El centro penitenciario de Palma es la prisión con más agresiones a funcionarios en España. Con 14 casos contabilizados en la isla en lo que va de año en los que los empleados públicos han sido víctimas de golpes o enfrentamientos por parte de los reclusos, la cárcel de Palma es, sin contar Cataluña, donde se han registrado más sucesos de este tipo.
Le siguen el hospital psiquiátrico de la de Sevilla con 13 agresiones, y las 12 de Albolote (Granada), Madrid V y el psiquiátrico de Alicante.
El Gobierno asegura que el número de agresiones en las cárceles españolas es "muy pequeño" si se tiene en cuenta la cifra de población reclusa, subraya que de las que se producen no hay ninguna muy grave y resalta que, en cualquier caso, la tendencia es descendente.
Con estas afirmaciones responde el Ejecutivo al diputado socialista Antonio Hurtado, quien se interesó por la evolución de las agresiones que sufren los funcionarios de las cárceles y las medidas adoptadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para evitar ester tipo de incidentes.
En su respuesta por escrito, el Gobierno ofrece datos de los diez centros penitenciarios dependientes de la administración central -todos menos los de Cataluña- donde más agresiones se han producido en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y hasta el 16 de octubre de este año.
Las agresiones a funcionarios desde 2012 se cifran en 807 en las diez cárceles que más incidentes registran cada año. Según estos datos, en ninguno de esos ejercicios se ha detectado una agresión con consecuencias muy graves, en tanto que graves ha habido en todo el periodo analizado un total de 22.
Agresiones leves
Respecto a las agresiones leves, la suma en todo ese periodo en las diez cárceles con más sucesos de este tipo arroja un resultado de 338, mientras que las que no ocasionaron ningún tipo de lesión ascienden a 447.
El Gobierno relaciona en su respuesta algunas de las medidas adoptadas para la prevención y actuación ante las agresiones que sufren los funcionarios, entre ellas la creación de un registro único de incidentes y la realización de un análisis y diagnóstico de la situación por parte de un equipo multidisciplinar.
Una metodología de investigación de las agresiones para analizar las causas y proponer medidas preventivas, el establecimiento de pautas de actuación claras y eficaces ante los incidentes violentos y el apoyo a los empleados públicos que han sido víctimas de ellos en el desempeño de su trabajo son algunas de las actuaciones que enumera el Ejecutivo.
