o adapten sus ordenanzas de venta ambulante al que la ley establece".
Además, los ayuntamientos y entidades locales que no dispongan de ordenanza municipal específica sobre venta ambulante pueden acogerse a la legislación estatal que faculta a las diferentes policías locales a actuar de forma general ante situaciones como ésta, ha señalado la Delegación del Gobierno en su nota.
