Tribunales

Archivan el caso de un club hípico por maltrato animal y explotación laboral

La Audiencia de Palma confirma el sobreseimiento de la causa del dueño de la hípica al no haber delito

23.06.2017 | 12:33
El juez indica que el dueño tenía permiso para enterrar el caballo.

La Audiencia de Palma ha archivado la causa contra el dueño del Club de Equitación Son Gual acusado de explotación laboral y maltrato animal al considerar que no ha quedado debidamente justificada la perpetración de ningún delito. El tribunal de la sección segunda ha confirmado el auto de sobreseimiento dictado por el juzgado de instrucción número 9 de Palma, que no encontró indicios delictivos.

La fiscalía también solicitó el archivo de las actuaciones al rechazar que hubiera maltrato animal y explotación de trabajadores en el club hípico situado en las inmediaciones de la carretera de Puigpunyent. Según el auto judicial, no aparece acreditado el maltrato animal a la vista de que "nada" se constata en las inspecciones que la Policía Nacional realizó a mediados de enero de 2017 en la finca Son Anglada y en el club de equitación.

El magistrado detalla que, por el contrario, existe documentación relativa a los caballos propiedad del club. Los equinos "aparecen regularizados con sus cartillas veterinarias" con el correspondiente registro de vacunaciones. También constan los certificados oficiales veterinarios sobre el estado y condiciones de los caballos existentes, así como las facturas de los fármacos adquiridos para tratarlos.

El juez hace referencia a una fotografía aportada al procedimiento en la que se ve cómo un caballo muerto es enterrado en una finca. Según el auto, aparece debidamente acreditado el fallecimiento del animal y su entierro, ya que hay documentación sobre estos hechos al haberse realizado una declaración oficial sobre el enterramiento en esa propiedad con indicación de la localización del mismo. Así pues, el dueño tenía la autorización pertinente para inhumar el animal, como había alegado el abogado defensor Eduardo Morey.

Explotación laboral

Respecto al delito contra los derechos de los trabajadores por imponer unas condiciones de trabajo abusivas, el magistrado señala que un denunciante llegó a una conciliación en el TAMIB por la que aceptaba una indemnización de 2.255 euros como finiquito renunciando a cualquier tipo de reclamación. Otra trabajadora, esposa del primero, denunció explotación laboral en noviembre de 2016, pero ella fue despedida en 2012 y no reclamó entonces ante el órgano administrativo o jurisdiccional.

Una tercera empleada se quejó de jornadas laborales muy extensas durante los tres meses que trabajó para el investigado, pero la defensa aportó tickets de caja en los que la hora de cierre va de las 18 a las 19 horas.

Por último, un cuarto afectado resultó ser un trabajador por cuenta ajena en la empresa de un familiar que facturaba al club hípico en función de los trabajos realizados.

Según concluye el juez, en todos estos casos o bien existe renuncia a cualquier acción o bien no consta denuncia alguna de sus condiciones ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, no se ha acreditado "elemento alguno relevante" en las inspecciones policiales llevadas a cabo en la hípica.

La Audiencia de Palma respalda al magistrado de instrucción al mantener que los empleados pudieron estar sometidos a unos horarios excesivos teniendo en cuenta que un club de equitación requiere de mucha dedicación, pero no se constata, "con el rigor que requiere la aplicación de las normas penales", que el incumplimiento de estas condiciones viniera impuesta y determinada por una situación de necesidad o por engaño, de forma que los empleados no hubieran podido remediar ni impedir dicha situación denunciando los hechos ante la Inspección de Trabajo o la Seguridad Social. Dos de los denunciantes vivían en el club, lo que complica concretar su jornada laboral, y trabajaban cara al público, por lo que la posible explotación laboral podría haber quedado acreditada. Uno de ellos acudió a la vía laboral y aceptó una indemnización.

El tribunal recuerda que el delito queda reservado para los supuestos en los que la situación de explotación laboral aparece asimilada a una situación de cuasi esclavitud, de sobreexplotación abusiva y de dominación del empleador sobre el trabajador, contexto que en este caso "se presenta dudoso".

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