Tribunales

El juez permite a los acusados de la mafia laboral gestionar de nuevo sus locales

El magistrado autoriza a los investigados a acercarse a sus restaurantes y explotarlos bajo control de un administrador judicial

29.03.2017 | 08:44
Agentes de la Policía Nacional clausuran uno de los establecimientos de la mafia laboral en Palma.

El apunte

  • Los empresarios recibirán una nómina de 1.500 euros al mes

    El reciente auto del magistrado Juan Manuel Sobrino sobre el caso de la mafia laboral en Palma detalla que los investigados recibirán una nómina de 1.500 euros brutos al mes por los trabajos de gestión que realicen, tal como había propuesto el interventor judicial. La intervención judicial, desde febrero de 2016, ha regularizado la situación de todos los trabajadores, se ha encargado de que los locales pasen todas las revisiones eléctricas y del gas y se ha procedido a cerrar las cocinas de aquellos establecimientos que no cumplían la normativa. Los restaurantes y bares de la trama ahora ya se han adaptado a la legislación vigente y el sistema de organización es el adecuado.

El magistrado Juan Manuel Sobrino, encargado de instruir el caso de la mafia laboral, el entramado de bares y restaurantes de la isla en los que presuntamente se explotaba laboralmente a los trabajadores, se servía alimentos en mal estado y se defraudaba a la Seguridad Social y a Hacienda, ha permitido a los acusados gestionar de nuevo sus locales. El juez, en un reciente auto, autoriza a los investigados a aproximarse a sus establecimientos y poder explotarlos bajo el control de un administrador judicial. Los negocios llevaban más de un año intervenidos judicialmente. De hecho, cuando estalló el caso, una treintena de locales fueron clausurados de forma temporal y luego se reabrieron. Ahora, el magistrado ha levantado estas medidas cautelares y devuelve los establecimientos a sus titulares, pero con una serie de limitaciones.

Así, los acusados, entre los que se encuentran los cabecillas del entramado, los hermanos Juan Antonio y Jeroni S.G., podrán explotar sus negocios pero deberán pedir autorización al interventor judicial para cualquier acto de administración como por ejemplo en cuanto a la política de precios, sistema de trabajo, horario de los empleados y horarios de apertura de sus locales. Además, los investigados tendrán que reunirse semanalmente con el administrador judicial para revisar el estado del negocio de sus restaurantes y los ingresos que obtengan de la explotación de los locales se destinarán prioritariamente al pago de las deudas con proveedores y acreedores.

El juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma también acepta la propuesta del interventor judicial de que los acusados reciban una nómina mensual de 1.500 euros brutos por los trabajos de gestión que realicen. El auto levanta totalmente las medidas cautelares de prohibiciones de acercamiento a menos de 250 metros de los establecimientos intervenidos.

La instrucción ha concluido

El magistrado ha accedido esta vez a la petición formulada por el interventor judicial de permitir a los investigados que gestionen sus negocios debido a que la instrucción del caso ya ha acabado, se ha regularizado la situación de todos los trabajadores y los locales ya se han adaptado a la normativa laboral y administrativa pertinente. El pasado 20 de julio de 2016, el juez no autorizó estos cambios al considerar que no era el momento procesal oportuno.

Sin embargo, ahora, ya ha concluido la instrucción de la causa y los investigados "ya no tienen forma de poder destruir documentación" que afecte al caso, "ni de influir en la multitud de testigos" que han depuesto a lo largo de la instrucción, muchos de los cuales ya no trabajan en los locales afectados, según destaca el auto.

Además, el magistrado destaca que así se conseguiría otra finalidad y es que los investigados "son las personas que tienen mayores conocimientos sobre la clientela y los locales, lo que aumentaría la rentabilidad de muchos de los negocios", lo cual permitiría pagar a los trabajadores de los establecimientos, a los diferentes proveedores, los alquileres de los locales, así como las cuotas de la Seguridad Social y las obligaciones fiscales correspondientes.

Por estos motivos, al considerar que la nueva situación resultaría más beneficiosa, el juez ha acordado levantar parcialmente la medida cautelar de intervención judicial de catorce sociedades que se dedican a la restauración y autorizar a los investigados a que gestionen otra vez sus negocios, bajo control de un administrador para evitar que los acusados vuelvan a cometer los hechos investigados. En el auto, el juez reconoce que el cierre temporal de los locales supuso también un doble perjuicio para los empleados, ya que se quedaron sin trabajo.

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