El preso que denunció la pasividad de los responsables de la cárcel de Palma ante el estado crítico de otro recluso que acabó falleciendo horas después asegura haber sufrido un registro ilegal en su celda. Según su versión, varios funcionarios irrumpieron el pasado martes en su habitáculo, inspeccionaron sus enseres y documentos, llegando a leer varias cartas personales. Los abogados del Equipo 25.2 han ampliado la denuncia contra los funcionarios, a los que acusan de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, incluyendo ahora delitos de obstrucción a la justicia y descubrimiento de secretos.
Los letrados del preso sospechan que los trabajadores que supuestamente llevaron a cabo el registro actuaron como represalia por haber sacado el caso a la luz la semana pasada y en busca de documentos y cartas acerca de lo ocurrido. Según relató el recluso a uno de los abogados del Equipo 25.2, los funcionarios del módulo donde está recluido se presentaron el martes en su celda y sin motivo aparente empezaron a registrar sus enseres y documentos personales. Durante la inspección, los trabajados habrían leído varias cartas personales.
Vulneración de derechos
Esta actuación de los funcionarios supone, a juicio de los letrados, una vulneración de los derechos fundamentales del recluso y una intromisión en el proceso judicial abierto por la muerte de su compañero de celda, un joven de 32 años, a finales del año pasado.
El denunciante, siempre según su versión, informó el 22 de diciembre del mal estado físico y mental del otro interno. Remitió tres instancias oficiales a la directora de la cárcel, el subdirector de seguridad y el servicio médico de urgencias de la prisión alertando de la situación de su compañero. En las instancias “rogaba” que un médico atendiera cuanto antes al recluso, ya que este le había anunciado que quería suicidarse y estaba muy drogado. El testigo explicó que lo veía muy mal.
Sus peticiones no fueron atendidas y al día siguiente el joven fue hallado muerto en la celda, junto a una jeringuilla. Las primeras conclusiones de la autopsia achababan el fallecimiento a una muerte súbita por parada cardiorrespiratoria y el test inicial de orina dio negativo para todas las drogas estudiadas. Pero las muestras remitidas a una laboratorio de Barcelona revelaron la presencia de varias sustancias tranquilizantes y estupefacientes y que el preso había consumido heroína y derivados del cannabis.
El Equipo 25.2 presentó una denuncia contra los funcionarios que supuestamente desatendieron las peticiones sobre el mal estado del preso por delitos de homicidio imprudente y omisión del debero de socorro. El caso recayó en un juzgado de instrucción de Palma, que debe analizar ahora si existen incidios de delito y cita a declarar a los acusados y los testigos.
Tras las revelaciones del interno que denunció haber alertado en vano del mal estado de su compañero de celda, los letrados han comunicado los hechos al juzgado que llevado el caso, ampliando la denuncia y solicitando que en la causa se investigue también la comisión de un delito de obstrucción a la justicia en concurso con otro de descubrimiento de secretos.
