Un recluso del Centro Penitenciario de Palma, que recibe medicación psiquiátrica, agredió el pasado lunes a tres funcionarios de dicha prisión. El ataque se produjo tras intervenirle una pastilla oculta entre sus ropas, que debía haber ingerido. El interno se abalanzó sobre tres trabajadores y, como consecuencia del ataque, dos víctimas se encuentran de baja después de ser atendidos en la Enfermería penitenciaria y en Son Espases.

Los hechos se produjeron sobre las ocho y cuarto de la tarde del pasado lunes cuando varios internos que reciben medicación psiquiátrica regresaban a sus respectivos módulos. Uno de los presos despertó sospechas de que podía ocultar alguna pastilla y los funcionarios le ordenaron que vaciara todo el contenido de sus bolsillos. El reo se puso muy nervioso y protestó airadamente, pero las sospechas eran fundadas y se le intervino durante el cacheo una pastilla Lyrica, que no había tomado pese a que la tenía prescrita.

Cuando al interno se le retiró dicha pastilla comenzó a gritar y a vociferar. Los funcionarios le instaron a que se dirigiera a la sala de cacheos, para hacerle un registro más minucioso e intentar tranquilizarle. De repente, el recluso se abalanzó dentro del cuarto sobre uno de los funcionarios. Otros compañeros acudieron en su ayuda para parar la agresión. Como consecuencia del forcejeo, todos cayeron al suelo. El preso opuso una fuerte resistencia a la reducción y los tres funcionarios resultaron lesionados. En primer término fueron atendidos en la Enfermería del centro, aunque luego fueron asistidos en las Urgencias de Son Espases. Dos de ellos han recibido una baja de 15 días por accidente.

Según el sindicato CSIF, en lo que llevamos de año nueve funcionarios del Centro Penitenciario de Palma han sido agredidos. Desde este sindicato reivindican "que se nos dote de los medios necesarios para atender estas situaciones violentas, ya que la mayoría de las agresiones se producen por internos con patología psiquiátrica".

Asimismo, dicho sindicato reclama que se aplique el protocolo contra las agresiones en el ámbito penitenciario, que fue firmado el martes por el CSIF con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. De acuerdo con esta normativa, a partir de ahora, el interno que agreda a un funcionario se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión, ya que a los funcionarios se les reconoce su condición de autoridad pública. También se recoge el endurecimiento de las sanciones disciplinarias y medidas de apoyo jurídico y psicológico a los trabajadores.