Instituciones Penitenciarias ha salido al paso de las denuncias de sindicatos sobre las presuntas agresiones graves a funcionarios en la prisión de Palma, que la situarían a la cabeza de violencia en los penales a nivel nacional. “Esos datos no son ciertos. El año pasado se registraron 11 ataques, cinco con lesiones leves y seis sin lesiones”puntualizaron desde la entidad.
El organismo de Interior que gestiona las prisiones también negó taxativamente que el penal palmesano sea uno de los más violentos de España. “El clima social y de convivencia en la cárcel de Palma es de absoluta normalidad”, resaltaron.
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras aseguraba el jueves en un comunicado que en 2016 se habían registrado 29 agresiones a funcionarios en el Centro Penitenciario de Palma. De hecho, la organización sindical precisaba que, entre los meses de julio a septiembre del año pasado, se contabilizaron 16 ataques a empleados públicos.
Asimismo, CCOO achacó este supuesto estallido de violencia tras los barrotes a “unas vacantes de funcionarios superiores al 12%” y el déficit en otras áreas desempeñadas por personal laboral “son cercanas al 50%”. En cambio, desde Instituciones Penitenciarias se insiste en que “no nos constan” dichas vacantes.
Así, la entidad que regula las cárceles aseguró que las prisiones españolas “son unas de las más seguras del mundo y con menor índice de conflictividad”. Por último, Instituciones Penitenciarias arremetió con dureza contra el comunicado de CCOO. “Desconocemos qué pretenden los sindicatos dando esa imagen de descrédito con mentiras”.
Lo cierto es que en los últimos tiempos la tensión en el Centro Penitenciario de Palma ha ido en aumento. Mientras los funcionarios, a través de los sindicatos, aluden a un supuesto aumento de agresiones sufridas a manos de los internos, algunos reclusos han asegurado haber recibido palizas de los trabajadores de la prisión.
De acuerdo con estas denuncias de la población reclusa del Centro Penitenciario de Palma, durante varias semanas estuvieron duchándose sin agua caliente. Esta circunstancia coincidió con las semanas de más crudo invierno. Al parecer, el motivo respondía a una avería en el termo y la reparación se pospuso. Estas penurias las sufrieron los internos durante casi un mes.
El grueso de las quejas de los internos recogidas en distintas misivas hacían mención a la asistencia sanitaria, las supuestas palizas y torturas en aislamiento y a las restricciones a su juicio injustificadas para la concesión de los permisos.
Falta de atención médica
Por lo que respecta a la atención médica, varios reclusos expresaron en cartas los supuestos problemas para que un facultativo les examinara. Más dificultades aún se habrían planteado, de acuerdo con esta versión, cuando era preciso la excarcelación del preso para su traslado hospitalario para que fueran examinados por un especialista.
Este clima enrarecido ha quedado en evidencia con los continuos cambios en la cúpula de la prisión palmesana. La anterior directora, Andrea Romero, solo permaneció apenas tres meses en el cargo antes de ser destituida. La alcaide tomó posesión en octubre de 2016 y fue cesada en enero de este año. El motivo que ha trascendido son las supuestas diferencias que mantenían con algunos funcionarios en la organización del sistema penitenciario. Permaneció de baja desde antes de las fiestas navideñas antes de ser cesada en enero.
La actual directora del Centro Penitenciario de Palma, María Jesús de Dios Corchero, recién nombrada el pasado mes de enero no ha estado presente en los últimos días en la prisión palmesana. Hasta el próximo martes no está previsto que se reincorpore de nuevo al frente del penal.
