El encargado de un local nocturno de Ibiza ha sido condenado hoy a dos años de prisión por superar los niveles máximos de ruido permitidos, causando graves molestias a una pareja y su bebé de 20 meses, vecinos del establecimiento. Los perjudicados sufrieron insomnio y ansiedad e incluso precisaron atención psiquiátrica. El procesado manipuló además los sensores y limitadores instalados tras las primeras denuncias. El acusado se ha declarado, durante la vista celebrada en la Audiencia de Palma, autor de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica y, además de la pena de cárcel deberá abonar una multa de 2.520 euros y tendrá prohibido ejercer cualquier profesión relacionada con los locales nocturnos durante dos años.

Los hechos ocurrieron entre los meses de agosto y noviembre de 2009 en la calle Ramón Muntaner, en Ibiza, donde el condenado regentaba El Soto, un local con licencia de café concierto. Los aparatos electrónicos y altavoces emitían música a niveles que excedían los máximos autorizados, entre las nueve y media de la noche y las cuatro y media de la madrugada. En la vivienda colindante al establecimiento vivían entonces una pareja y su bebé de 20 meses, que no podían dormir por el ruido. Doce mediciones realizadas en el domicilio de las víctimas a distintas horas de la madrugada entre el 7 de agosto y el 2 de noviembre arrojaron resultados de hasta 28 decibelios por encima del máximo autorizado.

Las denuncias de los vecinos desembocaron en dos expedientes de infracción y en el precinto cautelar de los aparatos musicales. El Ayuntamiento instaló limitadores en el local, pero el acusado conectó altavoces adicionales y manipuló los sensores para esquivar estos controles y, por tanto, superar de nuevo el nivel de ruido tolerado. La pareja residente en la vivienda colindante tuvo que irse a dormir a casas de familiares en varias ocasiones, sufrieron insomnio y ansiedad y durante los años siguientes han precisado atención psiquiátrica.

La fiscalía pedía inicialmente seis años de prisión para el procesado. Pero antes del juicio y tras alcanzar un acuerdo con la defensa, ha rebajado sus pretensiones. El acusado, que ha declarado por videoconferencia, ha aceptado dos años de cárcel por un delito contra el medio ambiente con la atenuante de dilaciones indebidas, así como el pago de una multa de 2.520 euros y su inhabilitación para trabajar en el ocio nocturno durante 24 meses. El ministerio público ha retirado la acusación de lesiones psíquicas por los perjuicios sufridos por los vecinos.