Bolsos, cinturones, camisetas, relojes y gorras de aparentemente primeras marcas se vendían en establecimientos de Calas de Mallorca a un precio sustancialmente inferior al de mercado. Tras destapar el fraude, la Guardia Civil ha investigado a diez personas, como presuntas autoras de un delito menos grave contra la propiedad industrial y ha practicado la intervención de 1.303 efectos falsificados de reconocidas marcas en diverso comercios de esta localidad del Llevant.

La actuación de los efectivos del Instituto Armado se efectuó el pasado miércoles. Agentes de la PAFIF (Patrulla Fiscal y Fronteras) de la Guardia Civil de Manacor, llevaron a cabo un operativo especial en el mercado de Santanyí y en varios establecimientos comercios de Calas de Mallorca, para detectar la venta de productos falsificados.

Durante el despliegue se llevaron a cabo un total de diez inspecciones en los comercios sospechosos de vender las falsificaciones. Los efectivos del Instituto Armado contaron, además, con la ayuda de peritos de las distintas marcas afectados, venidos expresamente desde la Península, que acreditaron que los artículos que estaban a la venta en estos establecimientos no eran auténticos.

Una vez que los peritos habían certificados que esos productos no eran los originales, los agentes de la Guardia Civil intervinieron un total de 1.303 efectos falsificados. De acuerdo con las valoraciones de los representantes de las marcas afectadas desplazados a Mallorca, la venta de estos artículos habría supuesto para los fabricantes unas pérdidas cifradas en 104.240 euros.

Esta nueva intervención de la Guardia Civil se encuentra enmarcada dentro de la denominada 'Operación Souvenir'. Efectivos de la PAFIF de Porto Cristo han protagonizado este año numerosas actuaciones esta misma temporada en las que se han incautado de 10.833 efectos falsificados en los distintos establecimientos comerciales.

Un valor de medio millón

El valor aproximado de estos artículos falsos, a tenor de los perjuicios causados al fabricante del producto original, podría alcanzar el medio millón de euros. Un total de 24 personas han sido imputadas por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Además, en estos comercios se intervinieron 1.150 productos nocivos para los consumidores, que no respetaban la normativa europea, y 24 punteros láser, cuya venta está prohibida por ser considerados peligrosos para la aviación.