Quince acusados se conformaron ayer en la Audiencia de Palma con penas que suman 37 años de prisión por dedicarse a introducir en la isla grandes partidas de hachís que luego distribuían entre terceras personas desde junio de 2010 hasta enero de 2011. Los sospechosos habían constituido un colectivo perfectamente organizado que se encargaba de traer las sustancias desde Málaga a Barcelona y luego introducían los alijos en Mallorca mediante envíos postales o en camiones de transporte. La Guardia Civil se incautó de más de 300 kilos de droga en tres intervenciones.
Ayer al mediodía, los encausados alcanzaron un acuerdo con la fiscalía, que inicialmente reclamaba una condena de más de 130 años de cárcel. El fiscal rebajó considerablemente las penas al apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que desde la explotación de la última fase de la operación antidroga, en enero de 2011, hasta la celebración del juicio han transcurrido seis años y cinco meses, con numerosas paralizaciones y retrasos en la causa que no son imputables a los sospechosos. Uno de los encausados ayer fue absuelto después de que el ministerio público retirara los cargos contra él.
Entre los implicados, se encuentra el cabecilla o "cerebro" de la organización, el dueño de un conocido bar de Palma, cuyo local fue registrado por los agentes. En su domicilio de Marratxí, los agentes hallaron cuatro relojes Rolex y cinco teléfonos móviles. Ayer aceptó ante el tribunal de la sección primera cinco años de prisión y una multa de medio millón de euros.
Su lugarteniente y persona de total confianza, que asumía las labores de liderazgo de la trama en la isla en ausencia del cabecilla, se conformó con dos años y nueve meses de cárcel y una multa de medio millón de euros por un delito contra la salud pública y otro de usurpación de funciones públicas, ya que en enero de 2011, antes de ser detenido, se hizo pasar por guardia civil e interceptó a una trabajadora de una empresa de paquetería a la que interrogó en relación a unos paquetes con droga, que luego fueron incautados, así como a la posible presencia policial.
El procesado exhibió a la empleada una cartera simulando una identificación como agente. En el vehículo que conducía, los investigadores descubrieron unos grilletes de acero y dos carteras con los emblemas de la Guardia Civil. También aprehendieron tres paquetes en la empresa de mensajería de Palma que contenían 88,5 kilos de resina de cannabis sativa.
Otros once acusados se mostraron conformes ayer con sendas penas de dos años y tres meses de prisión y la misma multa de medio millón de euros. Mientras, los dos últimos sospechosos aceptaron dos años de cárcel.
Hachís desde Málaga
Uno de los sospechosos era un camionero que habitualmente realizaba viajes entre la península y la isla. El 2 de noviembre de 2010 fue detenido en el puerto de Barcelona cuando se disponía a embarcar en un ferry con destino a Palma con un camión en cuyo interior llevaba tres cajas de cartón con 129 paquetes con 92 kilos de hachís.
El arresto del transportista motivó que la organización utilizase otros medios de introducción de la droga en Mallorca. Siguieron abasteciéndose de mercancía proveniente del sur de la península, pero el traslado a la isla se efectuó luego a través de empresas de mensajería.
Los alijos eran transportados a Barcelona por carretera en vehículos alquilados y, una vez en Cataluña, utilizaban empresas de paquetería postal. La trama aprovechaba que uno de sus miembros era un trabajador en activo de la empresa de transporte y otro era un antiguo empleado, lo que facilitaba la recepción de los envíos sin ser descubiertos. Desde 2008, se realizaron más de quince envíos, según el fiscal.
Gracias a estos contactos, evitaban tener que identificarse con el DNI y conocían a la perfección el sistema de entregas de la mercancía. Pese a ello, el 19 de enero de 2011, los investigadores interceptaron tres paquetes con 88,5 kilos de resina de cannabis en la empresa de mensajería de Palma y detuvieron a varios de los encausados. Uno de ellos fingió ser un guardia civil para sacar información a una empleada.
La red buscó otras vías alternativas para traficar con hachís. No solo usó Barcelona como punto para el envío de sustancias. Así, el 30 de julio de 2010, dos miembros de la organización acudieron a una empresa de transportes en la localidad de Onda, en Castellón, y depositaron cinco cajas que debían ser enviadas a Palma. Ante las sospechas levantadas por el propietario del almacén, se dio parte a la Guardia Civil, que logró intervenir 138,9 kilos de hachís.
