Un jurado popular juzgará la próxima semana a madre e hija por instalarse sin permiso en una finca de Bunyola propiedad del padre. Ambas están acusadas de allanamiento de morada con la agravante de parentesco y la fiscalía reclama para ellas sendas penas de un año y diez meses de prisión.

Según la acusación, ambas aprovecharon en julio de 2014 que conservaban las llaves del inmueble, del que se marcharon años atrás al romperse el matrimonio, y se instalaron allí pese a la oposición expresa y manifiesta del propietario. El hombre instaló días después una cerradura en su dormitorio, en la que supuestamente las dos acusadas colocaron pegamento para inutilizarla, por lo que se les imputa además una falta de coacciones. El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia de Palma.