Las pesquisas se prolongaron durante varios meses antes de poner en marcha la fase de explotación. Las actuaciones estuvieron tuteladas por el juzgado de instrucción número tres de Manacor y contaron con la colaboración de la Inspección de Trabajo.
Los investigadores llevaron a cabo hace unos días cinco registros simultáneos en el domicilio y los prostíbulos regentados por el empresario en la zona del Llevant de la isla. En estos inmuebles había instalado un sofisticado sistema de videovigilancia, en circuito cerrado, para detectar este tipo de dispositivos policiales y alertar con antelación para evitar ser sorprendidos.
Durante los registros practicados se constataron las condiciones antihigiénicas que se registraban en los establecimientos habilitados como prostíbulos, tanto en las zonas comunes como en las habitaciones. Los agentes identificaron a varias trabajadoras y víctimas de trata.
Las mujeres se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad económica y estaban sometidas a condiciones desproporcionadas y abusivas por parte de los responsables de los clubes de alterne.
Investigación abierta
En el operativo conjunto participaron más de 60 agentes de la Policía Judicial, el Grupo de Delitos Tecnológicos, la brigada de Seguridad Ciudadana, Guías Caninos y subinspectores de la Delegación Territorial de la Inspección de Trabajo.
Al irrumpir en los establecimientos, los agentes utilizaron perros adiestrados para detectar tanto las sustancias estupefacientes como los billetes que obtenían las víctimas de explotación sexual en unas condiciones manifiestamente insalubres.
Uno de los aspectos que más sorprendió a los investigadores fue la elevada cantidad de dinero en efectivo intervenido en los prostíbulos y en el domicilio. El montante incautado alcanzó los 200.000 euros en metálico. De hecho, los agentes tuvieron que emplear un tiempo elevado para contar y recontar los billetes.
Esta circunstancia atestigua que las víctimas eran sometidas a un régimen de permanente explotación sexual, que dejaba unos elevados beneficios a los proxenetas. Además de los ingresos que obtenían con la trata de mujeres, su otra gran actividad delictiva era el narcotráfico. Buena prueba de ello es que encontraron dosis de cocaína listas para su venta y numerosos útiles para su manipulación. Respecto a los medicamentos confiscados destinados a aumentar la potencia sexual, todos ellos tenían prohibida la comercialización.
La investigación continúa abierta. Los investigadores están analizando la documentación intervenida, así como del entramado empresarial ideado por el grupo delictivo para evitar ser detectados. Los agentes no descartan nuevas detenciones.
