La fiscalía reclama una pena de cuatro años de prisión para una mujer por presuntamente apoderarse de casi 100.000 euros del anciano que cuidaba realizando extracciones bancarias aprovechándose de la relación de confianza que existía entre ambos en Palma.
La asistenta, de 64 años y origen ecuatoriano, trabajó al cuidado del nonagenario y vivió con él en su casa en Palma desde 1997 hasta enero de 2015, cuando el perjudicado por motivos de empeoramiento de su salud tuvo que ser ingresado en la residencia Cala Estància. Entonces, la relación laboral cesó y la cuidadora dejó de residir en su domicilio.
El ministerio público acusa a la mujer de un delito continuado de apropiación indebida agravado por la cuantía defraudada y por el abuso de la relación personal y profesional que existía. Además de los cuatro años de cárcel, la acusación pública solicita también una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros y una indemnización de 97.130 euros, que es la cantidad que se estima que hizo suya en los últimos años.
La Audiencia de Palma tiene previsto juzgar a la asistenta la próxima semana. Según la tesis de la fiscalía, la mujer trabajaba como cuidadora personal del anciano, nacido en 1918, e incluso vivía en su casa en Palma entre 1997 y 2015.
Durante ese periodo, el hombre tenía plena confianza en la empleada, quien se encargaba del cuidado de la casa y de las necesidades que él pudiera tener.
Así, la acusada le acompañaba al banco para extraer dinero de alguna de las tres cartillas de las que disponía. Con esas cantidades, se pagaban los gastos habituales para vivir, incluido el sueldo de ella, su manutención y otros gastos domésticos.
Las extracciones las realizaban habitualmente en los cajeros automáticos, a los que acudían los dos. En otras ocasiones, la sospechosa iba sola al cajero y, además de sacar el dinero que precisaban para los gastos habituales, presuntamente extraía otras elevadas cantidades en metálico. Utilizaba las cartillas y los números secretos que la víctima le facilitaba. Estos hechos fueron más frecuentes a partir de 2013 cuando la movilidad del anciano se deterioró por una caída que le provocó la rotura del fémur.
La mujer habría ocultado al anciano estos movimientos. La fiscalía estima que la acusada se apropió de 97.130 euros sin el consentimiento del perjudicado, al tener en cuenta que para cubrir su salario y otros gastos domésticos precisó 10.000 euros.
