La fiscalía pide penas que suman doce años y medio de cárcel para dos acusados de estafar a un discapacitado y su madre con préstamos hipotecarios en Palma. Los sospechosos son un abogado con antecedentes por el mismo delito y un compinche suyo que demandó a las víctimas por impago y pidió que su vivienda saliera a subasta. Según la acusación, ambos actuaron a sabiendas de que los perjudicados no tenían capacidad económica para satisfacer los pagos del crédito y de la limitación intelectual del hijo. El juicio se celebrará la semana próxima en la Audiencia.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando el letrado formaba parte de una asociación jurídica que ofrecía créditos a través de capital privado. Uno de sus clientes fue un hombre que padece un trastorno mental y tiene reconocida una discapacidad del 67 por ciento. El afectado solo quería obtener un préstamo de mil euros, pero el procesado le convenció para aumentar la cantidad a 12.000. La víctima solo recibió 5.000.

Poco después y con falsas promesas, el letrado consiguió que suscribiera otros dos préstamos, esta vez con la vivienda de su madre como garantía. En una notaría se formalizó una hipoteca cambiaria en la que se hizo constar que las víctimas recibían 105.000 euros a devolver un año más tarde con intereses.

No solo no consta que los afectados obtuvieran este dinero, sino que además estuvieron a punto de perder la casa, ya que carecían de capacidad económica para hacer frente a la deuda. En febrero de 2009, el segundo procesado, concertado con el abogado, presentó una demanda en un juzgado de primera instancia de Palma para exigir 125.000 euros a los perjudicados y reclamar que se subastara su vivienda.

Según la fiscalía, los dos sospechosos actuaron a sabiendas de que madre e hijo desconocían los detalles del préstamo, especialmente que podían llegar a perder su casa, y que no podrían hacer frente a los pagos porque sus ingresos mensuales totales eran de 700 euros.

El ministerio público considera que estos hechos constituyen un delito de estafa agravada recayendo sobre vivienda y con aprovechamiento de la credibilidad profesional. La acusación entiende que en el caso del letrado concurre la agravante de reincidencia, por lo que reclama para él siete años y medio de cárcel y una multa de 7.200 euros. Para el otro sospechoso reclama cinco años de prisión y una multa de 3.600 euros. El juicio se celebrará el próximo jueves en la Audiencia.