Vivir junto al Café Concierto El Soto, en Eivissa, debía de ser un infierno. Hasta el punto de que el fiscal solicita una pena de seis años de cárcel para su encargado por delitos contra el medio ambiente y de lesiones psíquicas. Sus vecinos, una pareja que tenía un niño de veinte meses de edad, tuvieron que recibir tratamiento psicológico a consecuencia de los elevados niveles de ruido que provocaba el bar hasta altas horas de la madrugada, y que les obligaron a pernoctar muchas noches en casas de familiares.
El juicio contra el encargado del bar, que estaba situado en la calle Ramón Muntaner de Eivissa, se celebrará en la Audiencia de Palma la semana que viene. Según el relato del fiscal, entre los meses de agosto y noviembre de 2009 los aparatos electrónicos y altavoces del local emitían música a niveles que excedían los máximos autorizados, entre las nueve y media de la noche y las cuatro y media de la madrugada.
Los principales afectados por esta situación fueron los residentes en la vivienda colindante al bar, una pareja con un hijo que tenía entonces veinte meses.
El escrito de acusación recoge doce mediciones tomadas en el domicilio de las víctimas a distintas horas de la madrugada entre el 7 de agosto y el 2 de noviembre de ese año, y también en 2011, que arrojaron niveles de ruido muy por encima de lo permitido.
Pero además, según añade el relato del fiscal, el acusado mantuvo una actitud de desobediencia, y retiró por su cuenta y repetidas veces todos los precintos y limitadores de volumen que le instalaron en el bar.
Los vecinos y la Policía Local habían presentado sendas denuncias por ruido en el Ayuntamiento de Eivissa. Estas denuncias desembocaron, en septiembre de 2009, en un primer expediente, que supuso como medida cautelar el precinto de los aparatos musicales hasta la instalación de un aparato "limitador-controlador del volumen que garantizara que los niveles de sonido no superaran los máximos permitidos en la vivienda afectada".
Un mes después, los técnicos municipales comprobaron que el acusado había instalado un altavoz que no estaba conectado al equipo limitador de sonido que le habían instalado. Se procedió de nuevo a precintar los aparatos de música.
Apenas unos días más tarde, tras una nueva medición, se constató que el volumen sobrepasaba nuevamente el máximo permitido, lo que evidenciaba que el acusado había retirado el limitador que habían instalado.
En nuevas inspecciones en 2011 los técnicos del Ayuntamiento descubieron que los sensores acústicos habían sido manipulados.
Esta conducta habría tenido graves consecuencias para la pareja vecina. La mujer ha sufrido insomnio y ansiedad y ha tenido que ser atendida con frecuencia en el departamento de Psiquiatría del hospital de Can Misses. Su marido también ha padecido insomnio y ha tenido que tomar medicación. La familia manifestó que se han visto 0bligados a dormir en numerosas ocasiones en casa de familiares.
El fiscal considera al acusado responsable de un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica y con el agravante de desobediencia, así como de dos delitos de lesiones psíquicas. Pide para él una condena de cuatro años de cárcel por el primer delito y de un año más por casa uno de los otros dos.
