La fiscalía pide seis años de cárcel para los padres de la niña mallorquina Nadia Nerea por un presunto delito continuado de estafa a donantes que aportaron dinero para tratamientos de la menor, que estaba diagnosticada de tricotiodistrofia, según el escrito de acusación del fiscal. Los padres usaron como argumento la necesidad de intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos de la niña por encontrarse en peligro de muerte a sabiendas de que era una falsedad, logrando 1.111.317 euros de los que solo destinaron a tratamientos médicos 2.707.

El fiscal sostiene que los acusados, "con ánimo de obtener un lucro patrimonial ilícito", cuando la niña tenía cinco años, en 2009, crearon la Asociación para la Tricotiodistrofia en Balears, con la excusa de recaudar fondos para el tratamiento de la enfermedad, siendo su verdadera intención destinar el dinero a su propio consumo y ocio.

Los padres, Fernando Blanco, en prisión provisional, y Marga Garau, en libertad con cargos, vivieron en Mallorca hasta 2013, a principios de ese año se trasladaron a Figols i Organyà (Lleida) e inscribieron a la pequeña en un colegio de Organyà, en el que en una reunión de padres contaron que Nadia sufría una enfermedad grave y que necesitaba tratamientos muy costosos consiguiendo que vecinos de varias poblaciones iniciaran campañas de recaudación de fondos, con venta de lotería incluida.

El escrito del fiscal relata que cuando fueron detenidos, en noviembre de 2016, en las cuentas solo quedaban 300.000 euros y asegura que en el estudio de las cuentas se han podido identificar a 5.574 donantes que efectuaron sus donaciones mediante transferencias bancarias y que no se han podido identificar a 1.006 personas que hicieron ingresos en efectivo ni a los centenares de personas que participaron en las recaudaciones mediante huchas o subastas de objetos donados por terceras personas.

Tras su detención, en su domicilio y en los locales que tenían alquilados en Organyà, los Mossos encontraron 2.180 euros en metálico. El fiscal recoge también que se localizó una colección de relojes valorada en 60.000 euros, teléfonos móviles, ordenadores, equipos e instrumentos informáticos, que se encontraban apilados junto con objetos de diversa índole que evidenciaban "un consumo de artículos de lujo innecesarios y en clara contradicción con la situación de necesidad que decían sufrir".