Tribunales

Condenado otro policía local de Palma por torturas a un detenido en Sant Ferran

El acusado aceptó ayer en la Audiencia Provincial 15 meses de prisión que se sustituyen por multa y tres años de inhabilitación

27.06.2017 | 21:46
El policía local de Palma acusado de torturas, ayer durante la vista oral en la Audiencia.

El apunte

  • El sospechoso pierde su condición como policía local

    El quinto policía local de Palma condenado por torturas a un detenido en los calabozos del cuartel de Sant Ferran se conformó ayer con la inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por un periodo de tres años, lo que supone la pérdida de la condición de funcionario de la policía local. El agente, de 41 años, que también está siendo investigado en la trama de la corrupción policial que instruye el juez Penalva, se mostró de acuerdo con la pena de 15 meses de prisión, que se le sustituye por una multa de 3.600 euros. El acusado confesó los hechos ayer por la mañana ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Palma.

Otro policía local de Palma condenado por torturas a un detenido en los calabozos del cuartel de Sant Ferran. El agente, de 41 años, aceptó ayer en la Audiencia de Palma una pena de 15 meses de cárcel por un delito contra la integridad moral no grave por haber agredido a un arrestado cuando estaba inmovilizado e indefenso sentado en un banco con las manos esposadas por debajo del asiento en el depósito de detenidos en el cuartel de Sant Ferran en mayo de 2011.

Estos hechos fueron grabados por una cámara de seguridad. El vídeo, que captó la secuencia de las torturas en las que participaron otros funcionarios policiales, se convirtió en una prueba clave en un juicio anterior contra otros cuatro policías locales. Los cuatro fueron condenados por la Audiencia de Palma y luego el Tribunal Supremo declaró la firmeza de la sentencia.

La sección segunda de la Audiencia de Palma ordenó que un juzgado de instrucción investigara a un quinto agente implicado en la agresión, como había solicitado la fiscalía al final del primer juicio, ya que inicialmente el caso se había archivado para él. Este quinto acusado, que también está siendo investigado en la trama de la corrupción policial y que llegó a estar en prisión provisional, ayer se conformó con 15 meses de cárcel, pena que se le sustituye por una multa de 3.600 euros.


Inhabilitado como policía

El sospechoso también aceptó ante la sala ser inhabilitado durante tres años, lo que implica la pérdida de su condición de funcionario de la policía local. En concepto de responsabilidad civil, deberá pagar de forma solidaria con el resto de inculpados una indemnización de 2.000 euros al perjudicado por el daño causado derivado del ataque infligido a su integridad moral.

Sus otros cuatro compinches fueron condenados también por torturas. Un oficial que propinó dos patadas al detenido cuando estaba esposado a un banco fue sentenciado también a 15 meses de prisión y tres años de inhabilitación por el Supremo y el resto, a un año de cárcel por permitir la "vil y cobarde" agresión que fue grabada.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 26 de mayo de 2011 cuando el acusado, el quinto agente implicado, trabajaba como policía local de Palma en el depósito de detenidos del cuartel de Sant Ferran. Allí, había sido trasladado un joven en calidad de arrestado por un delito contra la seguridad vial.

Sobre las doce y cuarto de la noche, el detenido fue colocado sentado en un banco y el agente encausado le ató las manos con unos grilletes por debajo del asiento dejándole totalmente inmovilizado e indefenso, según la fiscalía.

El sospechoso, junto con otros policías locales que ya fueron juzgados y condenados por la Audiencia de Palma, propinó al arrestado un fuerte golpe con la mano en la cara y otro en la boca del estómago sin que conste que le causara lesión. La agresión, que fue filmada por una cámara de videovigilancia en los calabozos, se produjo mientras el perjudicado estaba inmovilizado con las manos esposadas por debajo del banco.

La tramitación judicial de la causa ha sufrido un retraso injustificado no imputable al acusado. Por ello, el fiscal apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

En un primer momento, el ministerio público solicitaba a este quinto implicado una condena de un año y medio de cárcel. Ayer rebajó su petición y el sospechoso aceptó al final un año y tres meses de prisión. El hecho de que sea inhabilitado por un periodo de tres años conlleva que el encausado pierda su condición como policía local, según apuntaron ayer fuentes jurídicas.

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