Rubén Concha vive en Murcia y en sus 41 años "nunca" ha pisado Mallorca. Pero el Ayuntamiento de Palma le reclama 720 euros por una infracción de tráfico cometida en la ciudad e incluso le ha embargado ya 300 euros. La Policía Local lo sancionó, sin interceptarlo, por utilizar el teléfono móvil mientras pilotaba, algo que el perjudicado considera irrealizable con una motocicleta como la suya, de 1.300 centímetros cúbicos y 320 kilos de peso. "Es de marchas, y en ciudad hay que llevar continuamente una mano en el embrague y otra en el acelerador, así que es imposible", sostiene Concha. El perjudicado se siente "indefenso" ante esta situación y denuncia irregularidades en el procedimiento, ya que no le notificaron la sanción antes de embargarle ni le han facilitado copia del expediente, obligándole a iniciar un proceso contencioso administrativo para deshacer el entuerto.

El embrollo burocrático comenzó el 3 de diciembre de 2015. Ese día, un agente de la Policía Local emitió una denuncia contra un motorista que hablaba por teléfono móvil mientras conducía. El piloto no fue interceptado en ese momento, por lo que con la matrícula se inició un procedimiento sancionador contra el titular del vehículo en el que se cometió la infracción. Cort acabó identificando al murciano Rubén Concha como dueño de la motocicleta en cuestión y puso en marcha los mecanismos para embargarle sus bienes y cobrar la multa.

Concha tardó casi un año en tener la primera noticia de lo ocurrido. En noviembre de 2016 recibió una notificación de providencia de apremio del Ayuntamiento de Palma en la que se le reclamaban 720 euros por infringir el reglamento de circulación sin identificar al conductor responsable. "Acudí a Tráfico en Murcia, donde comprobaron que ellos no tienen ni han tenido denuncias contra mí o mi vehículo en ningún lugar de España", explica el afectado. El hombre contactó entonces con la Policía Local de Palma y de allí lo derivaron a la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), órgano encargado de recaudar estas sanciones. "Poco menos que ignoraban lo que les pregunté. Me dijeron que pagara, que la multa era por conducir hablando con el móvil. Mi motocicleta es una Honda Pan European 1.300, pesa la friolera de 320 kilos y evidentemente es de marchas. En uso urbano, tendría que estar continuamente con una mano en el embrague y la otra en el acelerador, así que es imposible hablar por teléfono", sostiene Rubén Concha.

Semanas después, el hombre recibió un embargo de la ATIB de 302,62 euros, a instancias de Cort, que le han cobrado ahora al presentar la declaración de la renta. El motorista murciano presentó una reclamación que inicialmente cayó en saco roto. El Ayuntamiento de Palma le contestó que el recurso no estaba firmado, "algo que no era cierto", y que si no lo subsanaba el requerimiento se tendría por no presentado y se archivaría. Rubén Concha presentó otro escrito alegando que el documento sí estaba firmado y solicitando la devolución del importe "indebidamente embargado".

Pero Cort no respondió. "Lo siguiente que recibí fue la resolución del Tribunal Económico Administrativo Municipal anunciado que se había agotado la vía administrativa y que si no estoy conforme, tengo que formular demanda ante el juzgado de lo contencioso administrativo", cuenta el afectado.Irregularidades en el proceso

"Nunca he pisado Mallorca", insiste Concha, que acusa al Ayuntamiento de Palma de infringir el procedimiento legal. "No notificaron la denuncia en el momento de suceder los hechos, no la notificaron debidamente para presentar alegaciones, tampoco se nos han facilitado copias del expediente administrativo, ni de la fotografía de la infracción ni del boletín de denuncia. Además, la sanción estaría prescrita y de los hechos solo me consta la mera manifestación telefónica de las personas con las que he podido hablar", lamenta el perjudicado, que anuncia acciones legales.